Boletin legal

COMENTARIOS SOBRE JURISPRUDENCIA RECIENTE

En últimos meses, los tribunales han dictado algunas sentencias que por la temática que tratan o por la trascendencia que el sentido de la resolución puede tener en el ámbito laboral, consideramos que merecen ser comentadas.

STSJ Cataluña 04/02/16. Despido disciplinario procedente por transgresión de la buena fe contractual

Intentar forzar el despido para obtener la prestación por desocupación. Que siendo esto así, y evidenciando que los incumplimientos aparecen como consecuencia de la negativa de la empresa a participar de un fraude, es lógico deducir que estos incumplimientos no tienen otra finalidad que la de manifestar el descontento del trabajador y forzar a la empresa, tal y como ha ocurrido, a despedirlo. En el supuesto que nos ocupa, la conducta del trabajador constituye una evidente transgresión de la fe contractual, dado que, con independencia del posible daño económico, si se ha vulnerado la buena fe depositada en él y la lealtad debida, en configurar la falta por ausencia de valores éticos.

 

STSJ Galicia 12/02/16. Despido disciplinario improcedente por la tolerancia de la empresa en libertad de horarios.

Tolerancia por parte de la empresa, desde el inicio de la relación laboral, para la libertad de horario y de jornada de la que disfrutaba una trabajadora dada la existencia de lazos familiares con el empresario. La trabajadora, esposa de un miembro del consejo de administración fue despedida al día siguiente de reformarse la estructura del órgano de administración, quedando su marido fuera del órgano rector. No probado por la empresa que hubiese un acto exprés que rompiese esta costumbre laboral tolerante.

 

STSJ Asturias 25/04/14. Despido disciplinario y procedente por faltas injustificadas de ausencia

Las ausencias del trabajador superan el número de días que la norma convencional considera constitutivos de una falta muy grave. Los incumplimientos empresariales en materia de salarios pueden justificar el ejercicio por el trabajador de una acción de extinción indemnizada del contrato de trabajo pero no desvirtuar el efecto previsto legal y convencionalmente por las faltas de asistencia injustificadas al puesto de trabajo.

 

STSJ País Vasco 17/11/2015 Despido disciplinario improcedente

La inasistencia más o menos prolongada del trabajador no es una cosa que mecánicamente equivalga a una extinción por dimisión sino que se necesitan ausencias que puedan hacerse equivaler a un comportamiento terminante. Prórroga de la excedencia voluntaria. Inexistencia de cese voluntario. No es suficiente con la advertencia expresa por la empresa mediante el envío de una carta en la que declara que en caso de no incorporarse el día fijado, se entenderá que es la trabajadora quien causa baja voluntaria, ante la creencia de tener derecho a una prórroga y la intención de mantener la relación laboral, aunque en situación de suspensión.

ST AN 04/12/2015 Y 19/92/2016. Obligación de la empresa de establecer un sistema de registro de la jornada diaria efectiva.

La empresa debe establecer un sistema de registro que permita comprobar el adecuado cumplimiento de los horarios pactados, tanto en el convenio sectorial como en los pactos de empresa que sean de aplicación, registrando la jornada diaria efectiva, y las horas extraordinarias que, en su caso se puedan realizar, así como que proceda a dar traslado a la representación legal de los trabajadores de la información sobre las horas extraordinarias realizadas, en cómputo mensual. El registro de jornada diaria, con la entrega consiguiente de los resúmenes diarios de jornada a cada trabajador es el presupuesto constitutivo para controlar los excesos de jornada y la empresa debe cumplir lo que dispone el art. 35.5 del ET e implantar un registro diario de jornada.

 

STS 19/01/2016. Naturaleza del plazo de 3 días de incorporación del trabajador cuando la empresa opta por la readmisión.

Se trata de un plazo procesal, no computan ni sábados ni domingos ni festivos. Igual que la jurisprudencia ha declarado la naturaleza procesal del plazo de 10 días del empresario para comunicar la readmisión del trabajador, se debe considerar también procesal y no civil el plazo de 3 días que tiene el trabajador para incorporarse de nuevo a la empresa. Mantiene doctrina contenida en STS 11 des. 1986.

STSJ Madrid 18/12/15. Límites de la movilidad funcional y exceso que comporta modificación sustancial.

