boletin febrer

Sentencias del Tribunal Supremo nºs 350 y 351, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18 de febrero de 2016, que anulan las decisiones del Consejo de Ministros que denegaron la devolución del “céntimo sanitario” solicitada por dos empresas de transporte.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en sus respectivas sentencias nº 350 y 351, ambas de 18 de febrero de 2016, obliga a la Administración General del Estado a devolver todas las cantidades que abonaron las empresas de transportes durante la vigencia del “Céntimo Sanitario”, al concluir que cuando entró en vigor el citado impuesto (2002), las autoridades españolas eran conscientes, o deberían haberlo sido, de que no se ajustaba a la directiva comunitaria.

El impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos, más conocido como “céntimo sanitario” se creó mediante la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y tras diversas modificaciones, se derogó, con efectos de 1 de enero de 2013, mediante Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

Las empresas de transportes recurrentes impugnaron los Acuerdos del Consejo de Ministros de 27 de febrero y 30 de marzo de 2015, que desestimaron las reclamaciones formuladas por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, debido a los daños derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos.

La reclamación económica presentada por las empresas recurrentes se fundamentaba en la responsabilidad patrimonial por el incumplimiento del Derecho comunitario, declarada por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2014.

En definitiva, el Tribunal Supremo ha estimado las pretensiones de las empresas de transportes, y ha condenado a la Administración General del Estado, que deberá indemnizar a dichas empresas en la cantidad resultante de la aplicación de las siguientes bases:

A) La suma de todas las cantidades abonadas durante la vigencia del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos contrario al Derecho de la Unión Europea, y reclamadas en el recurso contencioso administrativo (ejercicios 2002 a 2009).
B) La cantidad anterior podrá verse minorada con las cantidades que, en el momento de efectuarse el pago de la indemnización por responsabilidad, las recurrentes ya hubieran percibido, por devolución de ingresos indebidos, tramo estatal o autonómico, respecto de ese mismo impuesto contrario al Derecho de la Unión Europea y ejercicios.
D) Se abonarán los intereses legales de la cantidad reclamada desde el día de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de la sentencia.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 22 de diciembre de 2015, sobre las exigencias del principio de calidad de los datos en el tratamiento de datos personales en los ficheros de datos personales de incumplimiento de obligaciones dinerarias.

El Tribunal Supremo, como ya tiene establecido en su extensa jurisprudencia sobre la vulneración del derecho al honor como consecuencia de la inclusión de los datos personales en un fichero de incumplimiento de obligaciones dinerarias (fichero de morosos) sin respetar las exigencias derivadas de la normativa de Protección de Datos Personales, concretamente los arts. 38 y 39 del Reglamento que desarrolla la LOPD, así como el artículo 29 de la propia LOPD, los cuales exigen que los datos personales recogidos para su tratamiento sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, y además, exige para la inclusión de dichos datos en los ficheros de morosos (que únicamente reflejan la solvencia), la existencia de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada, y que se haya requerido de pago al deudor, informándole que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, más conocido como fichero de morosos.

Por tanto, de acuerdo con los artículos citados, es necesario que la deuda además de ser cierta, vencida y exigible que se haya practicado el previo requerimiento de pago. Lo que lleva a determinar que no cabe la inclusión de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio, bastando para ello que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza.

Así las cosas, si la deuda es objeto de controversia, porque el titular de los datos considera legítimamente que no debe lo que se le reclama y la cuestión está sometida a decisión judicial o arbitral, la falta de pago no es indicativa de la insolvencia del afectado, y por tanto, no procede la inclusión en un fichero de morosos, puesto que éstos no tienen por finalidad la simple constatación de las deudas, sino la solvencia patrimonial de los afectados.

Por ello, establece el Tribunal Supremo que solo es pertinente la inclusión en estos ficheros de aquellos deudores que no pueden o no quieren, de modo no justificado, pagar sus deudas, pero no aquellos que legítimamente están discutiendo con el acreedor la existencia y cuantía de la deuda, recordando lo establecido por el propio Tribunal Supremo en su sentencia de 6 de marzo de 2013: «La inclusión en los registros de morosos no puede ser utilizada por las grandes empresas para buscar obtener el cobro de las cantidades que estiman pertinentes, amparándose en el temor al descrédito personal y menoscabo de su prestigio profesional y a la denegación del acceso al sistema crediticio que supone aparecer en un fichero de morosos, evitando con tal práctica los gastos que conllevaría la iniciación del correspondiente procedimiento judicial, muchas veces superior al importe de las deudas que reclaman.

En conclusión, el alto tribunal establece que si no se han respetado todas las exigencias comentadas, representa una vulneración del derecho al honor, que faculta al afectado a reclamar una indemnización por los daños morales y materiales que haya sufrido como consecuencia de la indebida inclusión de sus datos personales en un registro de morosos.

Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, pleno, de 3 de febrero de 2016, que establecen la nulidad de la adquisición de acciones de BANKIA a través de su Oferta Pública de Suscripción.

Esta sentencia del Tribunal Supremo declara con rotundidad lo que ya habían avanzado las Audiencias Provinciales, la notoriedad sobre la falsa solvencia de Bankia, las irregularidades de su salida a bolsa, que llevaron a la necesaria suspensión de cotización y la urgente recapitalización que hubo de realizarse, como no, con dinero público. Lo que lleva a la conclusión ineludible de la falsedad del folleto.

En resumen, se concluye por el Tribunal Supremo que ni la información ofrecida ni la consignada en el folleto reflejaban la imagen fiel de la entidad, cuya falta de veracidad llevó a los inversores a crearse una imagen errónea sobre las características básicas del producto ofertado y les movió a una adquisición que no hubieran realizado de haber conocido la realidad económica subyacente.

BANKIA por su parte, ha comunicado sobre el proceso que inicia para devolver toda la inversión a los accionistas minoristas que acudieron a la salida a Bolsa, del que resaltamos una breves notas: se pueden adherir los inversores minoristas, aunque estén inmersos en cualquier iniciativa, judicial o extrajudicial, de reclamación a la entidad.

Una vez restituida la inversión, si el accionista había interpuesto demanda firmará un acuerdo por el que desiste del proceso. Bankia dice tener la total certidumbre de que los pequeños inversores que acudieron a la Oferta Pública de Subscripción, recuperarán el 100% de la inversión más los intereses compensatorios y de que ahorrarán tiempo en la obtención de la restitución y reducirán costes para conseguirla, además de evitar las dilaciones del proceso judicial.

El plazo de adhesión a este proceso se iniciaba el 18 de febrero, y se extenderá por tres meses, plazo que la entidad considera suficiente para gestionar todos los casos.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 27ª, de 24 de noviembre de 2015, que se pronuncia sobre la aportación de mensajes de WhatsApp en juicio y su valoración por los Tribunales.

La Audiencia Provincial de Madrid, en su Sentencia de 24 de noviembre de 2015, resolviendo un proceso penal en el que se discute sobre la comisión o no de un delito de amenazas, se ha pronunciado sobre la aportación de mensajes de WhatsApp en juicio y su valoración por parte del Juzgador.

Ya en la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2015, que también trataba el tema probatorio de los mensajes de WhatsApp, concluía que “ hay que tener mucho cuidado con este tipo de prueba, al ser manipulable. Por tanto, desplaza su carga a la parte que se ve favorecida por esta, debiendo acreditar su autenticidad mediante la práctica de una prueba pericial”.

La resolución de la AP de Madrid parte de la misma premisa que la del Tribunal Supremo: hay que tener cautela a la hora de interpretarla, puesto que es manipulable. Eso sí, sin que esto suponga su exclusión de este tipo de prueba documental, que puede ser aportada tanto en soporte papel como en electrónico.

Sentado esto, la novedad que aporta esta resolución es que establece dos elementos a tener en cuenta para apreciar los efectos del riesgo de manipulación en el caso concreto:

1.º Se deberá tener en cuenta la valoración del conjunto de las pruebas practicadas en relación con los mensajes de WhatsApp.

En el caso concreto valorado por la Audiencia Provincial de Madrid, se tienen en cuenta las siguientes pruebas:

a. La declaración en juicio de la denunciante.
b. El acta de cotejo por el Letrado de la Administración de Justicia de los mensajes del teléfono cuya transcripción ha sido aportada por el denunciante, puesto que la actuación del Letrado otorga fe pública sobre el contenido del teléfono móvil en el momento en el que se realiza el cotejo.
c. La declaración del acusado.

2.º Se atenderá a la postura procesal de las partes a lo largo del proceso judicial, tanto de quien ha aportado los mensajes como de la defensa del acusado.

Volviendo al supuesto de hecho de la Sentencia, el Tribunal entiende que, aunque el acusado impugnase los mensajes alegando la existencia de manipulación, la denunciante aportó el terminal móvil, y no solo la transcripción de los mensajes, lo que ayuda a que se hubiera podido practicar alguna prueba sobre la autenticidad e integridad de la información contenida en dicho dispositivo.

El hecho de aportar el propio teléfono para que fuesen examinados todos los mensajes es un hecho relevante que ayuda al Tribunal a tener en cuenta el contenido, ya que el acusado se limita a referir que no se han aportado la totalidad de los mensajes, sino solamente una parte, pero no los facilita.

Por tanto, y valorados los dos elementos, el Tribunal decide tener en cuenta los mensajes aportados, puesto que la valoración de todas las pruebas practicadas, junto con la actuación de las partes, hacen concluir que el acusado amenazó a la denunciante a través de los mensajes enviados por la aplicación WhatsApp.

