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ÁREA LABORAL

COMENTARIOS SOBRE JURISPRUDENCIA RECIENTE

En los últimos meses, los tribunales han dictado algunas sentencias que por la temática que tratan o por la trascendencia que el sentido de la resolución puede tener en el ámbito laboral, consideramos que merecen ser comentadas.

STS 04/10/16. Cesión ilegal e inadecuación del proceso especial de conflicto colectivo

El proceso especial de conflicto colectivo no es el adecuado, en general, para solucionar las controversias relacionadas con la cesión ilegal de los trabajadores, ya que sería necesaria una valoración de los hechos singulares en relación con las condiciones específicas en las que se realiza la prestación del trabajo en cada caso.

STS 16/11/16. Trabajador extranjero al que no le renuevan el permiso de trabajo y despido

Despido improcedente. El trabajador extranjero al que no le renuevan el permiso de trabajo. El empresario no puede fundamentar el despido en el art. 49.1 b) ET, ya que no se puede entender que sea una condición implícitamente consignada en el contrato. La verdad es que dada la imposibilidad de readmisión por la situación irregular del extranjero, solamente es necesario el abono de la indemnización.

 

SAN 11/07/16. Nulidad de un ERTE realizado en fraude de ley

La finalidad de la suspensión de contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción es contribuir a superar situaciones coyunturales de las empresas. Constituye un fraude de ley una suspensión que tiene como finalidad dejar de pagar salarios y cotizaciones a la Seguridad Social, endosar estos costes al SEPE y esperar la extinción de los contratos en el marco de un concurso de acreedores, las indemnizaciones corren a cargo del FOGASA.

 

STS 01/12/16. Comunicación de las nóminas a través de soporte informático

Es ajustada a derecho la decisión de la empresa de comunicar a los trabajadores la nómina a través de soporte informático. Transportes unidos de Asturias SL. se interesa se declare nula la decisión de la empresa de comunicar a los trabajadores la nómina a través de soporte informático, en lugar de soporte papel, como se había hecho siempre. El nuevo sistema consiste en la inclusión de las nóminas en la cuenta personal de cada trabajador, a la que pueden acceder mediante un terminal informático situado al lado de los buzones – en los que antes se depositaba la nómina papel – por lo que deben introducir su DNI y su clave de acceso personal. Se rectifica doctrina de la STS de 22/12/11, casación 3/2011.

STS 20/07/16. Despido procedente por amortización del puesto de trabajo

Amortización del puesto de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. No se acredita la existencia de vacantes de la misma categoría profesional de Analista Programador en el momento del despido. Imposibilidad de encargar al recurrente las tareas propias de la categoría por falta o insuficiencia de proyectos contratados.

STS 12/07/16 Caducidad de la acción por despido

Transcurso del plazo de veinte días hábiles. Apreciación de la excepción de caducidad de la acción de despido ejercitada por el trabajador en la ampliación de la demanda contra la empresa que se ha subrogado en los contratos de los trabajadores de la anterior empresa que se declara en fase de liquidación. El error en la identidad del empresario por parte del trabajador, que permite ampliar la demanda no ha quedado justificado, en constar que el trabajador conocía cual era la empresa para la que prestaba servicios.   

STS 07/07/16: Inexistencia de despido

Trabajadores miembros de una misma familia y socios cooperativistas de una entidad contratada para prestar servicios de animación sociocultural en un centro municipal, con sucesivas prórrogas hasta que se convoca un nuevo concurso resuelto con adjudicación a otra empresa, que no se hace cargo de aquellas. Falta transmisión de un conjunto organizado de personas y elementos para el ejercicio de una actividad económica, habiéndose producido la finalización de la contrata adjudicada conforme al pliego de condiciones, en el que no se imponía ninguna obligación de subrogación a la empresa entrante. Falta de contradicción entre las sentencias comparadas.

STS 30/06/16: Despido objetivo y error excusable en el cálculo de la indemnización

El bono por objetivos abonado el anterior año, pero correspondiente al penúltimo, debe ser incluido en la cuantía de la indemnización. La diferencia de la cuantía entre la indemnización entregada por la empresa y la que corresponde, se debe a la complexidad jurídica derivada de la manera en la que se acredita y se abona el incentivo. Por lo tanto, el despido es procedente, pero con derechos al cobro de la diferencia indemnizatoria correspondiente al bono mencionado.

