boletin octubre

COMENTARIOS SOBRE JURISPRUDENCIA RECIENTE

En los últimos meses, los tribunales han dictado algunas sentencias que por la temática que tratan o por la trascendencia que el sentido de la resolución puede tener en el ámbito laboral, consideramos que merecen ser comentadas.

 STS 17/06/15: Indemnización por despido colectivo de trabajador repatriado

El salario regulador a tener en cuenta en supuestos de un trabajador desplazado de común acuerdo en el extranjero que es despedido por un ERO después de haber sido repatriado, y antes del plazo pactado, es el que se percibía durante el desplazamiento y no el que teóricamente tenía cuando volvió a España.

 

STSJ MADRID 10/04/15: Reducción de jornada

La reducción de jornada adoptada unilateralmente por la empresa en ningún caso supone la novación en un contrato a tiempo parcial. Por este motivo, al no haber adoptado con el consentimiento del trabajador por las vías establecidas en el art. 47 ET, tal reducción es nula máxima cuando no viene autorizada en el contrato de trabajo ni en el Convenio de aplicación, que exige el consentimiento del trabajador.

STS 20/07/15: Pensión de viudedad

Para acceder a la pensión de viudedad como pareja de hecho, y se ha mantenido la convivencia después de la sentencia de divorcio, es necesario que se cumplan cinco años de convivencia a partir de esta fecha sin computar el tiempo que convivieron durante el vínculo matrimonial.

STSJ PAÍS VASCO 24/03/15: Despido colectivo

El contenido de la comunicación individual del despido debe ser inequívoco, es decir suficientemente claro y expresivo para evitar toda duda o incertidumbre. Por este motivo cuando el despido no afecta a la totalidad de la plantilla es necesario e indispensable, desde el punto de vista de la defensa del trabajador, que se incorporen los datos o criterios por los que el trabajador ha sido designado tomando como referencia los criterios previamente pactados. Su omisión comporta la improcedencia del cese.

STS 29/06/15: Responsabilidad subsidiaria del FOGASA

Acordada en ERO una indemnización de 30 días por año de servicio y abonadas determinadas cantidades por la empresa, estas deben descontar de la indemnización a abonar por el fondo sin que se puedan imputar aquellas cantidades a la mejora pactada en el ERO, por ser la deuda indemnizatoria solamente una.

STUE 30/04/15: Límites despido colectivo. Nulidad de los despidos por no haber seguido el artículo 51 ET

Cierres parciales y consecutivos de diversos centros de trabajo y tramitación individual de los despidos. No es posible tomar como única unidad de referencia la empresa y no el centro de trabajo si este criterio obstaculiza el procedimiento de información y consulta.

STJS MADRID 09/06/15: Cómputo de los días de permiso por hospitalización

Los días de permiso solamente pueden estar referidos a días de trabajo efectivo y no pueden solaparse con días de descanso. Considera la sentencia que el hecho de que ni la norma convencional ni la legal mencionen si los días de permiso son días de trabajo efectivo o pueden corresponder con días de descanso, responde precisamente al hecho de que es obvio que se trata siempre de días de trabajo efectivo. Esta es la razón por la que si se precisa que son días naturales en otro tipo de permisos, como lo establecido en caso de matrimonio.

STS 23/02/15: Consignación de la indemnización bruta por despido y retención legal de la indemnización ante la AEAT

En base al enriquecimiento injusto del trabajador la empresa tiene derecho a reclamar a este último las cantidades abonadas en concepto de retención legal de la indemnización por despido ante la agencia tributaria, al haber recibido este además íntegramente la indemnización bruta consignada por la empresa para interponer el recurso de suplicación. El empresario no puede accionar ante la agencia tributaria al ser el trabajador el sujeto pasivo del IRPF.

STS 19/02/15: Plazo de prescripción para la acción de reclamación de la prestación por lesiones permanentes no invalidantes.

