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ÁREA LABORAL

COMENTARIOS SOBRE JURISPRUDENCIA RECIENTE

En los últimos meses, los tribunales han dictado algunas sentencias que por la temática que tratan o por la trascendencia que el sentido de la resolución puede tener en el ámbito laboral, consideramos que merecen ser comentadas.

STJUE 01/12/16. Incapacidad temporal de larga duración y concepto de discapacidad a efectos discriminatorios

Se considera discriminatorio el despido de un trabajador en IT por AATT donde la duración es incierta, lo que lleva a incluir esta situación dentro del concepto de discapacidad en el sentido de ser una limitación de larga duración. Así, es importante que no haya una perspectiva bien delimitada en lo que se refiere a su finalización a corto plazo, o lo que esta incapacidad pueda prolongar significativamente antes del restablecimiento de la persona, por lo que se tiene que basar en todos los elementos objetivos de los que disponga (documentos y certificados, redactados según los conocimientos y datos médicos y científicos actuales).

STS 09/06/16. Imposición de condiciones laborales perjudiciales

El TS absuelve del delito contra los derechos de los trabajadores. La situación objetiva de necesidad para dar lugar al tipo penal del art. 311,1 CO 95 requiere otro componente atribuible al sujeto activo que es que éste abuse de esta situación del sujeto pasivo. Y abusar quiere decir aprovecharse de forma excesiva de una persona, o de una facultad o cualidad de alguien en beneficio propio. La acción no es penalmente relevante si las condiciones son pactadas sin decir ni engaño ni esta situación.

STS 26/10/16. Despido verbal. Finalización contrato obra o servicio determinado. Condición de fijo discontinuo

El TS sostiene que las previsiones establecidas en el convenio colectivo no agotan las posibilidades para que un trabajador pueda adquirir la condición de fijo discontinuo, ya que, de conformidad con lo que dispone la norma estatutaria, será también trabajador de esta naturaleza el que realice trabajos con carácter de fijos discontinuos y no se repitan en fechas ciertas dentro del volumen de actividad de la empresa; esto con independencia del número de jornadas que realice anualmente, porque es el carácter de necesidad reiterada y permanente en el tiempo de la actividad contratada lo que determina la presencia de la modalidad contractual.

STS16/11/16. Delegados de prevención

Las garantías establecidas en el art. 68 ET, incluida por lo tanto la del crédito horario, es extensible a todos los delegados de prevención: tanto a los designados por los representantes de los trabajadores como de los designados por los mecanismos previstos en el convenio colectivo que no son miembros de la representación unitaria.

SJS Nº 33 Barcelona. Despido nulo

Es discriminatorio por razón de discapacidad el despido de un trabajador en situación de IT por AATT, producido a los 53 días de la baja médica, en el momento presentaba una “limitación de la capacidad duradera e incierta” por lo que se refiere a su restablecimiento (lo que pasó a los diez meses del accidente), al ser esta prolongada situación de incapacidad el único motivo del despido. Considera que el despido afecta a otros derechos fundamentales recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como son: derecho a la protección en caso de despido injustificado (art. 30); derecho a la integridad física y psíquica de la persona; derecho a trabajar y ejercer una profesión libremente elegida o aceptada (art. 31.1) o el derecho a la protección de la salud.

ATC núm 187/16 de 15/11 Infracciones y sanciones administrativas a perceptores de prestaciones por paro

El art. 47.1b) de la LISOS, que sanciona con la extinción del subsidio por paro por infracción grave consistente en no comunicar, excepto causa justificada, las bajas en la prestación en el momento en que se produzcan situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos para su percepción (prevista en el art. 25.3 del mismo texto legal) no vulnera el principio de proporcionalidad de las sanciones administrativas al no incurrir en patente exceso o derroche inútil de coacción, estando incluida esta tipificación dentro del amplio margen de apreciación de la doctrina constitucional reconoce en este punto al legislador.

STS 16/11/16 Extinción del contrato de trabajo

La falta de renovación de la autorización por trabajador en España no es causa de extinción válidamente consignada en el contrato, sino una causa objetiva legalmente establecida

STS 30/11/16: Pensión de jubilación contributiva

Apreciado el fraude en el incremento de las bases de cotización, los efectos de calcular la base reguladora de la prestación, se deben tomar como referencia de tales bases las tablas salariales previstas en el convenio correspondiente por el trabajo realmente ocupado, y de acuerdo con las cuales la empresa estaba legalmente obligada a cotizar.