En conclusión, esta nueva resolución da una nueva vuelta de tuerca, ya que introduce dos aspectos más a tener en cuenta a la hora de aportar mensajes de WhatsApp en un procedimiento judicial: la valoración conjunta de todas las pruebas y la postura procesal de las partes.

NOVEDADES LEGISLATIVAS DE INTERÉS:

Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

Esta norma, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2016, establece el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que se aplicará únicamente a los accidentes de circulación que se produzcan tras su entrada en vigor.
Su objetivo es conseguir que las indemnizaciones sean más acordes a la situación de la víctima, incorporando en el cálculo las circunstancias personales, familiares, laborales o profesionales de las víctimas y perjudicados.
No obstante esto, la importancia de este nuevo baremo no se limita al ámbito de los accidentes de tráfico, pues, como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, este baremo es también aplicable, con carácter orientativo, a otros supuestos de daños indemnizables sufridos por las personas, como son los accidentes de trabajo y los daños sufridos por mala praxis médica.
La principal novedad de la nueva regulación del baremo, se centra en el aumento de la protección de las víctimas, elevando hasta en un 50% de media la cuantía de la indemnización en el caso de fallecimiento, e incorporando en la cobertura los gastos derivados de nuevos perjuicios como los importes médicos futuros, ciertos gastos de rehabilitación o necesidades de recambio de prótesis de lesionados graves.
Como novedad también, excepcionalmente, los familiares de víctimas fallecidas o de grandes lesionados tienen derecho al resarcimiento durante un máximo de 6 meses de los gastos de tratamiento médico y psicológico que precisen debidos a las alteraciones psíquicas que les haya causado el accidente.
En su conjunto, la nueva ley permite incrementar la protección a las víctimas de accidentes de circulación mediante la rápida resolución de los conflictos y la garantía de una indemnización suficiente.
El criterio de actualización anual del sistema indemnizatorio se establece en relación al índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado por ser el que más se aproxima a sus principios y características.

COMENTARIOS SOBRE JURISPRUDENCIA RECIENTE
En los últimos meses, los tribunales han dictado algunas sentencias que por la temática que tratan o por la trascendencia que el sentido de la resolución puede tener en el ámbito laboral, consideramos que merecen ser comentadas.

STSJ Canarias 18/02/15. Pacto de no competencia post contractual

Requisitos para la validez y licitud del pacto de no competencia después de extinción de la relación laboral, cuando supone una restricción de la libertad de trabajo consagrado en la Constitución. Presuposición para que proceda la devolución de la cantidad e indemnización a la empresa. En el caso, existía efectivo interés industrial y comercial de la empresa en asegurar que el trabajador no se vinculara durante un tiempo a la empresa de la competencia, pero la escasa cantidad de 115€ brutos mensuales, pactados en contrato como contrapartida, no cumplen el requisito de constituir una compensación económica adecuada, por ser insuficiente y escasa, para poder exigir al demandado que no trabaje durante dos años en una actividad concurrente. Se trata de cláusula abusiva, y en consecuencia nula. Acción de devolución que prescribe al año.

STSJ Extremadura 13/01/15. Comunicación verbal de la política de prohibición de internet para usos particulares

No hay norma legal, tampoco norma convencional o pacto individual que obligara en el caso concreto al empresario a comunicar por escrito su prohibición de uso de los medios facilitados a los trabajadores con finalidades privadas. La prohibición puede quedar acreditada por cualquier medio probatorio, como sucede en este caso en que la comunicación verbal reiterada del empresario, que advirtió también de posibles controles, fue corroborada por los compañeros del trabajador despedido y por un representante sindical.

STC AP Madrid 27/04/15. Uso de correos confidenciales de la empresa como medio de defensa ante un despido

Los datos revelados relativos a planes de negocio de la empresa, no encajan como reservados, personales, confidenciales o propios de la intimidad a la que se refiere el tipo. Los hechos tampoco son constitutivos de revelación de secretos de empresa, en todas las modalidades comisivas recogidas, dado que los datos en cuestión no suponen un ataque contra la confidencialidad de la empresa que afecte a su capacidad competitiva, es decir, no tienen la virtualidad para perjudicarla, con más motivo, si se tiene en cuenta la finalidad de su uso, que no era otra que la declaración de improcedencia de un despido.

STSJC Castilla y León 03/12/15. Acceso a la prestación de jubilación anticipada de un trabajador de 61 años despido por causas objetivas (organizativas y productivas)

El trabajador demandó a la empresa por despido improcedente y consiguió su reconocimiento en un acto de conciliación, habiendo percibido una indemnización mayor a la establecida en el artículo 53 ET. El hecho de que la empresa reconozca la improcedencia cese en el acto de conciliación – que podría ser por defectos formales – no presume sin más la inexistencia de causa ni se acredita la existencia de fraude de ley.

