boletin enero

FISCAL

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, de 03 de diciembre de 2015, que establece que la ausencia de confirmación escrita no invalida la contratación telefónica de un producto financiero.

En dicha Sentencia, el Tribunal Supremo ha interpretado, en relación con la contratación telefónica de un producto financiero celebrado entre una entidad mercantil y el BBVA, los requisitos exigidos en la contratación de productos financieros por vía telefónica contenidos en el Real Decreto 217/2008, en concreto la necesidad de confirmación escrita y las consecuencias de la falta de esta confirmación.

 La sentencia considera que este tipo de contratos se perfeccionan en el momento de la contratación telefónica, cuando concurren la oferta y la aceptación por el cliente, y que los requisitos de registro de grabaciones y de confirmación escrita exigidos por la normativa sirven para acreditar tanto el consentimiento como el objeto del contrato. La ausencia de confirmación escrita, como ocurrió en el caso planteado, no vicia de nulidad al contrato ni puede entenderse como una facultad de desistimiento del cliente.

La interpretación efectuada por la Sala se realiza tras el análisis de la legislación relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a consumidores en los que la facultad de desistimiento del consumidor en el plazo de 14 días está excluida en determinados servicios financieros, entre ellos, los contratos de permuta sobre tipo de interés, como el analizado.

Esta interpretación supone la estimación del recurso de casación del BBVA y la revocación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que había declarado la nulidad del contrato por falta de consentimiento. No obstante esto, se declara válido el consentimiento, pero se mantiene la nulidad del contrato porque el banco no informó, con carácter previo a la contratación, de los costes aproximados de cancelación del contrato.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 25 de noviembre de 2015, que anula por usurario un préstamo al consumo al 24% de interés.

Antes de entrar a analizar lo que establece la sentencia, debemos saber que para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, han de darse los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, sin que sea exigible que haya sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

En el caso concreto, el interés remuneratorio estipulado fue del 24,6% TAE, y por ello, el Tribunal considera que la diferencia entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero». No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, como el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar un interés superior al que puede considerarse normal en el mercado, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la presente.

Dicho carácter usurario del crédito “revolving” concedido por el Banco al demandado conlleva su nulidad, que ha sido calificada por el Tribunal Supremo como radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, de 05-11-2014, que analiza si las entregas de cantidad al otro miembro de la pareja son consideradas jurídicamente como préstamo o donación.

En el caso de autos se determina si unas determinadas entregas de dinero al otro miembro de la pareja, en caso de conflicto y ante la dificultad probatoria del verdadero motivo de la entrega, se trata de un préstamo o una donación (regalo).

La Sala considera que las relaciones de las “parejas de hecho” no comportan el nacimiento automático de una comunidad de bienes ya que cada uno de sus miembros conserva su total independencia frente al otro, no contrayendo entre ellos las obligaciones personales y patrimoniales que nacen del matrimonio.

Quien alegue la existencia de pactos expresos o tácitos reguladores de un régimen económico de la pareja, deberá probarlo.

La Audiencia provincial, en este sentido, nos recuerda que tanto en el contrato de préstamo como el de donación una de las partes entrega a la otra dinero u otra cosa, con la condición de devolverla en el caso del préstamo y gratuitamente en el caso de la donación pura (regalo).

Además nos recuerda que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo el “animus donandi” (intención de realizar una donación) no se presume, siendo necesario probar cumplidamente por quien lo alega el carácter gratuito del negocio de que se trate, debiendo asumir en caso contrario las consecuencias perjudiciales de la falta de prueba de la intención de donar.

Cuando se duda sobre la intención de las partes en un contrato ha de considerarse que la duda deberá de resolverse a favor de la menor transmisión de derechos e intereses, esto es, en éste caso, a favor de su calificación como un contrato de préstamo.

Aplicando esta doctrina al caso enjuiciado, entiende la Audiencia Provincial que, en lo que se refiere a la cantidad entregada al otro miembro de la pareja, no podemos considerar que estemos ante un supuesto de mera liberalidad (regalo) sino ante un préstamo que obliga a quién lo recibió a devolverlo, más los intereses de esta suma desde la demanda.

Por tanto, el carácter gratuito de una entrega de dinero, incluso en el seno de una pareja, no se presume. Si existe esta voluntad de donar hay que dejarla bien definida y, si es posible, incluso por escrito, así evitaremos que en el futuro nos presenten una reclamación de la cantidad percibida, que podrá ser considerada como un préstamo, con la consiguiente obligación de devolverla.

 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid,  de 31-03-2015, sobre la titularidad de los fondos de una cuenta conjunta.

La sentencia trata el caso de un matrimonio casado en régimen de separación de bienes, y que el esposo decide ingresar una cantidad (180.000 euros) resultante de la venta de acciones privadas, en una cuenta conjunta con su esposa en la que ambos tienen facultades de disposición indistintas.

Al fallecer el esposo, su mujer, traspasa 100.000 euros a otra cuenta en la que ella figura, junto con su hija, como únicos titulares.