STS 11/10/16. Negociación colectiva

Vulnera el derecho a la libertad en su vertiente de negociación colectiva, la empresa que negocia un Plan de Bajas Voluntarias Incentivadas a través de pactos individuales masivos en lugar de hacerlo de forma colectiva, con los sindicatos a la representación legal de los trabajadores, estando expresamente recogida en convenio la obligación de negociar cualquier proceso de reordenación o restructuración de plantilla.

STS 02/12/16: Proceso por despido

El proceso ordinario es el adecuado para reclamar la indemnización derivada de un despido cuando esta no se cuestiona o deriva de unos parámetros de cálculo sobre los que no hay discrepancia. Cuando se discuta la propia existencia de la indemnización o los elementos básicos para la determinación de importe o la propia naturaleza de la indemnización debida o la validez de las cláusulas contractuales que resulten determinantes para la configuración de la indemnización, el único procedimiento adecuado es el de despido.

STS 21/12/16: Sucesión de empresa y modificación de condiciones de trabajo del personal subrogado

Para que sea admisible la modificación de condiciones de trabajo del personal subrogado, el periodo de consultas se debe haber iniciado con posterioridad a la subrogación, una vez integrada la nueva plantilla a la empresa cesionaria, existiendo por lo tanto la posibilidad de que esta plantilla esté representada a la negociación y sin que a la modificación se le pueda dar efectos retroactivos.

STS 02/12/16: Denuncia de convenio colectivo

Legitimación: los sujetos colectivos pueden denunciarlo si poseen legitimación inicial en el momento de hacerlo: la legitimación plena si es imprescindible para promover la renegociación del nuevo convenio; denuncia del convenio y promoción de la nueva negociación son actos diversos, aunque pueden desplegarse de manera simultánea.

STS 01/12/16: Recibos de salarios

Teniendo en cuenta los avances tecnológicos a los que se han adaptado las empresas, es válida la entrega del recibo del salario a través de los medios informáticos puestos a disposición de los trabajadores que les permite visualizar e imprimir después de introducir su número de DNI y clave de acceso personal, obteniendo así la nómina en modelo similar al que se venía dando en soporte papel.

STS 04/10/16: Proceso de conflicto colectivo

Con carácter general, el procedimiento de conflicto colectivo no es adecuado para declarar la existencia de una cesión ilegal de trabajadores ya que, para resolver la controversia se requiere el análisis de una serie de elementos y circunstancias fácticas individualizadas de los trabajadores afectados.  El TC ampara a una mujer a la que no se le dio la opción de mejorar sus condiciones laborales por encontrarse de baja por embarazo de riesgo. El Tribunal afirma que la empresa tuvo que avisar a su empleada de la posibilidad de cambiar de puesto y, al no hacerlo, lesionó su derecho a no ser discriminada por razón de sexo (art. 14 CE), ya que la causa de la baja deriva de la condición de mujer.  El TS considera discriminatorio no computar la baja maternal a efectos de retribución de incentivos. La baja por parto y por riesgo durante el embarazo afectan de manera exclusiva a las mujeres por razón de su sexo. Las trabajadoras “ven alteradas sus retribuciones en su reincorporación” La Sala IV, ha establecido que es discriminatoria y contraria a derecho “la práctica empresarial que consiste en computar como ausencias la baja maternal así como la baja por riesgo de embarazo al efecto de días productivos por tener derecho a las retribuciones de variados incentivos.”

ÁREA CIVIL / MERCANTIL

Sentencia del Tribunal Constitucional, de 16 de febrero de 2017,  sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como ‘plusvalía municipal’)

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 3 de Donostia en relación con varios artículos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

El Tribunal considera que el citado impuesto es contrario al principio de capacidad económica, previsto en el art. 31.1 CE. La norma cuestionada establece un impuesto sobre la plusvalía de los terrenos de naturaleza urbana, impuesto que se devenga en el momento en que se produce la venta del bien y que se calcula de forma objetiva a partir de su valor catastral y de los años (entre un mínimo de uno y un máximo de veinte) durante los que el propietario ha sido titular del mismo.

