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ÁREA LABORAL

COMENTARIOS SOBRE JURISPRUDENCIA RECIENTE

En los últimos meses, los tribunales han dictado algunas sentencias que por la temática que tratan o por la trascendencia que el sentido de la resolución puede tener en el ámbito laboral, consideramos que merecen ser comentadas.

 

STS 18/04/16. Despido disciplinario

Es posible rectificar mediante auto de aclaración el quantum indemnizatorio establecido en la sentencia que declara el despido improcedente, aunque no se trata de un mero error aritmético sino de un error en la normativa aplicada al respecto, al tratarse de un procedimiento por despido en el que lo que se discute es únicamente su cualificación, siendo la indemnización una simple consecuencia o añadido al pronunciamiento que se insta al órgano jurisdiccional.

STS 04/05/16. Incapacidad permanente

La pérdida total de visión del ojo derecho, y la visión monocular que conlleva, implica el reconocimiento de una IP Parcial para la profesión de abogado.

STS 02/06/16. Procesos de Seguridad Social

A efectos de la valoración de la IP, el órgano judicial no puede tener en cuenta las enfermedades, detectadas con posterioridad a la interposición de la demanda, y alegadas por primera vez en el acto de juicio, por constituir un hecho nuevo que altera sustancial y sorpresivamente la pretensión produciendo indefensión a la contraparte.

STS 09/02/16. Sucesión de empresa

No hay sucesión de empresa cuando se produce la reversión a la Administración del servicio de mantenimiento de centros escolares, no acompañada de transmisión de los medios materiales ni de los recursos humanos necesarios para la realización de esta actividad, que sigue realizándola durante siete meses con sus propios trabajadores y utilizando sus propios utensilios. La asunción de la cometida por parte de la Administración produce una interrupción del fenómeno sucesorio. La posterior adjudicación del servicio a otra empresa no conlleva la obligación de ésta de subrogarse en el personal de la anterior adjudicataria.

SAN 23/06/16. Vacaciones

Por el concepto de incentivo por ventas se debe abonar en vacaciones la media de lo que meritado en los doce últimos meses efectivamente trabajados, excluyendo los meses en que no se prestaron servicios por encontrarse en situación de IT, maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de adopción o acogida.

STS 09/05/16. Incapacidad temporal

La Mutua colaboradora con la Seguridad Social está obligada a anticipar el pago de la prestación de incapacidad temporal correspondiente a los días cuarto a decimoquinto des del inicio de la baja, a cargo de la empresa, cuando ésta sea declarada insolvente, sin perjuicio que pueda repetir el pago contra la empresa responsable.

STS 08/06/16. Retribución de las vacaciones

La retribución de las vacaciones anuales debe incluir todos los conceptos retributivos que integran la retribución ordinaria del trabajador como es el salario base, complementos personales y complementos debidos a las circunstancias del trabajo que siempre son percibidos por los trabajadores individualmente considerados, y sólo es necesario excluir los extraordinarios o los que supongan un doble pago. En el caso debatido, se integran en la retribución de las vacaciones los complementos de “carrera comercial” y el “plus de disponibilidad” por tratarse, el primero de ellos de un complemento fijo y el segundo por su disponibilidad obligatoria para todo el personal que presta servicios en la unidad operativa. Aunque el convenio colectivo puede limitar los elementos salariales que deban retribuir durante las vacaciones no puede excluir aquellos complementos que forman parte de la retribución ordinaria del trabajador.

SAN 08/06/16 Salarios

Es contraria a derecho la implantación de un plan de incentivos que restringe o penaliza el disfrute de los permisos retribuidos reconocidos legal o convencionalmente, que además constituye una discriminación indirecta por razón de sexo al ser las mujeres las que disfrutan mayoritariamente de ellos, o a los trabajadores sancionados por constituir multa de haber (dejar de percibir el incentivo) adicionada a la sanción en sí misma. Por el contrario, el plan de incentivos sí puede penalizar el absentismo por el disfrute de permisos retribuidos, así como las bajas de IT.

SAN 18/05/16.Nulidad de despido colectivo

El objeto del litigio era la impugnación colectiva de un despido colectivo finalizado sin acuerdo, en el que se interesa su nulidad, demandando tanto a la empresa que instó el despido colectivo como a dos empresas del grupo. De los hechos probados se desprende que las tres empresas demandadas poseían una dirección unitaria, existía confusión de plantilla y se habían producido flujos dinerarios y transferencias bancarias entre ellas. Todo esto da lugar a declaración de la existencia de un grupo patológico de empresas.   Consecuentemente, la Audiencia Nacional declara el despido nulo, ya que el empresario no había aportado las Cuentas Anuales de las empresas del grupo y esto implica que no había proporcionado a los representantes de los trabajadores la información suficiente para que éstos pudieran negociar con conocimiento de la situación de la empresa y de las causas que ésta alegaba para proceder al despido colectivo, hecho que ha frustrado, por lo tanto, el período de consultas.

