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ÁREA LABORAL

COMENTARIOS SOBRE JURISPRUDENCIA RECIENTE

En los últimos meses, los tribunales han dictado algunas sentencias que por la temática que tratan o por la trascendencia que el sentido de la resolución puede tener en el ámbito laboral, consideramos que merecen ser comentadas.

STC JS 4 Santander 03/02/16. Faltas y sanciones disciplinarias

Aunque la empresa puede diferir a un momento posterior los efectos de la sanción disciplinaria comunicada al trabajador, sin que sea exigible su ejecución inmediata, está obligada a mencionar en esta comunicación la fecha del cumplimiento de la sanción al tratarse de un requisito formal de la misma i su omisión comporta la nulidad de la sanción excepto si el trabajador se encuentra en una situación de incapacidad temporal, ya que en estos casos resulta imposible la concreción de una fecha exacta de efectos.

STSJ Castilla i León (Valladolid) 03/02/16. Las horas extraordinarias en el contrato a distancia

En el caso del trabajo a distancia o a domicilio, desarrollado con conexión a internet, la empresa debe establecer pautas sobre el tiempo del trabajo e instrumentos de control de la actividad del trabajador. El rechazo por parte de éste o su incumplimiento comportará que la empresa quede exonerada del pago de las correspondientes horas y de su cómputo como trabajador efectivo. Pero en ausencia de estas pautas y criterios y de unos mínimos instrumentos de control no puede admitir tal exoneración, que sería equivalente a crear un espacio de total impunidad y alegalidad en el trabajo a distancia y en el domicilio.

STS 15/12/15. Infracciones administrativas en materia de prevención de riesgos

La prescripción de las infracciones administrativas es cuestión de orden público que puede ser apreciada de oficio, sin necesidad de invocación para el interesado y sin que éste pueda renunciar a sus efectos. La suspensión del procedimiento sancionador por la tramitación de un proceso penal interrumpe la prescripción siempre que haya una “conexión directa” entre el objeto de expediente sancionador y el de las actuaciones penales, sin necesidad de que haya una identidad subjetiva, es decir independientemente de que las actuaciones penales no se sigan contra la empresa como tal sino contra sus directicos; ahora bien, sobre la base del principio non bis in ídem, una vez dictada sentencia condenatoria contra las personas individuales, no es necesario imponer la posterior sanción administrativa a la empresa por los mismo hechos.

STSJ Extremadura 29/12/15. Resolución del contrato por incumplimientos empresariales

La modificación de las condiciones de trabajo que afectan las funciones que realiza el trabajador excediendo los límites de la movilidad funcional sin haberse seguido el procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, no comporta per se la extinción del contrato por vía del art. 50.1 a) del ET, sino que se requiere que la misma redunde en detrimento de la dignidad del trabajador lo que no pasa cuando manteniendo la condición de gerente de la empresa y respetando su remuneración queda sometido a la disciplina y organización de un tercero, como responsable de área, y se modifican algunas de sus funciones como consecuencia de la descentralización de la oficina que comporta el corte del teléfono y del fax.

 TS 27/11/15. Paro. Expediente administrativo sobre revocación de la prestación

El SPEE debe decretar el archivo de un expediente administrativo de propuesta de revocación de prestaciones por paro iniciado de oficio por la entidad gestora, cuando se produzca su caducidad por el transcurso del plazo sin haberse dictado resolución expresa, y no dictar extemporáneamente resolución de fondo que se convertiría en nula; esta resolución de fondo, dictada extemporáneamente, no equivale a una nueva iniciación del expediente administrativo sino que la entidad gestora está obligada a incoar un nuevo expediente si no ha transcurrido el plazo de prescripción de la acción correspondiente. CAMBIO DE DOCTRINA.

STC 64/2016, 11/04. Libertad sindical.