Asignación permanente de un puesto de trabajo de inferior categoría mediante la privación de las funciones superiores de inspección y decisión que hasta este momento ejercía. Derecho del trabajador a percibir la indemnización prevista para el despido improcedente cuando la modificación laboral redunde en perjuicio de su formación profesional o en menoscabo de su dignidad. Tal detrimento pasa en los casos en los que el empresario no le encomienda ninguna tarea o cuando le asigna funciones de grupos profesionales inferiores, o le impide la adquisición de conocimientos precisos para su desarrollo profesional.

STS 15/03/2016. Contenido de la carta de despido individual de trabajadores afectados por despido colectivo.

Interpretación de los arts. 53.1 y 54.1 ET, después de la reforma de 2012. Incorporación a la carta de los criterios de selección y de la baremación que al trabajador individual le corresponden. Formalismo innecesario. No es necesario exigir que se comunique de manera individual a los trabajadores aquellos datos que no solamente es razonable suponer que se han conocido materialmente por ellos en el curso de las negociaciones, cuando la decisión extintiva de la empresa se ha adoptado con activa intervención de sus representantes legales que obligadamente deben informarles de las gestiones y de sus resultados.

STS 12/02/2016. Pensión de viudedad de quien se encontraba separado o divorciado del causante. Determinación de pensión compensatoria a los efectos de cumplir con el requisito de acceso a la prestación.

Para el acceso a la pensión de viudedad se requiere para los divorciados-as y/o separados-as que éstos sean acreedores de la pensión compensatoria del artículo 97 del CC –o su equivalente en los ordenamientos de las CCAA- sin que sea exigible que se haya fijado con esta denominación, por lo que será necesario acudir a la verdadera naturaleza de la pensión fijada a cargo del causante, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y con una interpretación finalista de la pensión. En el presente caso se estima que la pensión fijada en la sentencia de divorcio para la “contribución a los cargos del matrimonio y alimentos para la hija menor, la cantidad de 40.000pts / mes y pagos referentes a préstamos, hipotecas y seguros derivados del antiguo hogar familiar” se considera que cumple el requisito de ser acreedor de pensión compensatoria al efecto de generar el derecho a pensión de viudedad.

STS 08/03/2016. Accidente de trabajo por infarto de miocardio. 

La Sala establece que el juego de la presunción exigirá que, de negarse su etiología laboral, se acredite la ruptura del nexo causal, bien porque se trate de enfermedad que por su naturaleza descarte o excluya la acción del trabajo como factor determinante  o desencadenante, bien porque se aduzcan hechos que desvirtúen dicho nexo causal; lo que sucederá con facilidad en los supuestos de enfermedades en las que el trabajo no tiene influencia; pero se hace difícil en los casos de las lesiones cardíacas, que no son extrañas a las causas de carácter laboral. En suma, la presunción no se excluye porque se haya acreditado que el trabajador sufriera la enfermedad con anterioridad, porque lo que se valora es la acción del trabajo en el marco del artículo 115.3 LGSS y no puede quedar excluida solamente por la prueba de que la enfermedad se sufría ya antes; pues, aunque fuera así, es la crisis y no la enfermedad previa la que se debe tener en cuenta al efecto de protección.

Auto juzgado mercantil de Barcelona 01/12/2015. Venda de unidad productiva en un concurso:

Alcance limitado de la subrogación a los contratos en vigor en el momento del traspaso respecto a deudas de la seguridad social: la sucesión de empresas “a efectos laborales y de la seguridad social” solamente se predica respecto de los contratos de trabajo en vigor en los que se subroga el adquiriente, no así respecto de las deudas laborales y de la seguridad social que la concursada pudiera tener frente al resto de trabajadores no subrogados, pues para esto sería necesario que la ley así lo dijera expresamente. Este criterio, que venía adoptando el órgano judicial se mantiene para este caso concreto por razones de seguridad jurídica pero se advierte un cambio de criterio respecto a la competencia del órgano judicial para conocer de esta materia, de manera que después de la STS Sala de lo Social de 29 de octubre de 2014, la competencia para la determinación de la subrogación de las cuotas de la seguridad social se atribuyen a la jurisdicción social, no pudiendo plantear esta cuestión en su mercantil.

Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2016, sobre las deudas de la sociedad de gananciales.

La citada sentencia establece que la sociedad de gananciales no tiene personalidad jurídica, por lo que en sentido estricto no puede contraer deudas. Son los cónyuges los que aparecen como deudores. Ahora bien, si la deuda se ha contraído para satisfacer atenciones de la sociedad, habrán de utilizarse los bienes de ésta para su pago, y en caso de que sea el patrimonio de los cónyuges quien lo haga, tendrá un crédito contra el patrimonio ganancial.