STS 04/05/16. Daños y perjuicios derivados de AATT

El TS considera que, en virtud del art. 576 LEC, los efectos del paso del tiempo en la satisfacción de la obligación de indemnizar implican que a la cifra indemnizatoria finalmente obtenida debe aplicar, desde su devengo en la fecha de consolidación de las secuelas i hasta la sentencia que fija el importe de la indemnización, el interés legal moratorio; y desde la fecha de esta sentencia, los oportunos intereses procesales.

STS 03/05/16. Subrogación convencional

Supuesto de subrogación convencional por sucesión de contratos operada por mandato del Convenio Colectivo. La cuestión es si la nueva empresa se hace cargo de la plantilla en aplicación del Convenio, debe responder o no de las deudas salariales concretas con sus trabajadores por la empresa saliente, teniendo en cuenta que la norma convencional exonera expresamente de esta responsabilidad. El TS entiende que la empresa recurrente se ha hecho cargo del personal que prestaba servicios en la contrata de la empresa saliente, subrogándose en sus relaciones de trabajo tal y como imponía el Convenio. Por lo tanto, entiende que esta situación no es voluntaria y que tiene lugar como consecuencia de la imposición de la norma convencional, entendiéndose que no estamos ante una sucesión de empresa ex art. 44 ET. En consecuencia, se trata de una subrogación convencional, la contratista saliente es la única obligada al pago de los conceptos retributivos por el trabajo realizado antes de la subrogación.

SAN 15/06/16. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo en referencia a la retribución variable

Se analiza un caso donde los objetivos que se debían cumplir por parte de los trabajadores, para que éstos tuvieran derecho a la retribución variable, fueron fijados por la empresa con posterioridad al transcurso del tiempo donde tuvieron que conseguirse. El Tribunal recuerda, que si bien la doctrina jurisprudencial admite que se puede establecer un sistema de retribución variable por objetivos a determinar por la empresa, como objetivos deben ser conocidos por el colectivo de trabajadores afectados con carácter previo, sin que sea posible su comunicación a posteriori a los mismos. En el presente caso ha quedado demostrado que los trabajadores no fueron debidamente informados de los objetivos concretos que debían conseguir para cobrar la retribución variable. Por lo tanto, hay una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sin ninguna causa que lo justifique y esto hace que se estime el derecho a percibir la retribución variable en función a los objetivos fijados para el año previo (que sí eran conocidos).

STS 14/06/16. Condición más beneficiosa

El TS analiza si concurre o no condición más beneficiosa en un supuesto en que, hasta determinada fecha, el empresario otorgaba ayudas económicas a sus empleados sin requerir la aportación de certificados, ni la demostración de la concurrencia de las condiciones necesarias para poder disfrutar de estas ayudas. Considera el hecho de que existiera un comportamiento laxo, no implica que estos requisitos no existieran y debieran quedar debidamente justificadas, ya que en caso contrario, la obtención de estas ayudas quedaría sometida al completo arbitrio. Adicionalmente, el TS afirma que la exigencia empresarial de las justificaciones no puede ser calificada de desproporcionada, ya que es la manifestación de un mecanismo empresarial de control para el ejercicio de este derecho.

ÁREA CIVIL / MERCANTIL

Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, de fecha 21 de julio de 2016, sobre la inconstitucionalidad de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos por considerar que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Las tasas afectadas son sólo las exigidas a las personas jurídicas; la reforma de la ley por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, eximió del pago del tributo a las personas físicas.

El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley, que en sus apartados 1 y 2 establecían las cuotas tributarias fijas y variables de las tasas, por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 24 de la Constitución Española.

Las tasas afectadas son sólo las exigidas a las personas jurídicas, pues la reforma ya realizada de dicha ley mediante el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, eximió del pago del tributo a las personas físicas.

La sentencia es estimatoria parcialmente, por cuanto que considera que el establecimiento de tasas no vulnera en si mismo el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la CE y, por tanto, los fines perseguidos por la Ley son constitucionales, pero sí considera que su cuantía -tanto la fija como la variable- es desproporcionada y puede producir un efecto disuasorio en los ciudadanos e incluso imposibilitar que acudan a los Tribunales.

En su sentencia, el Tribunal Constitucional anula los incisos del art. 7.1 de la ley que prevén las siguientes cuotas fijas:

1) la de 200 euros para interponer el recurso contencioso administrativo abreviado y la de 350 euros para interponer el recurso contencioso administrativo ordinario.

2) la de 800 euros para promover recurso de apelación y de 1.200 euros para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, en el orden civil.

3) la de 800 euros para el recurso de apelación y 1.200 euros para el recurso de casación en cualquiera de sus modalidades, en el orden contencioso-administrativo.

4) así como también la nulidad de la tasa de 500 euros para el recurso de suplicación y 750 para el de casación en cualquiera de sus modalidades, ambos del orden social.

También ha sido declarado inconstitucional el art. 7.2, que impone una cuota variable cuya cuantía será la que resulte de aplicar al valor económico del litigio el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala: de 0 a 1.000.000€, 0,5%; el resto, un tipo porcentual del 0,25. Máximo variable: 10.000€.

El Tribunal aclara que, en virtud del principio de seguridad jurídica, la declaración de nulidad de las tasas sólo producirá efectos “pro futuro”, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos donde no haya recaído una resolución firme, y sobre todo, a partir de la publicación de dicha sentencia en el BOE, lo que aún no se ha producido.

Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2016, sobre la responsabilidad del administrador social, concluyendo que, en caso de más de un administrador,  no pueden ampararse en la actitud u omisiones del otro administrador para justificar su propia inactividad o pasividad

El Tribunal Supremo en dicha sentencia resuelve sobre la responsabilidad concursal del administrador de la sociedad cuando existe más de un administrador.

En el caso analizado, la administración concursal junto con el Ministerio Fiscal solicitaron la calificación de culpabilidad del concurso de una mercantil de la que eran administradores dos socios de la empresa, siendo calificado el concurso como culpable, los socios fueron ambos inhabilitados y condenados al pago, en concepto de daños y perjuicios, de los créditos nacidos a partir de una determinada fecha, que resultaran impagados en todo o en parte.

El recurrente es uno de los administradores sociales, que alega en su recurso que no podía ser declarado persona afectada por la calificación culpable porque quien estaba en disposición de llevar la contabilidad así como solicitar el concurso era el otro administrador, pues es quien tenía la documentación necesaria para ello. El Tribunal Supremo señala que respecto a la declaración de culpabilidad por incumplimiento sustancial de la obligación de llevanza de contabilidad, tipifica una serie de conductas con independencia de si en su realización se ha incurrido en dolo o culpa grave. Y declara que la expresión “en todo caso” del art. 164.2 LC “no admite margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de dolo o culpa grave, pues la culpa grave subyace a la mera realización de la conducta tipificada a continuación, ya que se estima que -cuando menos- constituye una negligencia grave del administrador”.

Al respecto, el alto tribunal considera que el recurrente pretende imponer una concepción meramente formal o aparente del cargo de administrador “que no tiene cabida en nuestro Derecho”.  Y recuerda que el nombramiento de administrador social conlleva una serie de obligaciones, por lo que no puede ampararse en la actitud del otro administrador para excusar su propia pasividad y señala que si tenía la impresión de que le dificultaba el cumplimiento de sus obligaciones, debería haberlo corregido, o en último extremo, haber renunciado al cargo.

Asimismo el Tribunal insiste “la culpa grave a la que se refiere el artículo 164 de la Ley Concursal ya está ínsita en la misma omisión de los deberes contables. Y aplica lo mismo en cuanto al retraso en la solicitud del concurso.

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander, de fecha 20 de abril de 2016, sobre la inclusión en fichero de morosos

El Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander ha condenado a una importante compañía telefónica a abonar 5.000 euros a un cliente cuyos datos personales permanecieron en un fichero de morosos durante cinco años.

En ese periodo, afirma la sentencia que los datos fueron consultados en multitud de ocasiones por parte de compañías de teléfonos, entidades financieras y compañías de seguros, perjudicando al cliente.

 Según el magistrado, “no hay constancia fehaciente de que el requerimiento previo de pago fuera recibido por el demandado” y “tampoco está claro que la cantidad reclamada fuera incontrovertida”.

 Ambas circunstancias han sido decisivas para estimar la demanda, ya que la legislación sobre protección de datos exige una “deuda cierta, vencida y exigible” y un requerimiento previo de pago con advertencia de que de no producirse el pago los datos podrán ser comunicados.

La sentencia recoge cómo en mayo de 2010 la compañía telefónica inscribió al perjudicado en un fichero por el impago de una factura de 269,88 euros correspondiente al mes de abril de ese mismo año.

La factura fue devuelta y entonces la compañía telefónica remitió, según alega, un aviso de pago entregado en la oficina de correos del centro de masivos de Valencia. Acto seguido, inscribió al perjudicado en un registro de morosos.

“Pues bien, aunque sea cierta la existencia de la deuda no hay constancia fehaciente de que el requerimiento previo de pago fuera recibido por el demandado, de forma que quedara advertido de los riesgos que conllevaba el impago”, señala el magistrado.

La compañía telefónica, añade en su sentencia, “se limitó a enviar un aviso de pago al demandado, junto con otros 1.204 similares, y sin comprobar su recepción y sin haber transcurrido ni siquiera un mes desde su envío procede a inscribirle en el fichero de morosos”.

A juicio del magistrado, “esta conducta puede considerarse absolutamente desproporcionada”.

Por otra parte, la sentencia indica que “tampoco está claro que la cantidad reclamada fuera incontrovertida”, dado que el cliente venía abonando “puntualmente” sus consumos y sus cuotas.

Fue la factura de abril en la que se incluían 184,87 euros como pago del compromiso de permanencia la que decidió devolver, comunicando telefónicamente a la compañía su disconformidad por tener que pagar tal penalización.

A juicio del magistrado, en este caso la conducta de la compañía “sugiere el empleo torticero de la cesión de datos como medida de presión dirigida a vencer la legítima resistencia del disidente, en lugar de acudir al remedio natural de la tutela judicial”.

Por todo ello, la sentencia concluye que “la cesión de datos litigiosa constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor del actor” condenando a la compañía telefónica a indemnizar el daño causado, cuantificado en 5.000€.

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