Al fallecimiento del esposo se tramita un procedimiento de división judicial de patrimonios en el cual los familiares personados pretenden la inclusión en el inventario del causante de la totalidad de los fondos dispuestos por la viuda por considerarse privativos del esposo.

El Juzgado de Primera Instancia admite esta pretensión, pero la viuda, no estando conforme con esta resolución, recurre en apelación ante la Audiencia Provincial (AP).

En esencia, la viuda alega que el haber ingresado el esposo en su día estos fondos en una cuenta conjunta con su esposa implica un “animus donandi” (intención de realizar una donación) por parte de su esposo ya que de lo contrario habría ingresado el dinero en una cuenta que tenía abierta en el banco en la que él figuraba como único titular.

La Audiencia Provincial nos recuerda cual es la doctrina del Tribunal Supremo (TS) respecto a las cuentas conjuntas, que establece que la titularidad conjunta sobre estas cuentas únicamente significa la posibilidad frente al banco de que ambos puedan disponer de los fondos pero sin que ello suponga la existencia de una comunidad de bienes sobre los mismos.

Dice el TS que la propiedad de los fondos es una cuestión que afecta a las relaciones internas entre los cotitulares y que quien pretenda reclamar la propiedad total o parcial de los mismos deberá de acreditar que ostenta la titularidad originaria sobre los fondos depositados.

Nos indica igualmente el Tribunal que el esposo ingresó dicha cantidad en una cuenta de titularidad conjunta en la que además se cargaban los gastos comunes de ambos cónyuges. Todo ello hace pensar, a juicio de la Audiencia Provincial, en el carácter común del dinero o, al menos, la voluntad del esposo de darles el carácter común (animus donandi).

Dice la AP que al no constar a quién pertenecen dichos fondos, se aplicará el artículo 1441 del Código Civil, que indica que “cuando no sea posible acreditar a cuál de los cónyuges pertenece algún bien o derecho, corresponderá a ambos por mitad. “

La AP estima el recurso de la viuda considerándose por lo tanto los fondos de carácter común.

Es un tema a tener muy en cuenta teniendo siempre la máxima precaución a la hora de traspasar fondos a cuentas de titularidad conjunta ya que ello no significa la copropiedad del dinero, debiendo dejar bien clara la voluntad de donar los fondos o, en caso contrario, debiendo poder acreditarse el origen del dinero que será el que afecte, en definitiva, a la titularidad del mismo.

 

NOVEDADES LEGISLATIVAS DE INTERÉS

Decreto Ley 3/2015, de 6 de octubre, de modificación de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativa a la creación del Registro de parejas estables

Dado que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha considerado un medio útil y suficiente para acreditar la existencia de la pareja de hecho (con el fin de poder recibir dichas prestaciones de viudedad) su inscripción, con determinadas condiciones y plazos, en un registro específico creado por la Comunidad Autónoma o el municipio de residencia de la pareja, se aprueba esta norma, para subsanar la carencia de la legislación de Cataluña en cuanto a la creación del registro de parejas estables.

Incorpora una disposición adicional a la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, a fin de crear el Registro de parejas estables, a efectos de publicidad.

El Registro queda adscrito al Departamento de Justicia, como competente en materia de Derecho Civil.

En este Registro se inscriben las escrituras públicas de constitución de las parejas estables, sus modificaciones y, en su caso, su extinción, así como las actas de notoriedad relativas a la duración de los dos años ininterrumpidos de convivencia y las relativas a la existencia de un hijo en común, para acreditar la existencia de pareja estable.

La organización, el funcionamiento y la publicidad del Registro de parejas estables dispone que se establecerá reglamentariamente.

 

COMENTARIOS SOBRE JURISPRUDENCIA RECIENTE

En los últimos meses, los tribunales han dictado algunas sentencias que por la temática que tratan o por la trascendencia que el sentido de la resolución puede tener en el ámbito laboral, consideramos que merecen ser comentadas.

STSJ Murcia 26/10/05: Despido procedente de un trabajador por rellenar los partes de trabajo de un compañero.

La sentencia considera probado que el trabajador encargado de un grupo (cuadrilla), suplantó, de forma totalmente consciente, voluntaria y reiterada, la identidad de uno de los trabajadores, también despedido por los mismos hechos y que no ha impugnado la resolución, sustituyéndolo por otro trabajador, (familiar), sin avisar a la empresa ni comunicarlo a nadie.

STSJ Madrid 10/06/15: Abandono o dimisión de la trabajadora

Extinción de contrato por dimisión. La sentencia reconoce inexistencia de despido. La trabajadora manifestó que no quería trabajar a para la empresa, despidiéndose de la compañeras y abandonando el centro de trabajo, comunicando a la encargada de zona mediante “WhatsApp” su intención de no volver al trabajo.

Por lo tanto, se manifiesta de forma terminante, clara e inequívoca, la voluntad de romper la relación laboral por parte de la trabajadora.

