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ÁREA LABORAL

En los últimos meses, los tribunales han dictado algunas sentencias que por la temática que tratan o por la trascendencia que el sentido de la resolución puede tener en el ámbito laboral, consideramos que merecen ser comentadas.

STJUE 14/03/17 (Asuntos C-188/15 I C-157/15) sobre discriminación por motivos religiosos o convicciones personales

El TJUE se pronuncia sobre dos cuestiones perjudiciales planteadas. El contenido versa sobre la posible discriminación por motivos religiosos o por las convicciones personales de determinados trabajadores. Declaró lo siguiente: (I) La prohibición de llevar pañuelo islámico que proviene de una norma interna de una empresa privada, que prohíbe el uso visible de cualquier símbolo político, filosófico o religioso en el puesto de trabajo, no constituye una discriminación directa por motivos de religión o convicciones en el sentido de la Directiva Europea. (II) No obstante, la normativa interna de una empresa privada puede constituir una discriminación indirecta si se acredita que la obligación ocasiona una desventaja particular a aquellas personas que profesan una religión o tienen unas convicciones determinadas, excepto si se puede justificar objetivamente con una finalidad legítima, como el seguimiento por parte del empresario de un régimen de neutralidad política, filosófica y religiosa en las relaciones con sus clientes, así como que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios, extremos que corresponderá comprobar al tribunal remitente.

STS 31/01/17 i 02/02/17 uso de cámaras de video-vigilancia para justificar el despido

El TS analiza la validez del uso de cámaras de video-vigilancia utilizadas por las empresas para justificar el despido de un trabajador en cada una de las empresas. En el primer supuesto, la empresa se valió del sistema de video-vigilancia instalado en la empresa por razones de seguridad para despedir a un trabajador, alegando la transgresión de la buena fe contractual, fraude, deslealtad y abuso de confianza, ya que el trabajador manipuló varios tiques y hurtó varias cantidades. La sentencia de instancia y la del TSJ de Cataluña entendieron que no debía valorarse la prueba de reproducción de imágenes obtenida con cámaras de video-vigilancia, ya que la misma se había obtenido vulnerando el derecho de protección de datos (art. 18.4 CE). El TSJ recalcó que las imágenes se obtuvieron del sistema de video-vigilancia, del que sólo se informó sobre su ubicación, pero no del uso que se iba a hacer del mismo, y concluyó que la prueba de reproducción de las imágenes obtenidas no tiene ningún valor a efectos de justificar el despido, ya que la empresa no ofreció información previa al trabajador sobre la finalidad y el objetivo de la instalación de estas cámaras. El TS considera que la instalación de cámaras de seguridad era una medida justificativa por razones de seguridad (control de hechos ilícitos imputables a empleados, clientes y terceros, así como rápida detección de siniestros), idónea para el logro de este fin (control de cobros y de la caja en el caso concreto), así como necesaria y proporcionada a la finalidad perseguida, razón por la que estaba justificada la limitación de los derechos fundamentales en juego, más cuando los trabajadores estaban informados de la instalación de cámaras de vigilancia por razones de seguridad y de la ubicación de las mismas. El TS matiza que la finalidad específica de seguridad excluye otro tipo de control laboral que sea ajeno a la seguridad, esto es el de la efectividad en el trabajo, las ausencias en el puesto de trabajo, las conversaciones con compañeros, etc.

En el segundo supuesto (STS 02/02/17) los hechos son análogos, ya que la empresa procedió a la instalación de cámaras de video-vigilancia en la entrada y servicios públicos del gimnasio sin advertir previamente a los trabajadores de que la grabación de las imágenes podría tener hasta disciplinarios. En este caso, el trabajador permitía el acceso al gimnasio de manera dolosa a personas no socias. El TS concluye que se debe admitir la prueba video-grafica, ya que el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el trato de las imágenes que han sido obtenidas a través de las cámaras instaladas en la empresa con la finalidad de seguridad o control laboral, ya que se trata de una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral. Por lo tanto, el consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato que implica el poder de dirección del empresario, al que es inherente el control.