STS 23/09/15. Despido colectivo nulo

La comunicación expresa a los representantes legales de los trabajadores sobre la decisión final de despido que adopta la empresa, cuando el periodo de consultas acaba sin acuerdo, es un requisito esencial, la omisión comporta la nulidad del despido.

STJSJ Madrid 11/12/15. Pensión de jubilación de trabajadores que mantienen la actividad laboral cumplidos los 65 años

La base reguladora de la pensión de jubilación de un trabajador que en cumplir los 65 años de edad mantiene la misma actividad laboral pero encuadrado en el RETA como consecuencia de la participación ostentada en el capital social de la empresa, se calcula teniendo en cuenta, en el periodo exento de cotización, las bases de cotización efectuadas en el Régimen General con anterioridad al cumplimiento de los 65 años de edad, y no las bases mínimas del RETA.

STS 20/01/16. Pensión de viudedad para mujer separada víctima de violencia de género

La condición de víctima de violencia de género en el momento de la separación judicial o divorcio se puede acreditar por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, sin que sea exigible que esta situación quede avalada por los medios contemplados en la LO 1/2004. A estos efectos se considera que la mera denuncia por actos constitutivos de violencia de género, seguida de sentencia absolutoria por retirada de la misma, no constituye una prueba plena de su existencia, pero sí puede constituir indicio suficiente para su acreditación si se encuentran otra serie de circunstancias que lo refuercen como es el hecho de que en la sentencia de separación se constate la desatención del marido del sostenimiento de la economía familiar y la existencia de una posterior sentencia condenatoria por amenazas al hijo en la que comparezca la madre como denunciante.

STS 06/11/15. Pérdida de vigencia anticipada del convenio colectivo de empresa

Las partes legitimadas para negociar un convenio colectivo estatutario en un determinado ámbito pueden modificar o dejar sin vigor anticipadamente el convenio estatutario anterior del mismo ámbito, aunque el convenio colectivo anterior estuviera aún vigente. En estos casos no hay superposición de convenios, sino sucesión en virtud del principio de modernidad normativa y el nuevo convenio puede contener una regulación más desfavorable de las condiciones de trabajo que el convenio anterior siempre que no se aplique retroactivamente.

STSJ Extremadura 29/12/15. Revisión del grado de incapacidad permanente

Habiéndose reconocido por sentencia una incapacidad permanente parcial la fecha de la que se debe partir para el cómputo de las 24 mensualidades al efecto de la incompatibilidad con la pensión de incapacidad permanente total reconocida con posterioridad debe ser la de la resolución de la entidad gestora que la denegó y no la de la sentencia que la reconoció.

STSJ Madrid 14/11/15. Trabajadores fijos discontinuos

Cuando los trabajadores cesan en la prestación de servicios y son dados de baja un viernes, debe abonar el salario correspondiente al sábado y domingo, que son de descanso generado durante la semana.

STS 23/09/15. Pérdida de vigencia del convenio colectivo

Existiendo un convenio colectivo sectorial de ámbito superior que no regula todas las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo denunciado, la pérdida de la vigencia de este en fase de ultra actividad, determina que, excepto en las materias reguladas en aquel convenio colectivo, se siguen aplicando a los trabajadores vinculados a la empresa en el momento de la pérdida de vigencia, las otras condiciones de trabajo establecidas en el convenio colectivo denunciado, por lo que pueden ser modificadas por vía del art, 41 ET.

STS 03/11/15. Comité intercentros

La constitución del comité intercentros se debe hacer respetando el principio de proporcionalidad que establece el art. 63.3 ET, que debe prevalecer frente a la regulación convencional cuando esta no respeta este principio i esto al margen que el convenio colectivo no se hubiera impugnado.

STSJ Catalunya 19/11/15. Despido nulo

Si bien la prohibición de despido del art. 10 Directiva 92/85 no se extiende a la fase anterior al embarazo en los supuestos de fecundación in vitro, el despido puede ser discriminatorio si viene motivado por el simple hecho de que la trabajadora se someta a este tratamiento. A estos efectos se considera que la ausencia de una causa que justifique el despido, unida al hecho de que la empresa conociera que la trabajadora se había sometido a un tratamiento de fertilidad son los elementos determinantes para calificar el despido como nulo.

STS 24/11/15. Discriminación salarial

Es nula la cláusula del convenio colectivo que establece un nivel retributivo inferior para los trabajadores de nuevo ingreso, menores de 35 años, durante tres años, condicionado a la pervivencia de la situación de crisis económica, ya que la tasa de paro supera el 15% (SEPE) ya que estas circunstancias no son suficientes para justificar la doble.

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