El plazo de prescripción empieza a computarse, no desde que se constata la existencia de las lesiones, sino desde que las enfermedades son valoradas y determinado su origen en enfermedad profesional. Confirma que no ha prescrito el derecho a la percepción de indemnización en reclamación de lesiones permanentes no invalidantes. Tales enfermedades tienen origen en enfermedad profesional y el cómputo del plazo de cinco años no se inicia hasta el momento en que son calificadas las enfermedades que determinan su origen profesional.

STC AN  20/02/15: Plus de transporte de los trabajadores a tiempo parcial

El presente caso que se discute es si los trabajadores contratados a tiempo parcial por esta causa deben recibir el plus de transporte en proporción al menor tiempo que prestan servicios i la conclusión es negativa por las siguientes razones: porque el plus de transporte no tiene la consideración de salario y su objetivo es compensar los gastos de transporte y distancia que deben asumir los trabajadores por razón de su asistencia al trabajo; siendo esta la razón que justifica que el abono de la compensación es evidente que quien trabaja a tiempo parcial asume los mismos costes por su asistencia al trabajo que quien trabaja a jornada completa.

STS 16/02/15: Cómputo de las dietas por manutención y alojamiento en la indemnización por despido

Si tienen naturaleza salarial las “dietas por manutención y alojamiento” deben ser computadas en la indemnización por despido. Cuando el trabajador fue contratado siempre en el lugar de ejecución de la obra, sin obligar la empresa a ningún desplazamiento, las cantidades recibidas como dietas no pueden considerarse compensatorias sino salariales.

STC TJUE 10/09/15: El desplazamiento de trabajadores entre su domicilio y el primer o último cliente se considera tiempo de trabajo

Supuestos en que los trabajadores no tienen tiempo de centro de trabajo habitual o fijo. En estos casos en los que los trabajadores no tienen Centro de trabajo fijo, el tiempo que dediquen a los desplazamientos entre su domicilio y los centros del primer y del último cliente que les asigna su empresario constituye “tiempo de trabajo”.

STS 21/07/15: Despido objetivo y error excusable en el cálculo de la indemnización

Es excusable el error de la empresa al abonar el importe de la indemnización por no haber reconocido la antigüedad derivada de la previa prestación de servicios del trabajador a través de ETT, habiéndose producido sucesiones empresariales previas y un aquietamiento de los actores en la antigüedad reconocida en las nóminas además de la escasa cantidad de la diferencia.

STSJ GALÍCIA 19/06/15: Despido objetivo por ineptitud sobrevenida

La ineptitud no se puede confundir con la incapacidad permanente, de manera que puede operar esta causa de extinción aunque no haya habido previo reconocimiento de ningún grado de incapacidad permanente. No obstante, el empresario debe acreditar de manera fehaciente que el trabajador no puede realizar su trabajo habitual.

STS 22/04/15: Despido colectivo y aplazamiento parcial del pago de la indemnización

Es lícito el acuerdo adoptado en el periodo de consultas en el que se pacta el pago de una parte fija de la indemnización en el momento del despido y el aplazamiento del resto durante un máximo de 12 meses dada la falta de liquidez de la empresa, concurriendo las circunstancias que en el acuerdo se redujo el número de trabajadores afectados por el despido y la indemnización pactada fue superior a la legal.

La doctrina del Supremo sobre la nulidad de las cláusulas suelo puesta en duda por la Comisión Europea

El litigio principal versa sobre una acción de cesación de una condición general por su naturaleza abusiva por un lado, y una acción de reclamación de cantidad contra una entidad bancaria.

La Comisión lanzó un informe el 13 de julio de 2015 en el que se muestra contrario a la sentencia del Supremo español que considera nulas las cláusulas suelo, pero no permite la retroactividad, es decir, la obligación de que los bancos devuelvan a los usuarios todas las cantidades cobradas de más por esta cláusula abusiva.

Este informe contiene las alegaciones presentadas ante el TJUE sobre la retroactividad de la devolución de las cantidades cobradas de más por los bancos en aplicación de las cláusulas suelo tras la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, presentada en abril de 2015.

