boletin-diciembre

ÁREA LABORAL

COMENTARIOS SOBRE JURISPRUDENCIA RECIENTE

En los últimos meses, los tribunales han dictado algunas sentencias que por la temática que tratan o por la trascendencia que el sentido de la resolución puede tener en el ámbito laboral, consideramos que merecen ser comentadas.

STS 14/06/16. Cómputo como cotizados 112 días por parto a efectos de devengo de determinadas prestaciones

La bonificación de 112 días por parto establecidos en la DA 44 LGSS (actual art. 235 LGSS), a efectos de determinar el periodo de carencia de las pensiones de jubilación e incapacidad permanente se aplican con independencia del lugar donde se haya producido el parto y que el mismo sea anterior al alta de la madre  en el sistema de la Seguridad Social.

STS 18/10/16. Extinción del contrato por modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo

Para que proceda a la extinción del contrato por modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, consistente en una reducción del salario, es necesario acreditar la realidad y entidad del perjuicio causado sin que pueda entender que cualquier reducción del salario presuponga su existencia.

STS 12/09/16. Subrogación empresarial y modificación de condiciones de trabajo

La transmisión de empresa, en ningún caso, puede servir para modificar desfavorablemente las condiciones contractuales de los trabajadores afectados por la subrogación, de aquí que el art. 44.9 del ET se debe interpretar en el sentido de que sólo ampara modificaciones sustanciales de las condiciones contractuales de los trabajadores de la empresa cedente o cesionaria, no afectados por la transmisión, que vayan dirigidas a mantener la ocupación y a garantizar la supervivencia de la empresa que se transfiere, en situaciones de crisis económica. Nulidad de los Acuerdos adoptados por el empresario con la mayoría de la representación de los trabajadores, por los que se procede a modificar las condiciones convencionales y contractuales de los trabajadores afectados por la transmisión.

STS 16/09/16. Indemnización por despido improcedente

En el caso de contratos anteriores al 12 de febrero de 2012 se deben aplicar los límites a la indemnización que establece el apartado 2 de la DT 5ª línea de la Ley 3/2012, de 10 de febrero (actual DT 11ª ET), de manera que superado el límite de 720 días en el primer tramo del cálculo, sin exceder el límite de las 42 mensualidades, la indemnización no puede experimentar ningún incremento por los periodos trabajados con posterioridad al 12 de febrero de 2012.

STS 20/10/16. Despido nulo

Existiendo una sentencia que declara la nulidad de un despido por violación de derechos fundamentales de una profesora de religión vinculada con su ocupadora con un contrato indefinido a tiempo parcial, la falta de llamamiento para que retome la prestación de servicios en el nuevo curso escolar, sin motivar esta decisión, constituye un nuevo despido que se debe calificar como nulo por existir indicios, no desvirtuados, de que la falta de llamamiento se produce como represalia para el ejercicio de las acciones judiciales que desembocaron en el anterior despido.

STS 20/10/16. Equiparación derechos laborales de los padres de hijos nacidos de vientres de alquiler. Derecho a cobrar las prestaciones de maternidad

La Sala IV considera que la atención al menor debe imperar sobre el resto de consideraciones jurídicas. Así pues, poco importa que el contrato de maternidad por sustitución sea nulo de pleno derecho cuando hay un derecho superior del menor. Lo interesante del caso es que esta vez, a diferencia de lo que pasa en ocasiones con ciertos derechos individuales, el Tribunal Supremo no se pronuncia en este sentido forzado por la jurisprudencia comunitaria.  Es necesario notar que el Tribunal de la Unión Europea en sentencia de 18 de marzo de 2014 (asunto C-167/12) había declarado que la Directiva 92/85 / CEE no obliga a los estados miembros a otorgar un permiso de maternidad a una trabajadora que ha tenido un hijo gracias a un convenio de gestación por sustitución “incluso cuando puede amamantar a este niño después de su nacimiento o le amamanta efectivamente”.De este modo, el Tribunal Supremo – a pesar de no estar constreñido por la legislación europea – ha tomado la decisión de reconocer un derecho que no está expresamente recogido en la legislación actual, ya que, de acuerdo con lo que dispone el art. 133 bis de la Ley General de la Seguridad Social, los efectos de la prestación por maternidad únicamente se consideran situaciones protegidas la maternidad, la adopción y la acogida. La gestación subrogada no se corresponde con ninguna de ellas y no obstante, la Sala IV, bajo pena de incurrir en una aparente contradicción con los pronunciamientos de la Sala I, se ha considerado necesario realizar una interpretación amplia del precepto que permita a los padres subrogados acceder a las mismas prestaciones que las que disfrutan los biológicos.

STS 21/04/16: La cesta de Navidad es un derecho adquirido

El  TS en una sentencia considera que es un derecho adquirido que las empresas están obligadas a mantener aunque su situación económica empeore. El Tribunal Supremo (TS) establece que las empresas que han concedido cesta de Navidad a sus empleados de forma continuada están obligadas a mantener este beneficio. Así lo ha dictado el Alto Tribunal en una sentencia, que establece jurisprudencia y modifica la doctrina según la que las empresas no están obligadas a mantener esta cesta porque se trata de un acto de libertad. La nueva sentencia consagra esta retribución incluso si la empresa alega que no puede darla por la situación económica que atraviesa, y lo hace en un caso que afecta a una empresa resultado de la fusión de dos más, cuando una de ellas otorgaba cesta navideña pero la otra no lo hacía. El TS concluye que el beneficio de la cesta de Navidad, si se viene repitiendo en el tiempo, constituye lo que se llama una condición más beneficiosa o derecho adquirido por los trabajadores y se debe respetar. Al tratarse de una concesión de carácter colectivo, su modificación o supresión no se puede realizar unilateralmente, sino a través de un nuevo pacto, como establece el Estatuto de los Trabajadores. Este derecho no se ve afectado por una fusión empresarial.

