boletin marzo

ÁREA LABORAL

COMENTARIOS SOBRE JURISPRUDENCIA RECIENTE

En los últimos meses, los tribunales han dictado algunas sentencias que por la temática que tratan o por la trascendencia que el sentido de la resolución puede tener en el ámbito laboral, consideramos que merecen ser comentadas.

STS 08/11/16. Unidad del vínculo contractual en la sucesión de contratos temporales

La cuestión es la relativa al tiempo de servicios computables para el cálculo de la indemnización por despido improcedente, en aquellos supuestos en los que nos encontramos con una sucesión de contratos temporales con alguna solución de continuidad entre ellas, y –más exactamente- a la incidencia de la solución de continuidad en la llamada unidad esencial del vínculo. La cuestión se reduce a determinar qué se debe entender por interrupción significativa que lleve a excluir la unidad esencial del vínculo, la frontera, aunque inicialmente fue situada en los 20 días del plazo de caducidad para accionar por despido, en los últimos tiempos se ha ampliado a periodos que se consideren de relevancia en relación con la duración total de los servicios prestados. Revoca parte de la sentencia recorrida y determina que la indemnización por despido se debe calcular desde el primer contrato, determinando que en ningún momento se rompió la unidad del vínculo contractual, a pesar de las interrupciones temporales existentes sin prestación de servicios.

STS 10/11/16. Jornada anual en caso de concurrencia de convenios

Solicitud del reconocimiento del derecho de todos los trabajadores procedentes del convenio del sector de la Industria Siderometalúrgica a mantener la jornada anual establecida en el mismo, como condición más beneficiosa (“ad personam”), en perjuicio de la jornada anual señalada en el Convenio Colectivo de empresa, dos horas superior en cómputo anual. El TS pone en relieve que la determinación de la jornada anual no se encuentra entre las materias del listado del art. 84.2 ET, de manera que, respecto de ella, no existiría en ningún caso prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el de sector. El mandato del convenio provincial del sector se extiende en todo caso a todas las relaciones laborales que se incluyen en su ámbito de aplicación, de manera que, la jornada anual de los trabajadores afectados solo se determinará por el convenio de empresa en aquellos casos en los que no exista convenio de ámbito superior que señale un número inferior de horas. Se estima parcialmente el recurso, estableciendo el derecho a la jornada fijada por el convenio sectorial, reconociéndose a aquellos trabajadores a los que, la aplicación del Convenio de sector les resulte más favorable y, además, solo en tanto se encuentren en el ámbito de concurrencia de los convenios –sectorial y de empresa/grupo-.

STC 16/01/17: Derecho a la no discriminación

El TC otorga el amparo a una trabajadora que no pudo optar a mejorar sus condiciones laborales en la empresa porque en el momento en el que surgió esta posibilidad se encontraba de baja por embarazo de riesgo y, después, por maternidad. El TC entiende que la actuación empresarial vulneró el derecho a la igualdad de la demandante porque le causó un perjuicio profesional por su condición de mujer: no pudo optar a la mejora de su situación laboral, – ni se le permitió hacerlo cuando se reincorporó a su puesto de trabajo-, porque se encontraba de baja cuando la empresa se vio en la necesidad de contratar a otra persona.  Es decir, como consecuencia del embarazo de riesgo y de la posterior maternidad, la trabajadora no pudo “ejercer un derecho de preferencia que le reconocía el convenio colectivo”, que sí hubiera podido hacer valer si hubiera estado en situación “de activo laboral” en la fecha en la que surgió la necesidad empresarial.  

STS 11/01/17 Cómputo en despidos colectivos

El TS recuerda que los “días ad quem” (día final del plazo) para el cómputo de los 90 días debe ser aquél en el que se acuerda la extinción contractual, por ser el día en el que se superan los límites que condicionan la existencia de despido colectivo, figura que no se da hasta que el número de extinciones supera los límites del cálculo matemático que establece el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

STS 26/10/16. Pacto de no competencia post-contractual

La empresa reclama contra un extrabajador con el que había suscrito un pacto de no concurrencia post-contractual durante un período de 18 meses desde la finalización del contrato. Como contraprestación, el trabajador percibía 6.000€ anuales, garantizando un mínimo de 18.000€ en total. En el caso en el que el trabajador incumpliera su obligación de no concurrir, venía obligado a abonar 59.000€, – (1 año de salario), en concepto de cláusula penal por incumplimiento. El TS analiza la indemnización de daños y perjuicios reclamada al trabajador por incumplir su obligación de no competencia post-contractual, así como la cláusula penal, determinando que esta última tiene una función coercitiva/garantista, sustituyendo a la primera, lo que la exonera de acreditar el importe, pero no del requisito de proporcionalidad. Para esto se basa en el artículo 21.2 del Estatuto de los Trabajadores, que prevé que el pacto de no competencia debe satisfacer al trabajador “una compensación adecuada”, debiendo ser igualmente adecuada y proporcional la compensación debida a la empresa a resultas del incumplimiento del trabajador, anulando así el Tribunal Supremo la sentencia de suplicación y confirmando la indemnización limitada a la cifra de 18.000€.