Señala que no es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ha pagado el consumidor en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información y/o transparencia. Es el TJUE quien dirime ahora sobre la legalidad de esta decisión del TS, y si es contraria a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

La conclusión que la Comisión propone al TJUE es que no es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ya ha pagado el consumidor en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información y/o transparencia y que la interpretación de la “no vinculación” que realiza el art. 6.1 de la Directiva es incompatible con una interpretación que determine que la declaración de la nulidad de la citada cláusula extiende sus efectos hasta la declaración de la misma.

Sentencia nº 399/2015 de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre los contratos de transporte, que establece que el robo de las mercancías no excluye de responsabilidad al transportista

Dicha sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por el transportista condenado en la instancia y fundado en la infracción del artículo 29 en relación con los artículos 17.2 y 23 del Convenio de 19 de mayo de 1956, relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR).

La sentencia interpreta el alcance de la indemnización por daños del artículo 62 de la Ley del contrato de transporte terrestre de mercancías.

Consolida la doctrina que para apreciar la exclusión o limitación de la responsabilidad del porteador, o la inversión en la carga de la prueba, este debe haber actuado sin dolo, entendido éste en sentido amplio de manera que si, atendidas las circunstancias del robo, la conducta del transportista se puede incluir en el concepto de “dolo eventual”, aún sin ánimo de perjudicar, responderá por los daños ocasionados.

La Sala entiende que las circunstancias que concurrieron en el robo de la mercancía, siendo el estacionamiento en un lugar peligroso, accesible y no vigilado, débil protección de la mercancía en un remolque cubierto por una lona y ausencia de vigilancia por el conductor, permiten que la calificación de la conducta del transportista tenga acogida en el sentido amplio del dolo, respecto del incumplimiento de los deberes elementales de la obligación de custodia que le incumbía

Sentencia del TJUE de fecha 3 de septiembre de 2015, en el asunto C-110/14 establece que los profesionales que contraten fuera de su actividad habitual, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea los considera como consumidores

Se establece que una persona física que ejerce la abogacía y celebra un contrato de crédito con un banco, sin que se precise el destino del mismo, puede considerarse «consumidor» con arreglo la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, siempre y cuando dicho contrato no esté vinculado a la actividad profesional del abogado.

Se resuelve así una cuestión prejudicial planteada por un Tribunal de Primera Instancia de Rumanía ante la reclamación que hizo de un abogado para conseguir la nulidad de una cláusula considerada abusiva.

La sentencia abre la posibilidad de reclamar a los autónomos que han avalado con el patrimonio de su empresa en un préstamo personal que puede incluir cláusulas abusivas. Además, supone una ampliación en la interpretación de la protección porque hasta ahora muchos jueces nacionales habían considerado que los profesionales como abogados, notarios, economistas  o ingenieros no debían ser considerados consumidores debido a sus conocimientos.

El TJUE establece que un abogado puede calificarse de «consumidor» cuando actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional, pues aunque se considere que, como abogado, dispone de un alto nivel de competencias técnica, ello no permite presumir que, en relación con un profesional, no es una parte débil.

NOVEDADES LEGISLATIVAS DE INTERÉS 

Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros

La Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril, estableció el límite exento de la obligación de aportar garantías en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento en 18.000 euros, no obstante, la presente orden tiene como objeto mantener la finalidad última de la exención prevista, que no es sólo la agilización del procedimiento de gestión de estas solicitudes, impulsando su gestión automatizada, sino también otorgar facilidades al obligado al pago para el cumplimiento de sus obligaciones de derecho público ante dificultades económico financieras de carácter transitorio. A este respecto se considera necesario elevar el límite de la citada exención de la obligación de aportar garantías.

El ámbito de aplicación de la presente orden se refiere a las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por los órganos u organismos de la Hacienda Pública Estatal por tanto, el límite exento de la obligación de prestar garantía en solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento cuya gestión corresponda a otras Administraciones Tributarias continuará regulándose de acuerdo a lo previsto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos.

Conforme a las razones expuestas se dicta esta orden, haciendo uso de las competencias conferidas en virtud de lo establecido en los artículos 82.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 13.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y la disposición adicional segunda del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos.

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