boletin legal julio

I. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 10 de marzo de 2015, sobre la legalidad de deducir proporcionalmente gastos de agua, luz, gas, teléfono, etc. de la vivienda a afecto a la actividad.

En esta sentencia se resuelve un recurso interpuesto contra la resolución del TEAR de Madrid sobre la deducibilidad al IRPF de los gastos de agua, luz, gas, teléfono de la vivienda habitual donde se desarrolla la actividad del empresario, así como los gastos del vehículo personal.

El Tribunal considera que son deducibles al IRPF, en proporción a su afectación en la actividad, los gastos del IBI, tasas, comunidad de propietarios, así como todos los gastos derivados de los suministros, en virtud del artículo 28.1 de la Ley del IRPF y del art. 22 del reglamento que desarrolla la ley. Pero en cambio, no se admite la deducción parcial de los gastos del vehículo, sino que únicamente serán deducibles cuando el vehículo está exclusivamente afecto a la actividad económica, es decir, sin que se haga uso personal, ni siquiera de forma accesoria.

II. Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 10 de junio de 2015 (asunto C-602/13), sobre cláusulas abusivas

El TJUE resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº2 de Santander, sobre las consecuencias que tiene la consideración de una cláusula como abusiva en un contrato de préstamo hipotecario, en concreto la que contiene un interés de demora del 20%.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que, en virtud del artículo 6.1 de la Directiva 93/12, los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, para que no produzca efectos vinculantes al consumidor, sin estar facultados, en ningún caso, para modificar el contenido de la misma, ya que sino se pondría en peligro el objetivo de la norma, que es producir un efecto disuasorio sobre los profesionales para no introducir cláusulas abusivas a los contratos celebrados con consumidores.

III. Sentencia del Tribunal Supremo, sala contenciosa, de 13 de mayo de 2015, sobre notificaciones.

En esta sentencia se trata el tema de las notificaciones por parte de la Agencia Tributaria, a causa de un Recurso interpuesto contra la resolución del TEAR de Catalunya que declaraba la inadmisibilidad, por extemporaneidad, de la reclamación económica administrativa interpuesta contra el acta dictada por la administración, que fue estimado a causa de que el Tribunal llegó a la convicción de que el interesado no tuvo conocimiento real del acta notificada, que es el elemento determinante de la validez de las notificaciones en caso de conflicto.

En este caso, el supuesto de hecho era que se hicieron las notificaciones en agosto, a pesar de tener la Administración la falta de creencia racional de poder localizar a las personas a notificar, por ser fechas de vacaciones estivales, ya que el domicilio a notificar era conocido y el primer intento no fue fructífero, y considera el juzgado que el segundo se hizo para cumplir meras formalidades, y por lo tanto, privaría al administrado de su constitucional derecho de defensa.

NOVEDADES LEGISLATIVAS DE INTERÉS 

I. Instrucción, de 1 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el establecimiento de mecanismos de seguridad y cifrado de los archivos de los libros de empresarios remitidos electrónicamente para su legalización en el Registro Mercantil.

Esta Instrucción complementa la anterior Instrucción con fecha 12 de febrero de 2015 sobre la legalización de los libros de los empresarios, que fue suspendida su aplicación por Auto de 27 de abril de 2015 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid, atendiendo el riesgo “inmediato y claro” que se produjeran “daños y perjuicios de difícil o imposible reparación, y no solamente económicos” por la posibilidad de acceso de terceros a la información confidencial sobre el contenido de los libros.

Las principales novedades de la Instrucción de 1 de julio son que no se conservará en el Registro Mercantil el contenido de los libros legalizados telemáticamente y, por lo tano, no se podrá dar publicidad de su contenido, y prevé la posibilidad de encriptar los archivos a legalizar por parte del mismo interesado.

Con esta Instrucción se asegura la confidencialidad de la información sensible y facilita, al mismo tiempo, una adaptación progresiva al nuevo sistema de legalización telemática de los libros de los empresarios.

II. Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

A los efectos de esta ley, se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho Civil y Mercantil, sin que exista controversia que se deba sustanciar en un proceso contencioso.

Tendrán competencia objetiva para conocer y resolver los expedientes de jurisdicción voluntaria los Juzgados de Primera Instancia o Mercantiles, según el caso.

El impulso y la dirección en estos expedientes corresponderá a los Secretarios Judiciales; atribuyéndose al Juez o al Secretario Judicial, según el caso, la decisión de fondo que recaiga sobre estos y el resto de resoluciones que expresamente se indiquen en esta ley.

Dicha ley entrará en vigor, con carácter general, el 23 de julio de 2015, no obstante, las modificaciones de los artículos del Código Civil, Ley del Registro Civil, Ley del Notariado, entre otros, entraran en vigor el 30 de junio de 2017, tal y como establece la disposición final 21ª.

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