STS 21/12/16 Prescripción de la acción para demandar

Tiene su origen este procedimiento de oficio en la demanda interpuesta por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el 11 de septiembre de 2012, en la que solicita que se declare la existencia de relación laboral entre el demandado, -propietario de un local de camareras, y las personas que realizaban la actividad de contactos en el citado local, y que lleva causa del acta de infracción extendida en la visita el local el día 28 de octubre de 2009. El Tribunal Supremo analiza la procedencia de la aplicación del plazo de prescripción de un año que prevé el artículo 59.1 del Estatuto de los Trabajadores (“Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescriben al año de su finalización”). La clave para resolver la controversia está en que los plazos de prescripción y de caducidad a los que se refiere el artículo 59 del Estatuto de los trabajadores, se refieren a las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado otro plazo especial y se asientan en el Derecho laboral. No obstante, la acción ejercitada en el procedimiento de oficio no se refiere a ninguna de estas cuestiones, sino que tiene el designio de servir de presupuesto necesario para la aplicación de normas sancionadoras o de Seguridad Social , por lo que concluye la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que el plazo de prescripción que, en su caso, podía alegar en este procedimiento, no es el previsto y regulado en el artículo 59.1 del Estatuto de los Trabajadores, sino el específico de la conducta que se pretende sancionar, por lo que desestima el recurso formulado considerando que la Sentencia recorrida ha aplicado la doctrina correcta.

ÁREA CIVIL / MERCANTIL

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 20 de enero de 2017, sobre cláusula suelo insertada en un contrato de préstamo hipotecario formalizado por una empresa.

El alto tribunal tiene establecido que no es aplicable el control de transparencia a contratos con no consumidores, por ello, en el presente caso  considera  que no es aplicable dicho control de transparencia a una cláusula suelo insertada en un contrato de préstamo hipotecario formalizado por una empresa.

Esto es así, porqué ni el legislador comunitario, ni el español, han dado el paso de ofrecer una modalidad especial de protección al adherente no consumidor (empresario), más allá de la remisión a la legislación civil y mercantil general sobre respeto a la buena fe y el justo equilibrio en las prestaciones para evitar situaciones de abuso contractual y, por ello, basta que una cláusula de un contrato de crédito hipotecario, entre una empresa y una entidad bancaria, sea gramaticalmente comprensible y esté redactada en caracteres legibles para que se considere que no es abusiva, salvo que se pueda considerar que ha existido mala fe o que se ha roto el justo equilibrio en las prestaciones.

Si la cláusula en cuestión supera el control de incorporación, relativo a la comprensibilidad gramatical, no se considera que haya un déficit de información, ni que la prestataria dé su consentimiento de manera viciada. Por lo que no puede anularse la condición general controvertida por vicio del consentimiento.

En nuestro ordenamiento jurídico, la nulidad de las cláusulas abusivas no se concibe como una técnica de protección del adherente en general y no corresponde a los tribunales la configuración de una tercera vía, que no ha sido establecido legislativamente, porque no se trata de una laguna legal que haya que suplir mediante la analogía, sino de “una opción legislativa que, en materia de condiciones generales de la contratación, diferencia únicamente entre adherentes consumidores y no consumidores”.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 9 de marzo de 2017, sobre el control de transparencia de cláusulas en los préstamos hipotecarios con consumidores, especialmente, sobre la validez de la cláusula suelo.

El control de transparencia, únicamente aplicable al adherente consumidor, tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que supone para él el contrato celebrado, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los elementos típicos que configuran el contrato, como en la asignación de los riesgos de la ejecución del mismo.

La sentencia resuelve una acción individual, y establece que el juicio sobre la transparencia de la cláusula no tiene por qué atender exclusivamente al documento en el cual está inserta o a los documentos relacionados, sino que pueden tenerse en consideración otros medios a través de los cuales se pudo cumplir con la exigencia de que la cláusula en cuestión no pasara inadvertida para el consumidor y que este estuviera en condiciones de percatarse de la carga económica y jurídica que implicaba.

En el presente caso, el Tribunal entiende que la cláusula controvertida se encuentra ubicada dentro del contrato de tal forma que no aparece enmascarada ni diluye la atención del contratante entre otras cláusulas, sino que se muestra como una cláusula principal del contrato que expresa con claridad los límites al tipo de interés, señalando como límite inferior el 3% nominal anual, que aparecía resaltado.

Asimismo, la cláusula fue negociada individualmente entre los demandantes y la entidad demandada, que aplicó como suelo un tipo inferior al que venía usando, y que el notario que autorizó la escritura expresamente advirtió a los contratantes de la cláusula de variación del tipo de interés, por lo que conocían con precisión el alcance y las consecuencias de la aplicación de la referida “cláusula suelo”.

En consecuencia, la sentencia establece que la cláusula cumple con los requisitos de transparencia, en la medida en que, la información suministrada permite al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago, y tiene un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Séptima, de 2 de marzo de 2017 (asunto C-568/15), sobre el coste de las llamadas a servicio postventa.

