boletin julio

ÁREA LABORAL

COMENTARIOS SOBRE JURISPRUDENCIA RECIENTE

En los últimos meses, los tribunales han dictado algunas sentencias que por la temática que tratan o por la trascendencia que el sentido de la resolución puede tener en el ámbito laboral, consideramos que merecen ser comentadas.

STSJ Galicia 31/03/16. Diferencia entre las becas y los contratos de trabajo

Estudiante que accede a las listas para la cobertura de las bolsas de apoyo a la Universidad. Existe relación laboral, ya que los servicios prestados, de apoyo al aula de informática, están totalmente desconectados de los estudios que cursa, relativos al Grado de Administración y Dirección de Empresas. Hay una aportación de trabajo, con sujeción a un horario y con una contraprestación dineraria. Por eso, la beca es un medio fraudulento de contratación, aunque disfrutara de flexibilidad horaria o su descanso anual coincidiera con sus vacaciones escolares. Despido improcedente.

STSJ Castilla y León 23/02/16. Pensión de viudedad

Reconocimiento a la cónyuge superviviente separada, a pesar de la falta de establecimiento de pensión compensatoria, por ser víctima de violencia de género, situación que se acredita mediante denuncia interpuesta por maltratos ante la Policía, informes médicos y el testigo del hijo mayor, quien estuvo sometido a tratamiento psicológico a causa de la problemática familiar. Esto supone que aplicando el antes transcrito apartado del artículo 174.2 del TRLGSS, tenga derecho a la pensión de viudedad que reclama, aunque no hubiesen pactado los cónyuges pensión compensatoria en su momento y hayan transcurrido más de diez años entre la separación judicial y la muerte del causante.

ST TC 14/04/16. Responsabilidad por la actuación de un piquete informativo violento o intimidatorio

Por lo tanto, en estas circunstancias, se debe concluir que la imputación al recurrente de la responsabilidad civil por los  daños materiales consistentes en el lucro cesante derivado del cierre del local no vulnera su derecho a huelga, ya que, en este supuesto, la conducta dañina considerada no solamente está fuera de la esfera de tutela del mencionado derecho fundamental, sino que, además, se atribuye como “acto propio” del demandante de empara.

STS 18/02/16. Accidente de trabajo. Indemnización por daños y perjuicios. Reclamación de personalidad a la entidad aseguradora transcurrido el plazo de vigencia de la póliza

La obligación de comunicación del riesgo surge desde el momento en que se produce el accidente independientemente que sus consecuencias dañinas se manifiesten con posterioridad-daños diferidos o escalonados-. Es lícito delimitar el riesgo asegurado a los siniestros ocurridos durante la vigencia del contrato, la reclamación se notifique fehacientemente durante la vigencia de la póliza o hasta a dos años después de su finalización.

STSJ Cantabria 01/04/16. Extinción de la prestación por desocupación por salir del territorio español más de 15 días y no comunicarlo al SEPE

La reforma operada por RDL 11/2013 permite suspender la prestación cuando el beneficiario permanezca en el extranjero hasta un periodo de 90 días o traslade su residencia durante un periodo inferior a 12 meses, pero en ambos casos debe comunicarse y autorizarse por la entidad gestora. Sin este trámite, puede extinguir la prestación.

STS 22/01/16. Derecho a la trabajadora a percibir el subsidio maternal con contrato extinguido por despido declarado nulo

Prestación a cargo del INSS. La trabajadora despedida, durante la tramitación del proceso de despido, puede adquirir con efectos retroactivos la situación de asimilación al alta, en caso de improcedencia o nulidad sobrevenidas del despido acordado. Por este motivo, en este supuesto, la entidad gestora por un lado perciba las cotizaciones correspondientes a los salarios de tramitación, y por otro lado quede obligada al abono de subsidio maternal.

STC TC 11/04/16. Efectos en la condición representativa por cierre de centro de trabajo y traslado de la actividad a otro centro

No existe vulneración del derecho a la libertad sindical cuando se produce la pérdida de la condición representativa, como consecuencia del cierre del centro de trabajo y del traslado de la actividad a otro centro, sin transmisión de la titularidad a otra unidad productiva de la misma empresa que no cuenta con representación legal constituida.