STS 10/01/17 sobre absorción y compensación

La cuestión es determinar si resulta procedente la compensación y absorción de las cantidades percibidas en concepto de complementos pactados expresamente como “compensables y absorbibles” con los incrementos salariales devengados por los conceptos de “promoción profesional” y “antigüedad”. La sentencia hace referencia a la reciente doctrina sobre la flexibilización del requisito de la necesaria homogeneidad con vista a aplicar el mecanismo de la absorción/compensación. El TS considera que un complemento salarial pactado como “mejora voluntaria absorbible” comporta suficiente homogeneidad con el complemento de antigüedad por tratarse ambos de complementos personales, al haberse atribuido en atención a circunstancias propias del trabajador y no del trabajo efectivamente realizado. Por lo tanto, dado que el art. 26.3 ET divide los complementos salariales en tres grupos (condiciones personales, trabajo realizado y situación y resultados de la empresa), la exigencia de homogeneidad se cumpliría con la mera pertenencia de los complementos controvertidos en el mismo grupo de entre los tres citados, ya que, de exigirse una mayor identidad, se anularía en la práctica el mecanismo neutralizador legal y contractualmente previsto.   

SAN 07/11/16. Nulidad de un ERE temporal de suspensión realizado en fraude de ley

La finalidad de la suspensión de contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción es contribuir a superar situaciones coyunturales de las empresas. Constituye un fraude de ley una suspensión que tiene como finalidad dejar de pagar salarios y cotizaciones a la Seguridad Social, endosar estos costes al SEPE y esperar la extinción de los contratos en el marco de un concurso de acreedores, las indemnizaciones corren a cargo del FOGASA. La utilización de la suspensión de los contratos por parte de la empresa cuando ésta ha perdido totalmente su actividad productiva, está fuertemente endeudada, debe salarios y cotizaciones a la S.S. y no tiene medios para hacer frente a sus acreedores, sólo tiene por finalidad dejar de pagar salarios y cotizaciones a la S.S., endosar estos costes al SEPE  y esperar a que el Juzgado Mercantil, una vez admitido el concurso de acreedores, extinga los contratos de trabajo; las indemnizaciones irán a cargo del FOGASA. Por todo esto, se declara la nulidad de la suspensión de los contratos.

STS 18/10/16. Cláusulas de ultraactividad en convenios de empresa

No puede considerarse como cláusula de ultraactividad aquella que establece que en llegar al plazo de vigencia, el convenio prorrogará su contenido mientras duren las negociaciones para un nuevo convenio, ya que acabaría con el fin de las negociaciones. Se declara aplicable el convenio provincial: es de plena aplicación la previsión legal que señala que, transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado uno de nuevo o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contra, vigencia y se aplicará, si hay, el de ámbito superior que fuera de aplicación (ET art. 86.3).

STSJ ASTÚRIES 30/06/16. Garantía de indemnidad. Inversión de la carga de la prueba e indemnización por daños morales y perjuicios sufridos

La alegación de la garantía de indemnidad permite la inversión de la carga de la prueba. En el caso concreto el actor prueba indicios de que su despido se debía a la sostenida defensa realizada de sus derechos laborales, mientras que la empresa no acredita ni la causa del despido, ni que los hechos que le motivaron fuesen ajenos a la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Acreditada tal vulneración, el despido se declara nulo y se reconoce la indemnización por daños morales reclamada por el trabajador al amparo de la normativa procesal. El tribunal aplica como criterio orientador la sanción administrativa establecida en la LISOS para tal infracción empresarial en su cuantía mínima.

ÁREA CIVIL / MERCANTIL

Auto del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2017, sobre la revisión de sentencias  firmes anteriores a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre cláusulas suelo

En Auto de fecha 4 de abril de 2017, el Tribunal Supremo ha resuelto inadmitir el recurso interpuesto por consumidores, para poder revisar la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Torremolinos.

Los particulares en su día formularon una demanda contra el Banco Popular Español S.A. en la que solicitaron que se declarara la nulidad de la cláusula suelo del préstamo hipotecario que habían concertado con ese banco. El Juzgado estimó su pretensión y condenó a la entidad financiera a la devolución de lo indebidamente pagado desde la fecha de publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, que sentó las bases jurisprudenciales sobre las cláusulas suelo. La sentencia devino firme al no ser recurrida por la entidad bancaria, y dicha firmeza fue anterior a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, de 21 de diciembre de 2016.

 Los consumidores presentaron Recurso de revisión, alegando que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 21 de diciembre de 2016, sobre los efectos restitutorios de la nulidad de la cláusula suelo, es un documento que debe permitir la revisión de la sentencia firme anterior en la que sólo se condenó a la entidad bancaria a la restitución de lo indebidamente pagado desde el 9 de mayo de 2013.