ÁREA CIVIL / MERCANTIL

Sentencia nº 291/2016 del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Valladolid, de 25 de octubre de 2016, sobre el “Dieselgate” del grupo Volkswagen.

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valladolid falla en favor de un propietario de un vehículo afectado por el problema del software que alteraba las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), condenando a las sociedades Volkswagen Valladolid Wagen y Volkswagen Audi España a pagar una indemnización de 5.006,5 euros por los daños ocasionados al comprador de un vehículo de la marca alemana con un software alterado.

Se trata de la primera sentencia que pierde VW en España, tras cinco a favor en el caso conocido como ‘dieselgate’.

En concreto, el vehículo afectado es un Audi Q5 Quattro, con motor diésel de cuatro cilindros y con una potencia de 177 cv y adquirido en mayo de 2013.

El juez estima esta indemnización considerando que el vehículo, con un precio de venta de 50.000 euros, ha sufrido una depreciación del 10% del valor de compra del coche por la alteración en el software.

Ésta es la sexta sentencia que se emite en España en relación al ‘dieselgate’. De las cinco anteriores, una en Torrelavega (Santander), dos en Valencia, una en Madrid y otra en Zaragoza, todas han sido favorables a Volkswagen.

Desde el grupo alemán han asegurado que van a recurrir el fallo ante la Audiencia Provincial de Valladolid.

 

Sentencia nº 660/2016 del Tribunal Supremo, Sala Civil, de 10 de noviembre de 2016, sobre la resolución de un alquiler de renta antigua en caso de concurso.

El Tribunal Supremo establece en una reciente sentencia que puede resolverse un contrato de arrendamiento de renta antigua (blindado por el régimen de la prórroga forzosa de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964) para conseguir la finalidad perseguida con el concurso de acreedores, que es la satisfacción de los créditos y la continuación de la actividad empresarial del deudor concursado.

El Alto Tribunal legitima que el juez autorice al concursado a que se desligue de la relación contractual. No obstante, ello no supone que se obvien los derechos del arrendatario, pues expresamente se prevé, como un efecto de la resolución, que además de la resolución del contrato, se pueda acordar con cargo a la masa una indemnización de los daños y perjuicios que para el inquilino pueda representar la resolución.

Se concluye que la resolución en interés del concurso no se articula como un derecho dispositivo atribuido por la ley a una de las partes, ya sea el concursado o la administración concursal, sino como una decisión judicial en ausencia de acuerdo entre las partes.

En este caso, el acuerdo entre las partes,  se refiere tanto a la resolución como a sus consecuencias o efectos, que según la Ley son la liquidación de la relación contractual y la indemnización de los daños y perjuicios que la resolución hubiera podido ocasionar a la parte, y deberá satisfacerse con cargo a la masa.

Respecto al incremento de rentas que se supone que se alcanzaría con la resolución del contrato, se determina que debe ser equivalente al perjuicio que la resolución anticipada le ocasiona al arrendatario. Así pues,  la evaluación económica del beneficio que se piensa obtener con la resolución coincidirá con el perjuicio que la resolución ocasiona al arrendatario, que tiene que ser indemnizado con cargo a la masa.

Por lo anterior, el Tribunal Supremo declara la procedencia de la resolución del contrato en interés del concurso  y declara también el derecho de la arrendataria a ser indemnizada por la diferencia entre 4.860,48 € (renta actualizada que pagaba efectivamente la arrendataria) y 48.689,33 € (renta media de un local con las mismas características y ubicación) por los meses que restaran desde la resolución anticipada hasta el término señalado en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Sentencia nº 145/2016 de la Audiencia Provincial de Toledo, Sección Penal, de 30 de septiembre de 2016, sobre la conducción de vehículo sin permiso.

En el  presente caso se enjuiciaba si el hecho concreto de conducir un vehículo sin permiso (nunca lo había obtenido), significaba un ilícito penal, según lo dispuesto en el art. 384 del Código Penal o bien, era únicamente una infracción administrativa, según el art. 65,5, k) del Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Pues bien, la Audiencia Provincial, atendiendo los principios de proporcionalidad y de intervención mínima, y basándose en la amplía jurisprudencia sobre supuestos analógicos al presente, considera que cuando un mismo hecho es sancionado por vía administrativa y también por vía penal, como es el caso, se debe aplicar la vía administrativa, puesto que “el ámbito de la tipicidad penal es distinto y más estrecho que el de las prohibiciones administrativas”.

De modo que establece que únicamente deben tener cabida en la vía penal, aquellas conductas que merezcan distinción de las administrativas y que, por tanto, sean reprochables penalmente por ser de un riesgo superior, como por ejemplo conducción sin permiso y además, poner en grave peligro a terceros.

Por todo ello, únicamente en los casos en que la gravedad de los hechos justifique que el derecho penal reaccione, será posible aplicar la legislación penal, ya que el ordenamiento jurídico reserva la vía penal como último recurso para los casos más graves y cuando otros medios no puedan conseguir el mismo fin que el logrado con la condena penal, puesto que si no se iría en detrimento del principio de legalidad.

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