STS 14/04/16. Externalización y sucesión empresarial

La transmisión de una actividad concreta, perfectamente diferenciable, efectuada transmitiendo los medios materiales y personales con los que se venía haciendo, medios de ocupación de los que queda atribuido en exclusiva a la cesionaria, constituye una actividad económica que mantiene su identidad y por lo tanto un caso de sucesión empresarial. El sindicato recurrente plantea que el área externalizada no constituía un área ya existente, sino que había sido artificialmente creada poco tiempo antes, con movilidad de trabajadores de otras áreas, y no había llegado a funcionar de manera autónoma. Por eso, teniendo en cuenta la necesidad que la unidad segregada pueda seguir operando con autonomía para que haya sucesión, consideran que la transmisión está viciada.

STS 29/03/16. Posibilidad de plantear reclamación previa ulterior transcurrido el primer plazo de 30 días y mientras el derecho continúe vivo

Dejar transcurrir el plazo de 30 días sin presentar la reclamación previa, respecto a la reclamación de prestaciones, no afecta el derecho subjetivo. Por lo tanto, si no ha transcurrido el plazo de inscripción, continua subsistente y puede volver a plantear una nueva reclamación previa y proceder por vía judicial.

STSJ Galícia 22/12/15. Extinción por causas objetivas. Ausentismo laboral. La enfermedad como factor de discriminación

Se considera nulo por discriminatorio por razón de discapacidad un despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo de una trabajadora que sufre una patología lumbar discapacitante que provocó algunas de las bajas esgrimidas por la empresa para justificar el despido. Aún más cuando se considera que hay una discriminación indirecta por motivos de discapacidad, en el caso de un despido exclusivamente fundado en la enfermedad y que estigmatiza al trabajador despedido por el hecho de estar enfermo.

  

STS 04/05/16. Fecha de efectos de la IPT de los trabajadores autónomos

Cuando no figura que el beneficiario procede de una situación de IT previa ni que, a pesar de su afiliación y alta en el RETA, haya desarrollado realmente una actividad, la fecha de inicio de los efectos económicos de la incapacidad permanente total se producen desde la fecha del dictamen del EVI. En el caso de los autónomos agrarios, y sobre todo cuando, como aquí sucede, no hay ninguna constancia que la asegurada haya estado en IT durante el periodo en cuestión, deberá ser la INSS quien acredite que, a pesar del dictamen del EVI a favor del reconocimiento de la IP ya presupone una imposibilidad casi objetiva que aquella se encontraba incapacitada para ejercer su actividad habitual, realmente la seguía ejerciendo y que, además, obtuvo de ello, rentas suficientes como para considerarlas incompatibles con la prestación postulada, prueba esta última a la que la gestora, probablemente podría acceder con facilidad a través de los datos fiscales de la beneficiaria.

STS 28/04/16. Competencia del’ INSS para fijar el plazo para instar la revisión

El INSS es competente para fijar el plazo para instar la revisión aunque en su resolución deniegue la revisión por agravación, sin reconocer ningún grado de incapacidad, manteniendo el que ya se tenía reconocido. Las resoluciones, iniciales o de revisión, a que se reconozca el derecho a prestaciones de IP o se confirme el grado reconocido previamente, deben hacer constar el plazo a partir del que se puede instar a la revisión, por agravamiento o mejora del estado invalidante.

ST Juzgado Madrid 27/04/16. Anulación de despido del trabajador cesante cuando cumplía condena en la prisión

El magistrado afirma que ha quedado acreditado que, tanto el contenido de la carta de despido como los hechos presentados en el juicio, introducen “la sospecha más que fundamentada” que la empresa no quería contar con un ex presidiario en su plantilla.