La Sala del Supremo indica que no es la primera vez que se plantea la cuestión de los efectos que produce una sentencia del TJUE sobre las sentencias firmes anteriores de los tribunales nacionales, pero sí es la primera vez que se ha planteado con relación a los efectos restitutorios de la nulidad de una cláusula suelo.

 El Tribunal Supremo mediante el Auto de fecha 4-04-2017 ha considerado que, de acuerdo con su jurisprudencia, no es posible obtener la revisión de una sentencia firme por el hecho de que una sentencia posterior establezca una jurisprudencia que sea incompatible con los argumentos que fundamentan el fallo de la sentencia anterior.

 Por otro lado, el ordenamiento jurídico español preserva la firmeza de las sentencias frente a modificaciones posteriores de la jurisprudencia, adoptadas por propia iniciativa del Tribunal Supremo o impuestas por la doctrina sentada en las resoluciones del Tribunal Constitucional, y sólo permite, tras la reciente reforma de la Ley Orgánica 7/2015, la revisión de una sentencia civil firme en ciertos casos excepcionales cuando una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declare que dicha sentencia ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El Tribunal Supremo en el Auto que resuelve no admitir el recurso para la revisión de sentencia firme, ha aplicado la jurisprudencia del TJUE, que reconoce la importancia del principio de cosa juzgada tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales, pues garantiza tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia. La aplicación de los principios de efectividad y equivalencia no determina en estos casos la revisión de las sentencias firmes por el hecho de que con posterioridad se haya dictado una sentencia por el TJUE que siente una doctrina incompatible con la de la sentencia firme del tribunal nacional.

En resumen, el Tribunal Supremo declara que una sentencia del TJUE de fecha posterior a la sentencia cuya revisión se insta no es un documento que permita la revisión de una sentencia firme conforme al art. 510.1.1° de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que ha de prevalecer el efecto de cosa juzgada de la sentencia firme dictada con anterioridad.

Sentencia del Tribunal Supremo nº 210/2017, de 28 de marzo de 2017, sobre la prueba de alcoholemia

El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia (STS núm. 210/2017, de 28 de marzo, que la negativa del conductor a someterse a una segunda prueba de alcoholemia, tras ser requerido para ello por el agente de la autoridad después de haber dado positivo en el primer test, constituye delito del artículo 383 del Código Penal (que castiga con pena de 6 meses a 1 año de prisión la negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de la tasa de alcoholemia).

La sentencia destaca que las dos mediciones de alcohol deben considerarse dos fases de una única prueba, y resalta que la segunda no es sólo garantía de los derechos del conductor, sino también del sistema, por lo que es obligatoria y no potestativa del afectado.

Por ello, el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 9 de Madrid, luego también ratificada por la Audiencia de Madrid, que condenó a un conductor por tres delitos: por la negativa a someterse a una segunda prueba de alcoholemia, a la pena de 6 meses de prisión; por conducir bajo los efectos del alcohol, a pagar una multa de 1.080 euros; y por conducir sin licencia, a multa de 2.160 euros.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron en febrero de 2016 en una carretera de Madrid, cuando el hombre circulaba marcha atrás en una zona de curvas y poca visibilidad. La Guardia Civil le paró, y el hombre accedió a someterse a una primera prueba de alcoholemia con resultado de 1,02 mg/l en sangre, negándose en rotundo a la segunda medición. El acusado presentaba, entre otros síntomas, habla pastosa y titubeante, incoherencias, repetición de frases o ideas, falta de conexión lógica en las expresiones, comportamiento agresivo, insultante, desinhibido y con una deambulación titubeante, incapaz de mantenerse erguido.

Un asunto de estas características ha llegado por primera vez al Supremo con la entrada en vigor del nuevo recurso de casación previsto en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, ya que hasta ahora el recorrido procesal de delitos menos graves, con penas de hasta 5 años de prisión, terminaba en las audiencias provinciales. De esta manera, el Supremo ha podido unificar doctrina en una materia, como es la de si la negativa a una segunda prueba de alcoholemia integra el delito del artículo 383 del Código Penal, penado con entre 6 meses y 1 año de prisión, donde existían sentencias contradictorias de las audiencias provinciales, ya que unas interpretaban que la negativa a la segunda prueba de alcoholemia era delito, y otras no.