El cierre del centro de trabajo y el traslado de parte de su actividad y del personal a otro centro nuevo, sin cambio de titularidad empresarial, comporta la supresión de la condición de los representantes de los trabajadores, ya que esta condición requiere de la subsistencia del dentro de trabajo por el que fue elegido. En consecuencia, no ostentando ya tal condición, la empresa que niega a estos trabajadores el crédito horario no vulnera el derecho de libertad sindical.

STJ Madrid 13/04/16. Cambio del puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo.

La trabajadora embarazada destinada provisionalmente a otro puesto de trabajo durante la causa de su embarazo no tiene derecho a seguir percibiendo el complemento de nocturnidad, nocturnidad-festivos y festivos correspondientes a la realización de la jornada nocturna de trabajo en días festivos que ha dejado de efectuar como consecuencia de la adaptación de su puesto de trabajo.   

STS Contenciosa administrativa auto 21/03/12. Capitalización del recargo de prestaciones de Seguridad Social por omisión de medidas de seguridad.

Los intereses de capitalización asociados capital coste de recargo no surgen de un atraso en su ingreso, sino de formar parte del propio capital – coste se deben aplicar desde la fecha de efectos de la prestación reconocida al trabajador y no desde la fecha en que se notifica por la TGSS la reclamación de la deuda.

STJ Andalucía 21/04/16. Relación laboral de deportistas profesionales.

Independientemente de las irregularidades formales que pudiera revestir el contrato concertado entre las partes, acreditado que la actividad prestada por el club (entrenador de baloncesto) reúne las notas definitorias de la relación laboral especial de los deportistas profesionales, tal relación se deberá regir con carácter preferente por las disposiciones contenidas en el RD 1006/1985, particularmente por lo relativo a su duración y extinción. En consecuencia, a pesar de la calificación del contrato como indefinido, la relación se debe considerar como de durada determinada con derecho a percibir la indemnización por extinción de contrato temporal.

STJ Catalunya 31/03/16. Reconocimientos médicos

La decisión de la empresa de acordar el despido de un trabajador que presta servicios como conductor de barrendero en vías públicas, por su negativa a someterse a reconocimiento médico periódico no supone una injerencia, arbitraria e ilegal, en la intimidad del trabajador, dado que por su trabajo tal decisión se encuentra emparada en el control que permite al empresario verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para terceras personas, dada la actividad que desarrolla. No obstante lo anterior, en el caso planteado se declara la improcedencia del despido por defectos formales en su tramitación.

STS 27/04/16. Sucesión de contratos de servicios municipales

Cuando entre la finalización de una contrata y la asunción de la actividad para una nueva contratista transcurren más de doce meses, durante los que la prestación del servicio se realizó provisionalmente por una tercera contratista con su propio personal, la última de las empresas a la que se le adjudicó definitivamente el servicio de obligación de subrogarse en el personal de la primera empresa que fueron despedidos por causa objetivas al rescindir la primera de las contratas y no pasaron a formar parte de la plantilla de la contratista intermedia.

STS 27/04/16. Pensión de incapacidad permanente

Cuando se acredita el periodo de cotización en el régimen general por el devengo de esta prestación sin acudir al cómputo recíproco de cotizaciones, no es exigible el requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas en el periodo en que estuvo de alta en el RETA.

ÁREA FISCAL

Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2016, sobre la no innecesaridad de autorización judicial para la captación por la policía de los datos relativos al teléfono móvil y a la tarjeta de comunicaciones (IMEI e IMSI)

En dicha sentencia, el Tribunal Supremo ha resuelto un recurso de casación en el que se alegaba vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones (artículo 18 de la CE) por la obtención de los datos relativos al terminal telefónico y a la tarjeta de comunicaciones por parte de la policía sin contar con autorización judicial para ello.