Teniendo en cuenta lo anterior, el art. 1362 CC considera que son gastos o deudas que deben correr a cargo de la sociedad de gananciales los generados por el levantamiento de las cargas de la familia, la administración de bienes comunes y privativos, así como el ejercicio de la profesión y oficio de cada cónyuge.

Y, por otra parte, existen supuestos en que, con independencia de si la obligación ha de imputarse posteriormente en el pasivo de la sociedad o del patrimonio privativo de uno de los cónyuges, los bienes gananciales pueden ser “agredidos” por responder solidariamente, de modo que podrán ser embargados en una ejecución singular o ahora quedar afectados al concurso de uno de los cónyuges. Entre estos supuestos se encuentra el mencionado en el art. 1367 CC, de las deudas contraídas por los dos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el consentimiento expreso del otro. En estos casos, además de responder los bienes privativos de quien contrajo la deuda, pues como deudor está sujeto a la responsabilidad patrimonial prevista por el art. 1911 CC, el art. 1367 CC dispone que ” los bienes gananciales responderán en todo caso”.

Si se trata de un caso como el de la Sentencia, se entiende de aplicación el art. 1362 CC, porque se declara probado que el dinero adeudado fue destinado a una cuenta de disposición común de ambos esposos para la satisfacción de los gastos familiares, entonces resulta irrelevante si el endeudamiento se hizo con el consentimiento o la autorización del otro cónjuge. Lo único relevante es el destino de las cantidades percibidas con las operaciones de crédito, que sean para atender  gastos familiares.

 

 

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2016, sobre desistimiento unilateral del arrendatario del contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda.

En el presente caso, el arrendador reclama la totalidad de las rentas adeudadas desde el momento en que el arrendatario desistió del contrato, hasta la finalización del mismo, y el tribunal estima la demanda en base al derecho del arrendador que le indemnicen el lucro cesante.

La sentencia declara que “para que sea indemnizable el lucro cesante se requiere necesariamente una evaluación basada en la realidad y dotada de cierta consistencia, como tantas veces ha dicho esta Sala, pues es preciso probar que realmente se han dejado de obtener unas ganancias concretas que no han de ser dudosas ni contingentes y que únicamente se puede establecer mediante una presunción de cómo se habrían sucedido los acontecimientos en el caso de no haber tenido lugar el suceso dañoso”.

Los tres grupos de casos que nos podemos encontrar son los siguientes:

  1. Casos en los que existe en el contrato de arrendamiento de local de negocio una cláusula que otorga al arrendatario la facultad de resolver el contrato, quedando obligado a pagar al arrendador una determinada cantidad de dinero (multa penitencial).
  2. Casos en los que dicha cláusula no existe y el arrendatario manifiesta su voluntad de terminar el arrendamiento, pero el arrendador no lo acepta y pide el cumplimiento del contrato, es decir, el pago de las rentas conforme a los vencimientos pactados en el contrato. Es el caso que ahora analizamos.
  3. Casos en los que dicha cláusula tampoco existe pero el arrendatario manifiesta su voluntad de terminar el arrendamiento y el arrendador acepta o acaba por aceptar la resolución del mismo reclamando indemnización de los daños y perjuicios provocados por la resolución.

Nos encontramos ante un caso del grupo segundo, en lo que  lo solicitado y concedido al Arrendador por el Juzgado de Instancia no fue una indemnización sino el pago de las rentas adeudadas, al promover el arrendador, exclusivamente, el cumplimiento del contrato (art. 1124 CC), unido a que no se aceptó la resolución ni se pactó cláusula penal que permitiese la moderación.

Por tanto, procede confirmar la sentencia recurrida dado que se condenó al arrendatario al pago de las rentas que se devengaron hasta el término del contrato y sin que conste que el arrendador volviese a alquilarlo, pronunciamiento coherente con la petición de cumplimiento del contrato.

Ello es así, dado que el arrendador no excede de los límites de la buena fe, pues si el arrendatario vio mermados sus ingresos, también lo debieron ser las posibilidades de obtener un nuevo arrendatario para el arrendador.

En cualquier caso, el arrendatario no probó que el arrendador volviese a arrendar el local o que obstruyese la posibilidad de hacerlo, ya que de ser así, no tendría derecho a la indemnización del lucro cesante valorado en tantas rentas como quedaban hasta el término del contrato.