El alto tribunal explica que la negativa a la primera medición es muestra de una rebeldía mayor y por tanto podrá merecer una penalidad mayor. Pero esta apreciación no lleva a expulsar del tipo penal lo que también es una negativa pues la prueba no puede realizarse en su integridad cuando el sometido a ella se niega a su segunda fase, sin la que la prueba no se puede considerar finalizada. La Sentencia lo establece así:

No podemos, sin traicionar la voluntad de la norma, convertir en potestativa una medición que inequívocamente aparece concebida como obligatoria. La comparación con la forma en que se regula la eventual extracción de sangre ofrece una conclusión rotunda. Lo que se quiso dejar sujeto a la voluntad del afectado, se consignó expresamente. El mensaje de la regulación es que el afectado está obligado a someterse a esa segunda medición. La interpretación del art. 383 CP no puede retorcer esa clara conclusión desvirtuando ese mensaje y sustituyéndolo por otro que traslade al ciudadano la idea de que esa segunda medición queda a su arbitrio, sin perjuicio de las consecuencias probatorias que puedan derivarse de su negativa”.

Además, el Tribunal Añade que la ley establece cuidadosamente los derechos del sometido a la prueba (análisis de sangre de verificación, necesidad de ser informado, comprobación del transcurso de un tiempo mínimo…). No está entre esos derechos el de no acceder a la segunda espiración, de manera que resulta obligatorio para el conductor realizar también la segunda prueba.

Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2017, sobre la nulidad del pacto comisorio

El pacto comisorio (prohibido por el artículo 1859 del Código Civil), es una garantía atípica que establecía la apropiación directa por el acreedor de la cosa garantizada ante el incumplimiento de la obligación que tiene asumida el deudor. Por ejemplo, en el caso de la hipoteca, permitiría al acreedor hipotecario (normalmente el Banco) que hiciera suyo el bien inmueble sobre el que recae la hipoteca, en caso de incumplimiento total o parcial de la deuda.

En la Sentencia comentada el Tribunal Supremo analiza un préstamo hipotecario que contenía un compromiso unilateral de los deudores hipotecarios, que hacían constar en la escritura de préstamo hipotecario que si, a consecuencia del impago total o parcial del crédito tuviesen que hacerse cargo de este los fiadores solidarios, ellos se comprometen a transmitir a los mismos la finca hipotecada, siendo de su cuenta todos los gastos que con ello se originen, planteándose la resolución, como cuestión de fondo, de la posible validez de dicho compromiso obligacional.

Mientras que la Sentencia de 1.ª Instancia consideraba que tal compromiso constituía un auténtico pacto comisorio, claramente abusivo y prohibido en nuestro derecho, la de la Audiencia Provincial mantiene que se trataba de una obligación asumida libre y voluntariamente por los compradores y que, por tanto, estaban obligados a su cumplimiento. El Tribunal Supremo comparte el pronunciamiento de la sentencia de instancia, y contrariamente a lo mantenido por la Audiencia manifiesta que la configuración de la garantía atípica otorgada en favor de los fiadores reúne los presupuestos del pacto comisorio y, por esta razón, debe ser asimilada a un auténtico pacto comisorio prohibido por la norma, que prevé a su nulidad absoluta, y ello en base a los siguientes argumentos:

  • La disposición de la vivienda a favor de los fiadores operaría automáticamente ante el incumplimiento de los deudores, sin ningún procedimiento objetivable de realización del bien.
  • Con ausencia de un mecanismo de compensación por los gastos ya satisfechos por los deudores hipotecarios, que no reciben ninguna contra-garantía por la disposición efectuada a favor de los fiadores, ya que para la entidad bancaria siguen los deudores respondiendo de las obligaciones que se derivan del préstamo hipotecario.

Sentencia del TJUE de 9 de marzo de 2017, asunto C-398/15, sobre la publicidad de los registros de sociedades

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 9 de marzo de 2017 en el asunto C-398/15, resuelve una petición prejudicial sobre un caso que enfrenta a la Cámara de Comercio de Lecce y al administrador único de una sociedad que aparece registrada en su base de datos como concursada y posteriormente liquidada. El administrador considera que este registro está perjudicándole en su negocio actual, la venta de inmuebles de un complejo urbanístico.

La Corte que conoce del recurso pregunta al Tribunal Europeo si, conforme a la Directiva 95/46/CE, las personas físicas pueden ejercitar su “derecho al olvido” en estos casos y conseguir que se borren o, en su caso, se limite el acceso a datos personales que puedan afectar a su reputación como empresarios.