La empresa alemana COMTECH comercializa aparatos eléctricos y electrónicos. En su sitio de Internet presentaba un número de teléfono de servicio postventa con el prefijo 0180, utilizado generalmente en Alemania para servicios de asistencia sujetos a una tarifa nacional, y el coste de una llamada a ese número especial es mayor que el de una llamada estándar a un número fijo o a un número móvil.

Por ello, una asociación alemana de lucha contra las prácticas comerciales desleales ejercitó una acción ante el Landgericht Stuttgart (Tribunal Regional Civil y Penal de Stuttgart, Alemania) solicitando que se ordenase a COMTECH cesar en esa práctica comercial que consideraba desleal. En este contexto, el Landgericht solicitó al Tribunal de Justicia que interpretase previamente la Directiva sobre los derechos de los consumidores. Según dicha Directiva, los Estados miembros deben velar por que, en caso de que el comerciante opere una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con los contratos celebrados con los consumidores, éstos no estén obligados a pagar más de la tarifa básica por las llamadas a esa línea. No obstante, la Directiva no define el concepto de «tarifa básica».

Mediante su sentencia de 2 de marzo de 2017, el Tribunal de Justicia responde que el concepto de «tarifa básica» debe interpretarse en el sentido de que el coste de una llamada a una línea telefónica de asistencia operada por un comerciante, en relación con un contrato celebrado, no puede exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar.

Según el Tribunal de Justicia, la «tarifa básica» equivale, en el lenguaje corriente, al coste de una llamada estándar. Tanto el contexto en que se emplea este concepto en la Directiva como la finalidad de ésta, que consiste en garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores, confirman que debe entenderse en ese sentido habitual.

En efecto, si los comerciantes tuviesen derecho a cobrar tarifas más elevadas que la de una comunicación estándar, los consumidores podrían ser disuadidos de hacer uso de la línea telefónica de asistencia para obtener aclaraciones relativas al contrato o para hacer valer sus derechos, en particular en materia de garantía o de desistimiento.

El Tribunal de Justicia aclara, por otra parte, que siempre que se respete el límite del coste de una llamada estándar, la circunstancia de que el comerciante obtenga o no beneficios por medio de esa línea telefónica de asistencia es irrelevante.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 7 de marzo de 2017, sobre la obligación de los hijos de asumir los gastos de residencia de los padres.

El Tribunal Supremo en dicha sentencia establece que la decisión de un hijo de pagar los gastos de la residencia de su madre no obliga a sus hermanos, no obstante, la Sala subraya que, sin perjuicio de las consideraciones de orden moral que pudieran hacerse, la decisión de asumir esos gastos fue voluntaria.

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia que trae causa de un juicio ordinario en el que la parte actora ejercita acción del art. 1158 del Código Civil, por la que se reclama la mitad de las cantidades que el demandante pagó en concepto de gastos de residencia de su madre, antes de que se recibiera la subvención pública que cubrió la mayor parte de tales gastos, y antes de que se reclamasen por la madre alimentos a sus dos hijos mediante la pertinente demanda.

La sentencia de primera instancia estimó la demanda interpuesta, condenando a la parte demandada al abono de la cantidad reclamada. Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, recurso que fue desestimado. La sentencia de la Audiencia confirma el fallo de primera instancia y considera que el actor ejercita una acción de repetición de aquellos gastos de auxilio económico realizados en exclusiva como consecuencia del ingreso de la madre en una institución geriátrica. Había, señala, una obligación común de hacer frente a estos gastos, que el demandado no llegó a pagar, y que «nace de un auxilio económico prestado por uno solo de los hermanos que a ambos incumbe».

El recurso de casación es estimado por esta Sala con base en que la sentencia recurrida no aplica correctamente el artículo 1158 del Código Civil. La acción de repetición nace de un auxilio económico prestado por uno solo de los hermanos, pago que no fue hecho por cuenta ajena, sino por cuenta de quien lo hacía y de una forma voluntaria en beneficio de su madre, como es el que resulta de una obligación alimenticia por los gastos de alojamiento, manutención y asistencia en una residencia. Y sin perjuicio de las consideraciones que pudieran hacerse de orden moral respecto a la posición del demandado, su hermano, ahora recurrente, lo cierto es que este no debía a su madre unos alimentos que su hermano hubiera pagado por él.

La deuda contraída era propia, como es la de prestar alimentos a su madre, en la forma que mejor le convenía, en este caso mediante el ingreso de su madre en una residencia. Faltan por tanto los presupuestos necesarios para el éxito de la acción, como es el pago de una deuda ajena. No había tal deuda del demandante con su madre por los gastos de la residencia a la que llevó por iniciativa propia, ya que la deuda era propia del demandante que la asumió de forma voluntaria, sin comprometer a su hermano, pues tampoco se trata de una deuda solidaria que hubiera permitido fundar la pretensión en el artículo 1145, II del CC, dado que se trata de una deuda que no responde a criterios de igualdad o solidaridad, sino al caudal y medios de quien los da en relación con las necesidades de quien los recibe, según el artículo 146 del CC. Y es evidente que ninguna petición de reembolso cabe de cantidades cuyo pago no puede ser exigible.

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