 La sentencia recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los principios del art. 31.1 CE y reitera que “en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial“. Es decir, no podrá crear impuestos que afecten a “aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia“. Insiste además en que el principio de capacidad económica no sólo se predica del sistema tributario en su conjunto, sino que debe estar presente en cada concreto impuesto, en tanto que presupuesto mismo de la tributación.

La sentencia analiza los preceptos cuestionados y concluye que establecen una ficción de incremento de valor que, además, impide al particular toda prueba en contrario. Ello es así porque el aumento del valor del suelo se determina mediante la aplicación automática de los coeficientes previstos en la norma al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión. Por lo tanto, la mera titularidad de un terreno durante un determinado período temporal produce, en todo caso y de forma automática, un incremento de su valor. La fórmula prevista en la norma para calcular el impuesto provoca que éste deba pagarse igualmente en aquellos supuestos en los que el valor de los terrenos no se ha incrementado, o incluso ha disminuido, una circunstancia esta última no poco frecuente como consecuencia de la crisis.

La sentencia considera que esta consecuencia “carece de toda justificación razonable en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, se están sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza en el art. 31.1“.

El Tribunal declara parcialmente inconstitucionales y nulos los preceptos cuestionados; esto es, “únicamente cuando sometan a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a los contribuyentes acreditar que no se produjo efectivamente un incremento de valor“. Corresponde por tanto al legislador, a partir de la publicación de la sentencia, llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones del régimen legal del impuesto que permitan no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de febrero de 2017,  sobre la publicación de una fotografía de una persona sacada de su cuenta de Facebook.

El Pleno de la Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que publicar en un periódico la fotografía de una persona sacada de su cuenta de Facebook exige su consentimiento expreso, ya que lo contrario supone una intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen. El alto tribunal condena a “La Opinión de Zamora” a indemnizar con 15.000 euros a un hombre del que publicó en portada, en su edición en papel, una fotografía obtenida de su cuenta de Facebook, que ilustraba una noticia de sucesos en el que el hombre había resultado herido. Asimismo, el diario es condenado a no volver a publicar la foto en ningún soporte y a retirarla de cuantos ejemplares se hallen en sus archivos.

En su sentencia el Tribunal establece “Que en la cuenta abierta en una red social en Internet, el titular del perfil haya “subido” una fotografía suya que sea accesible al público en general, no autoriza a un tercero a reproducirla en un medio de comunicación sin el consentimiento del titular, porque tal actuación no puede considerarse una consecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes en un perfil público de una red social en Internet. La finalidad de una cuenta abierta en una red social en Internet es la comunicación de su titular con terceros y la posibilidad de que esos terceros puedan tener acceso al contenido de esa cuenta e interactuar con su titular, pero no que pueda publicarse la imagen del titular de la cuenta en un medio de comunicación”, señala el Supremo.

Agrega que “el consentimiento del titular de la imagen para que el público en general, o un determinado número de personas, pueda ver su fotografía en un blog o en una cuenta abierta en la web de una red social no conlleva la autorización para hacer uso de esa fotografía y publicarla o divulgarla de una forma distinta, pues no constituye el «consentimiento expreso» que prevé el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982 (de protección de derecho al honor y la propia imagen) como excluyente de la ilicitud de la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona. Aunque este precepto legal, en la interpretación dada por la jurisprudencia, no requiere que sea un consentimiento formal (por ejemplo, dado por escrito), sí exige que se trate de un consentimiento inequívoco, como el que se deduce de actos o conductas de inequívoca significación, no ambiguas ni dudosas”.

La sentencia, de la que ha sido el magistrado Rafael Sarazá Jimena, prosigue: “Tener una cuenta o perfil en una red social en Internet, en la que cualquier persona puede acceder a la fotografía del titular de esa cuenta, supone que el acceso a esa fotografía por parte de terceros es lícito, pues está autorizada por el titular de la imagen. Supone incluso que el titular de la cuenta no puede formular reclamación contra la empresa que presta los servicios de la plataforma electrónica donde opera la red social porque un tercero haya accedido a esa fotografía cuyo acceso, valga la redundancia, era público. Pero no supone que quede excluida del ámbito protegido por el derecho a la propia imagen la facultad de impedir la publicación de su imagen por parte de terceros, que siguen necesitando del consentimiento expreso del titular para poder publicar su imagen”.

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