El TJUE, apoyándose en el principio de seguridad jurídica, concluye que los Estados miembros no pueden garantizar a las personas físicas cuyos datos están inscritos en el registro de sociedades el derecho a obtener, tras un determinado plazo a contar desde la liquidación de la sociedad de que se trate, la supresión de los datos personales que les conciernen.

En 2007, el Sr. Manni, administrador único de una sociedad a la que se adjudicó un contrato para la construcción de un complejo turístico en Italia, interpuso una demanda contra la Cámara de Comercio de Lecce. A su juicio, los inmuebles de dicho complejo no se vendían porque en el registro de sociedades constaba que había sido administrador de otra sociedad, declarada en concurso de acreedores en 1992 y liquidada en 2005.

El Tribunale de Lecce (Tribunal de Lecce, Italia) ordenó a la Cámara de Comercio de Lecce que hiciera anónimos los datos que vinculaban al Sr. Manni con el procedimiento concursal de la primera sociedad y la condenó a indemnizar el perjuicio causado al Sr. Manni. La Corte Suprema di Cassazione (Tribunal de Casación, Italia), que conoce de un recurso de casación interpuesto por la Cámara de Comercio de Lecce contra esta sentencia, ha planteado al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales.

Desea saber si la Directiva relativa a la protección de los datos de las personas físicas (Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995) y la Directiva sobre la publicidad de los actos de las sociedades (Directiva 68/151/CEE, de 9 de marzo de 1968) se oponen a que cualquier persona pueda acceder, sin límite en el tiempo, a los datos relativos a las personas físicas que figuran en el registro de sociedades.

El Tribunal de Justicia señala antes de nada que la publicidad de los registros de sociedades tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica en las relaciones entre las sociedades y los terceros y proteger, en particular, los intereses de los terceros en relación con las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, ya que dichas sociedades sólo ofrecen su patrimonio social como garantía respecto a ellos.

Además, el Tribunal de Justicia observa que pueden producirse situaciones en las que se necesita disponer de datos personales recogidos en el registro de sociedades incluso muchos años después de que una empresa se haya liquidado. En efecto, habida cuenta 1) de la multitud de derechos y relaciones jurídicas que pueden vincular a una sociedad con actores en varios Estados miembros (aun tras su liquidación), y 2) de la heterogeneidad de los plazos de prescripción previstos por las diferentes normativas nacionales, resulta imposible identificar un plazo único a cuya expiración la inscripción de estos datos en el registro y su publicidad ya no sea necesaria.

En estas circunstancias, los Estados miembros no pueden garantizar a las personas físicas cuyos datos están inscritos en el registro de sociedades el derecho a obtener, tras un determinado plazo a contar desde la liquidación de la sociedad de que se trate, la supresión de los datos personales que les conciernen.

El Tribunal de Justicia considera que esta injerencia en los derechos fundamentales de los interesados (concretamente, en el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la protección de datos personales, garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión) no es desproporcionada, en la medida en que 1) en el registro de sociedades sólo está inscrito un número limitado de datos personales, y 2) está justificado que las personas físicas que deciden participar en los intercambios económicos mediante una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, que sólo ofrecen su patrimonio social como garantía respecto a terceros, estén obligadas a hacer públicos los datos relativos a su identidad y a sus funciones dentro de aquéllas.

No obstante, el Tribunal de Justicia no excluye que, en situaciones concretas, razones legítimas relativas propias de la situación particular del interesado puedan justificar, excepcionalmente, que el acceso a los datos personales que le conciernen inscritos en el registro se limite, al expirar un plazo suficientemente largo tras la liquidación de la sociedad de que se trate, a los terceros que justifiquen un interés específico en su consulta. Tal limitación del acceso a los datos personales debe realizarse sobre la base de una apreciación caso por caso. Incumbe a cada Estado miembro decidir si desea establecer esta limitación del acceso en su ordenamiento jurídico.

En el caso de autos, el Tribunal de Justicia considera que el mero hecho de que los inmuebles del complejo turístico no se vendan debido a que los potenciales adquirentes de estos inmuebles tienen acceso a los datos del Sr. Manni recogidos en el registro de sociedades no puede justificar una limitación del acceso de terceros a estos datos, considerando concretamente el interés legítimo de éstos a disponer de esa información.

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