STS 28/06/16: Despido objetivo por causas económicas (disminución general de ingresos)

Con la vigencia del RDL 3/2012 es suficiente con acreditar la disminución de ingresos durante tres meses consecutivos.

STS 28/09/16: Extinción del subsidio de paro por percepción de rentas

El incremento esporádico de rentas por la venta de unas acciones supuso la extinción del subsidio de paro para mayores de 55 años (entonces 52) y no la suspensión, al no haber comunicado, inmediatamente al SEPE su percepción, aunque la hiciera constar después en la declaración IRPF presentada el año siguiente. La consecuencia jurídica de la falta de comunicación al SEPE de un incremento o ingreso en el patrimonio del beneficiario es la de extinción del subsidio de paro, aunque estas rentas se declaren con posterioridad al efecto del IRPF.

STJ Cataluña 13/05/16: Acoso sexual y moral

Incumplimiento grave y culpable: integridad física. Si bien no se aprecia la existencia de acoso sexual o moral, pero concurren los presupuestos necesarios para que opere la extinción de la relación laboral por voluntad del trabajador por incumplimiento grave del empresario en la medida que no ha dado a la trabajadora una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo que garantizara su integridad física, según prevé la normativa aplicable.

STS 29/09/16: Jurisdicción competente en caso de reclamación de costes por asistencia sanitaria

El pago corresponde a la mutua colaboradora. El orden jurisdiccional social es el competente para conocer de las controversias que afectan a las reclamaciones por gastos generados por la asistencia sanitaria prestada por un tercer a un trabajador/beneficiario que había sufrido un AATT i de los que son responsables la Mutua aseguradora.

STC 15/11/16: Consignación para recorrer en suplicación de empresa en concurso

El reconocimiento, para los administradores concursales, de las cantidades objeto de condena como créditos contingentes, no constituye garantía alternativa a la consignación. El aval emitido por una entidad de crédito sí constituye en términos constitucionales, tal garantía.

STS 22/09/16: Prioridad del convenio sectorial sobre el de ámbito inferior al de la empresa

El convenio impugnado se circunscribe a las relaciones laborales de los trabajadores de una comunidad autónoma concreta y, ya que la empresa desarrolla actividad y presta servicios en otras zonas del territorio nacional, no puede calificarse de convenio de empresa.

SAN 10/11/16: Retribución de vacaciones en el VI convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes

Complementos de actividad. La retribución de vacaciones se debe integrar con la media de lo que se ha percibido regular y habitualmente por los trabajadores sin que se puedan exceptuar con carácter general, tal y como se recoge en el convenio, el pago de complementos de actividad porque, tiene declarada la jurisprudencia que la retribución de las vacaciones debe comprender todos los conceptos salariales (retribución normal o media) obtenida por el trabajador en la época de actividad, cosa que va de acuerdo a su finalidad: garantizar el disfrute efectivo del derecho a vacaciones mediante la continuidad de la percepción de la renta del trabajo habitual; en su término medio.

ÁREA CIVIL / MERCANTIL

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 21 de diciembre de 2016,  sobre la retroactividad de la devolución de los importes pagados por las cláusulas suelo.

El Tribunal Supremo, mediante Sentencia de 9 de mayo de 2013, a raíz de una acción colectiva ejercitada por una asociación de consumidores contra varias entidades bancarias, estableció que determinadas cláusulas suelo eran abusivas, por no haber superado el control de transparencia material exigible en las cláusulas de los contratos suscritos con consumidores y, por ello, las declaraba nulas, condenando a las entidades bancarias a dejar de aplicar dichas cláusulas, así como a devolver lo abonado indebidamente en concepto de dichas cláusulas nulas a partir de la fecha de la sentencia (9-05-2013).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 21 de diciembre de 2016, ha analizado dicha limitación de la retroactividad, llegando a la conclusión que no se ajusta al derecho comunitario la limitación de la retroactividad establecida por el Tribunal Supremo, ya que según el TJUE: “Tal limitación da lugar a una protección de los consumidores incompleta e insuficiente, por lo que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas. (…) la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, equivale a privar con carácter general a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria sobre la base de la cláusula suelo durante el período anterior al 9 de mayo de 2013.”