 

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid, de 7 de abril de 2016, sobre las cláusulas suelo de los créditos hipotecarios.

El Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid ha declarado la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en las condiciones generales de los contratos de préstamo hipotecario suscritos con consumidores por falta de transparencia, y ha condenado a las entidades bancarias demandadas por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (ADICAE) a eliminar las citadas cláusulas de los contratos en que se insertan y a cesar en su utilización de forma no transparente.

Además, la magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid condena a la entidades bancarias demandadas a devolver a los consumidores perjudicados las cantidades indebidamente abonadas en aplicación de las cláusulas declaradas nulas a partir de la fecha de publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, con los intereses que legalmente correspondan. Por último, declara la subsistencia de los contratos de préstamos hipotecarios en vigor suscritos por las entidades bancarias demandadas en los que se hayan incluido las cláusulas cuya utilización se ordena cesar.

La jueza estima que las cláusulas suelo ahora anuladas carecen de transparencia y son por tanto abusivas, al igual que las ya examinadas por el Tribunal Supremo, al insertarse en el condicionado general de los contratos de préstamo hipotecario ofertados a interés variable sin que se resaltase por parte de la entidad bancaria la importancia de la inclusión de la cláusula en la vida económica del contrato, lo que frustraba las expectativas del consumidor, que cuando creía estar contratando un préstamo a interés variable se encontraba sorpresivamente con una cláusula que le impedía beneficiarse de las bajadas del tipo de referencia.

Esta resolución es recurrible en apelación ante la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid -la sección competente en asuntos de naturaleza mercantil- dentro del plazo de veinte días desde su notificación.

 

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Moncada, de 30 de diciembre de 2015, sobre la difamación a través del estado del “Whatsapp”.

El Juzgado ha condenado a un médico a reparar en su estado de Whatsapp el honor de su antiguo socio, después de que hubiera mantenido en este espacio la frase “No te fíes de F.S.O.” durante 4 meses.

La sentencia condena al demandado a difundir durante dos meses en el estado de la cuenta que tiene en esta aplicación la expresión: «Mediante sentencia de fecha 30-12-2015 G.M.P. fue condenado por intromisión ilegítima en el honor de F.S.O.».

Y además, también ha condenado al acusado a indemnizar con 2.000 euros por daños morales al perjudicado, al entender que alojó durante meses en un espacio «de acceso público» una «mera descalificación, que afectó negativamente a la reputación del afectado, la cual es especialmente importante en el espacio de su profesión médica y en el ámbito de la industria de servicios de sanidad».

A juicio del Magistrado, prevaleció una intención de «desprestigio personal» al afectado cuando publicó que no era digno de confianza. «El estado de una cuenta de Whatsapp no es el lugar apropiado para incorporar una frase de este tipo, ya que es un espacio previsto en la aplicación para incorporar información del titular de la cuenta», explica.

En este caso, el juez descarta que el mensaje de Whatsapp investigado se tratara de información puesto que el demandado «no indicó en modo alguno, por ejemplo, que tenía desavenencias» con el otro, y añade que tampoco puede considerarse una crítica al no contener «ninguna valoración razonada de desacuerdo».

 

Sentencia nº 210/2016 del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, de fecha 5 de abril de 2016, sobre el derecho al olvido digital.

El alto tribunal ha condenado a Google Spain por no retirar del buscador los datos personales sobre un antiguo indulto del demandante. Considera que Google Spain es responsable, en el marco de un proceso civil de protección de derechos fundamentales, del tratamiento de los datos personales que indexa el buscador.

Pues bien, según la sentencia, Google Spain incumplió la normativa sobre tratamiento de datos y por tanto debe responder de los daños y perjuicios causados, ya que considera que el tratamiento de los datos personales vinculados con la concesión de un indulto en un buscador generalista de Internet deja de ser lícito una vez transcurrido un plazo razonable desde que se ha concedido el indulto si el afectado ejercita su derecho de oposición.

La sentencia ha resuelto que el tratamiento, en el año 2010, de los datos personales del demandante con relación al indulto que le fue concedido en 1999 por un delito cometido en 1981, en un motor de búsqueda en Internet como es Google, una vez que el afectado requirió la cancelación de dicho tratamiento, debe considerarse ilícito por inadecuado y desproporcionado a la finalidad del tratamiento de los datos, a causa del plazo transcurrido desde que sucedieron los hechos.

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