 ÁREA CIVIL / MERCANTIL

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, de 22 de junio de 2016, que condena a dos años de prisión a un hombre por no comunicar la muerte de su padre y percibir su pensión de invalidez durante quince años.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años de prisión y 1.440 euros de multa a un hombre que no comunicó a la Seguridad Social que su padre había fallecido y siguió percibiendo su pensión de incapacidad absoluta durante quince años.

Además, deberá indemnizar a la entidad pública con 84.100 euros, la cantidad aún no devuelta.

La Audiencia considera que la actuación del acusado “supone un ocultamiento consciente y deliberado de un dato esencial que venía obligado a comunicar” y que, por ello, es autor de un delito continuado de estafa.

El ahora condenado era la única persona que estaba autorizada para operar con la cuenta bancaria de la que era titular su padre.

Desde que éste falleció –en febrero de 1998- hasta enero de 2013, la Seguridad Social ingresó la pensión que tenía reconocida y que ascendía a 1.588 euros.

En total, durante los quince años en que se abonó la pensión indebidamente, se ingresaron en la cuenta 288.300 euros, de los que el acusado gastó 84.100 euros, entre reintegros, transferencias y domiciliaciones, que ahora deberá devolver el condenado.

Sentencia del Tribunal Supremo, de 1 de julio de 2016, sobre la instalación de aparatos de aire acondicionado en la fachada.

El Tribunal Supremo  en reiteradas ocasiones se ha pronunciado, en términos generales, sobre la pertinencia de la instalación de aparatos de aire acondicionado en viviendas o locales sujetos al régimen de la Propiedad Horizontal, cuando incluso dicha instalación afecta a elementos comunes (como lo son la fachada o patios interiores). Ello es así para establecer un cierto margen de flexibilidad para permitir la puesta al día de viviendas que en el momento de su construcción no pudieron adaptarse a las mejoras tecnológicas más beneficiosas para sus ocupantes.

De la doctrina expuesta se deduce que es necesaria una interpretación flexible de la norma para permitir la refrigeración en viviendas que se construyeron sin tener previsto un avance tecnológico en este sentido.

Sin embargo,  este no es el caso concreto sobre el que versa la Sentencia, pues la promoción tenía preinstalación de aire acondicionado centralizado, por lo que los comuneros demandados debieron proceder a la puesta en marcha de su sistema de aire acondicionado sin alterar, innecesariamente, una fachada que ornamental y estéticamente se percibe cual si fuese principal, al estar abierta sobre un patio de recreo, en el que se desarrolla vida comunitaria, infringiendo la Ley de Propiedad Horizontal.

Por tanto, si bien el alto tribunal considera que hay que ser flexible con la instalación de aires acondicionados por parte de los propietarios sujetos a la Ley de Propiedad Horizontal en edificios, aunque ello comprometa estéticamente a elementos esenciales (como puede ser la fachada), en el presente caso concreto condena a los propietario comuneros demandados a retirar los aires acondicionados instalados en la fachada del patio interior, por disponer el edificio de pre-instalación centralizada de aire acondicionado.

El Abogado del TJUE ha presentado sus conclusiones sobre la retroactividad de las clausulas suelo denegando la retroactividad más allá del 9 de mayo de 2013

El Tribunal Supremo español declaró en su momento la devolución por las cláusulas suelo a partir del 9 de mayo de 2013 (fecha de la sentencia), por ello, los clientes afectados recurrieron a la justicia europea, por considerar injusta dicha limitación temporal.

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha manifestado tras estudiar el caso español que “la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo, incluidas en los contratos de préstamo hipotecario en España, es compatible con la Directiva europea”.

De este modo, confirma que la directiva europea, no determina las condiciones en las que un órgano jurisdiccional nacional puede limitar los efectos de las resoluciones por las que se califica como abusiva una cláusula contractual. Por consiguiente, corresponde al ordenamiento jurídico interno precisar esas condiciones, siempre desde el respeto de los principios de equivalencia y de efectividad del Derecho de la Unión.

Aunque la opinión del abogado general no es vinculante, sin embargo viene coincidiendo con la opinión del Tribunal Europeo. Veremos qué establece la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que resolverá de manera definitiva el tema y se prevé que saldrá a la luz a finales de año.

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