Por todo ello, el TSJUE establece que no es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de lo pagado por el consumidor, de modo que si una cláusula es declarada nula, lo es desde el origen, y se deberán restituir al consumidor todas las cantidades abonadas indebidamente en virtud de dicha cláusula nula, sin límite de tiempo.

 

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Oviedo, de 9 de diciembre de 2016, sobre la cláusula que impone al prestatario consumidor todos los gastos de formalización de una hipoteca.

El Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Oviedo, mediante sentencia de fecha de 9 de diciembre de 2016 ha estimado parcialmente la demanda de un particular, en la que se pretendía, entre otras, la nulidad de la cláusula impuesta por la entidad bancaria en la que se le obliga a asumir al consumidor todos los gastos de formalización de una hipoteca.

La clausula declarada nula recogía la obligación del prestatario de abonar los costes de “todos los gastos futuros, o pendientes de pago por aranceles notariales y registrales relativos a la constitución (incluidos los de la primera copia de la presente escritura para la prestamista y en su caso los derivados de los documentos acreditativos de las disposiciones), modificación o cancelación de la hipoteca, incluidas las comisiones y gastos del otorgamiento de la carta de pago”, así como “todos los gastos futuros, o pendientes de pago por gastos de gestoría por la tramitación de la escritura ante el Registro de la Propiedad”.

Una vez declaradas nulas la cláusulas que “imponen al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato como consecuencia de la intervención notarial y registral y el pago de los tributos en los que el sujeto pasivo es el banco, como sucede en determinados hechos imponibles del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados”, ya que generan un desequilibrio y, por tanto, se consideran abusivas de acuerdo con el artículo 89 de la Ley 1/2007, de 16 de noviembre, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, condena a la entidad bancaria a reintegrar todo lo que abonó el demandante para satisfacer dichas obligaciones contractuales.

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Jaén, de 4 de noviembre 2016, sobre las cláusulas suelo contenida en hipoteca concedida a persona jurídica.

El Juzgado de Primera Instancia de Jaén en su sentencia declaró la nulidad de una cláusula suelo inserida en un préstamo hipotecario concedido por una entidad financiera a una empresa.

En la sentencia se considera acreditado que la entidad financiera no ha probado que la hipoteca fuera negociada y que las condiciones no fueran predispuestas por la entidad financiera y considera que, aunque se trate de un adherente no consumidor, es decir, una empresa, cabe el control jurisdiccional de la cláusula.

En este sentido, es cierto que no cabe el control cualificado o control de transparencia que exige que las cláusulas ofrezcan suficiente información para que el consumidor pueda conocer la onerosidad que para él supone el contrato celebrado, pero sí es posible el control de inclusión y también su examen al amparo de la legislación civil y mercantil y por lo tanto bajo el prisma de la buena fe que proclaman tanto el artículo 1258 del Código Civil como el artículo 57 del Código de Comercio.

La cláusula suelo contenida era la siguiente: “No obstante la variación que aquí se pacta para el tipo de interés inicial, en ningún caso el tipo de interés aplicable al préstamo no podrá ser superior al DIECISÉIS POR CIENTO ni INFERIOR al CUATRO POR CIENTO”.

Además, en la sentencia se sostiene que la cláusula en cuestión no supera el control de inclusión porque no expresa con claridad que no se contrata a un tipo de interés variable sino a un interés a tipo fijo mínimo y variable al alza con un techo, y se insiste en que la redacción del clausulado no es clara, es extensa, y utiliza muchas fórmulas de difícil comprensión.

Por todo ello, la cláusula significa un desequilibrio notable entre los derechos y obligaciones de las partes fijados en el contrato, y afecta al objeto principal del contrato, al precio, frustrando las legítimas expectativas de los prestatarios que lo firman con la convicción que es un préstamo a interés variable cuando es un préstamo a un interés fijo mínimo.

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