ST TJUE 09/07/15. Asunto C-229/14: Despido colectivo. Definición de trabajador a los efectos de cómputo de los límites

El artículo 1 apartado 1 a) de la Directiva 98/59 debe interpretarse en el sentido que se debe considerar que tiene la condición de trabajador a los efectos de esta disposición, “una persona que realiza una actividad práctica en una empresa, como trabajo en prácticas, para adquirir conocimiento o profundizar en estos, o para seguir una formación profesional, sin percibir una retribución de la empresa pero si una ayuda económica del organismo público encargado de fomentar el trabajo para esta actividad, reconocida por este organismo”.

Es necesario interpretar el artículo 1 apartado 1 a) de la Directiva 98/59 en el sentido de que se opone a una normativa o práctica nacional que no tiene en cómputo, en el cálculo del número de trabajadores ocupados, a un miembro de la dirección de una sociedad de capital, que ejerce su actividad bajo la dirección y el control de otro órgano de la sociedad, que percibe una retribución a cambio de su actividad y no tienen ninguna participación en la sociedad.

STS 11/06/14 Unificación de doctrina. Conceptuación de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial

Cuando un trabajador contratado a tiempo parcial realiza efectivamente una jornada superior a la pactada, y este exceso no puede ser cualificado como tiempo u hora “complementaria”, ya sea, bien porque no se discute, bien porque no se han cumplido los requisitos previstos, todo lo que supere en esta materia el contenido del pacto, constituyen horas extraordinarias y como tal deben ser retribuidas, al margen o con independencia de la prohibición legal de hacerlas.

ST TJUE 17/12/15. Despido discriminatorio

El artículo 25 de la Directiva 2006/54, relativa a la aplicación del Principio de Igualdad de Oportunidades e Igualdad en el trato entre hombres y mujeres en asuntos de trabajo y ocupación, no prevé que el juez pueda condenar, por si mismo, a la empresa al abono de daños punitivos, juntamente con los previstos en la normativa legal.

Este precepto obliga a los Estados a incluir en su ordenamiento jurídico interno, las medidas necesarias para el abono de una indemnización que cubra íntegramente el perjuicio causado.

STJSJ Cataluña 06/11/15. Enfermedad profesional

El síndrome del túnel carpiano sufrido por una limpiadora debe cualificarse derivado de Enfermedad Profesional, aunque esta no se encuentre incluida en el listado de actividades susceptibles de producir la enfermedad.

STS 15/07/15. Inaplicación de convenios colectivos

No es admisible que, en el momento de la solicitud ante la CCNCC (Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos), la empresa altere la propuesta de inaplicación, ya que esto supondría una vulneración del deber de buena fe.

No obstante, puede entenderse que no existe una alteración, cuando la empresa disminuye la propuesta inicialmente planteada, sin existir un cambio de objeto.

STS 16/09/15. Condición más beneficiosa. Pausa para el bocadillo

El disfrute del descanso o “pausa para café o bocadillo”, computado como tiempo de trabajo efectivo, sin exigir a los trabajadores su recuperación, constituye una condición más beneficiosa que no puede modificarse unilateralmente por la empresa, sino que para poder hacerlo, es necesario acudir a la vía de las modificaciones sustancial de las condiciones de trabajo.

El TS afirma que la “pausa para café o bocadillo” no disfrutada comporta un exceso sobre la jornada habitual ordinariamente exigible que debe ser retribuida con una compensación adicional, pero no como hora extra.

La Sala IV del TS ha estimado un recurso de ADIF, contra la sentencia del AN que estableció que los períodos de descanso para refrigerio (de entre 20 y 30 minutos) que no pueden disfrutarse por el trabajador, debían considerarse como horas extras, dado que aumentaban la jornada ordinaria de trabajo de los trabajadores que no los disfrutaban.

En su sentencia, el TS explica que el tiempo para bocadillo no disfrutado comporta un exceso sobre la jornada habitual ordinariamente exigible, y por lo tanto, debe ser retribuido “no solamente con la remuneración propia del tiempo efectivo de trabajo y a través del pactado salario mensual, sino también con la cantidad adicional prevista para este supuesto específico en la normativa convencional aplicable”.

En el caso de ADIF, es la normativa laboral de RENFE, que en su artículo 197 prevé una compensación para los trabajadores que no disfruten de este descanso.

No obstante, el TS discrepa del AN, y señala que este exceso no puede ser cualificado ni retribuido como hora extraordinaria en sentido estricto, dado que ya se encuentra incluido y retribuido en la jornada anual colectivamente pactada (1720/1728 horas).

Es decir, que se trata de un periodo de descanso no disfrutado, pero que entra dentro del tiempo máximo de trabajo que se ha pactado.

Por lo tanto, le corresponde, a parte de la retribución ordinaria incorporada en el salario mensual (por tener la pausa para el bocadillo la consideración de tiempo efectivo de trabajo), una retribución complementaria, pero que no es jornada extra.

Por este motivo, el TS revoca la sentencia del AN y desestima la demanda de conflicto colectivo planteada por UGT.

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