Pues bien, el alto tribunal recuerda que sobre la obtención de los datos telefónicos IMSI e IMEI fue ya resuelto por otras sentencias anteriores, donde rechazaron que la obtención de dichos números IMSI e IMEI estén bajo la cobertura del art. 18-3º de la Constitución. Pues “no es un dato integrable en el concepto de comunicación, ni puede ser encuadrado entre los datos especialmente protegidos”, ya que este número de identificación sólo expresa una serie numérica incapaz de identificar, por su mera lectura, el número comercial del abonado y otros datos de interés para la identificación de la llamada.

Por tanto, no será precisa la autorización judicial previa por parte de la policía para obtener estos datos, si bien una vez obtenido, sí será precisa la autorización judicial para que la operadora ceda los datos que obran en sus ficheros con los que se podrá conocer el concreto número del terminal telefónico para el que se va a solicitar la intervención.

La Sentencia también señala que tras la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a través de la Ley Orgánica 13/2015 de modificación de la LeCrim, que en su artículo 588 ter, que al tratar la identificación de los terminales mediante captación de códigos de identificación del aparato o de sus componentes, tampoco exige autorización judicial previa. Regulación que, por tanto, ratifica la doctrina del alto tribunal.

Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2016, que sienta doctrina sobre la facultad del vendedor de un inmueble de repercutir proporcionalmente el IBI al comprador

En esta reciente sentencia, La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha establecido como doctrina jurisprudencial que “el artículo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales se ha de interpretar de forma que, en caso de ausencia de pacto en contrario, el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador en proporción al tiempo que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que sea”.

Esto es así, de acuerdo a la facultad para repercutir la parte proporcional del IBI de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63.2 del RDleg 2/2004 (TR LHL) que establece la posibilidad de repercusión del impuesto, limitándose el precepto a establecer que el reparto del importe del impuesto se hará conforme a las normas de derecho común, que no son otras, en este caso, que las de la compraventa (arts. 1445 y siguientes del Código Civil), en virtud de las cuales la compradora debe considerarse propietaria desde el momento de la entrega del bien (art. 609 del C. Civil). Sin perjuicio de ello, las partes podrán pactar la imposibilidad de la repercusión.

  

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Torrelavega (Cantabria) de 19 de mayo de 2016,  sobre la nulidad del contrato de venta de un Volskwagen por instalación de software que alteraba datos sobre emisiones contaminantes (Dieselgate).

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Torrelavega, ha desestimado la demanda interpuesta por el comprador de un Volkswagen Tiguan en mayo de 2012, que pedía que se anulara la operación y la devolución del precio pagado por el vehículo (34.541,9 euros).

Es el primer fallo en España sobre este escándalo, que se llevó por delante al antiguo consejero delegado. Entre los motivos del fallo, está que el comprador no demuestra tener una conciencia ecológica especial y que la reparación del vehículo que tiene el software malitencionado puede hacerse “en términos razonables”.

La reclamación se dirigía tanto contra Volkswagen Audi España como contra Parte Automóviles, concesionario oficial de los modelos del grupo en Torrelavega. El juzgador, en el primer caso, afirma que no hay vínculo contractual alguno con el demandante. Sobre el segundo, el referente al concesionario, el juez desestima la posibilidad de anular el contrato porque no hay prueba alguna, “ni siquiera de modo indiciario”, de que el vendedor tuviera “conocimiento de que el vehículo tenía instalado un software malintencionado”.

Respecto al “error”, en relación al trucaje del motor, y las consecuencias de este sobre la validez del contrato, el juez dice que no todo fallo tiene el mismo tratamiento jurídico. Y establece que, en este caso concreto, “no puede aseverarse que se haya producido un error relevante”, porque “el vehículo es apto para la circulación” y no hay medida alguna en España o en la Unión Europea que ordene la paralización de los vehículos afectados.

El juez también descarta anular el contrato porque el comprador no ha demostrado tener una especial conciencia medioambiental, ni “que pertenezca a alguna asociación ecologista haciendo aportaciones económicas”. Otro de los argumentos utilizados para desestimar la demanda es que los vehículos afectados se pueden reparar “en términos razonables” y, por tanto, “no cabe pretender la resolución de la venta”.

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