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ÁREA LABORAL

COMENTARIOS SOBRE JURISPRUDENCIA RECIENTE

En los últimos meses, los tribunales han dictado algunas sentencias que por la temática que tratan o por la trascendencia que el sentido de la resolución puede tener en el ámbito laboral, consideramos que merecen ser comentadas.

 

STJ UE 14/09/16. Equiparación indemnización de fijos y temporales

En la sentencia se ha resuelto la cuestión prejudicial formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre la conformidad de la legislación española en el tratamiento de la indemnización por la extinción del contrato de los trabajadores temporales.

Este fallo defiende que se debe equiparar la indemnización por despido en el caso de los trabajadores fijos y temporales.

Para los sindicatos, obliga a modificar con carácter inmediato el Estatuto de los Trabajadores, ya que el tribunal reconoce que el sistema de indemnizaciones es discriminatorio, por lo que los trabajadores temporales deberían percibir la misma indemnización que los fijos, es decir, 20 días por año trabajado.

No obstante, la mayoría de expertos consideran que solamente afectaría a los interinos, ya que la sentencia recoge textualmente: “La desigualdad es aún más evidente por lo que se refiere a los trabajadores con contrato de interinidad, a los que la normativa nacional no reconoce ninguna indemnización cuando el contrato finaliza de acuerdo con la normativa”

Sin embargo, existirá una inseguridad jurídica porque todo dependerá de la interpretación que los tribunales españoles hagan de la decisión. Si lo interpretan de manera que la indemnización de los trabajadores temporales se deba equiparar a la de los fijos o solamente lo aceptan en el supuesto de los interinos.

La mayoría de los expertos interpretan además, que esta sentencia no tendrá efectos retroactivos, es decir que no se podrá aplicar a los trabajadores que ya han finalizado su contrato y solamente afectaría a los contratos que se han suscrito y que están vigentes, o a los que se celebren en un futuro. Por lo tanto, se considera que no comprendería todos los contratos temporales que se han extinguido con anterioridad a la propia fecha de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el único límite de que no haya transcurrido el plazo de un año desde que tuvo lugar esta extinción, dado el plazo de prescripción para reclamar diferencias salariales.

STS 22/01/16. Demora en la recepción de citación para reconocimiento médico

La demora por parte del beneficiario en la recepción de la citación en correos para el reconocimiento médico supone que la incomparecencia al mismo sea injustificada y que proceda la extinción del subsidio. No se puede aceptar que esta diligencia se haya observado en un supuesto como el presente, en el que, de manera análoga a lo que sucedía en la sentencia de contraste, el beneficiario no solamente recoge el aviso con enorme demora, sino que ni siquiera se dirige a la Mutua hasta después de muchos días.

STS 10/02/16. Derecho a las retribuciones correspondientes a las funciones realizadas

Es necesario no solamente que el ejercicio de estas funciones de grupo superior pase de manera evidente a las que son atribuidas a su grupo profesional, sino que es necesario que entren de lleno a las asignadas en la categoría superior.

STS 17/02/16. La imputación del trabajador en proceso penal no es causa de despido disciplinario

Si la empresa no acredita la transgresión de la buena fe que imputa en su carta de despido, éste debe cualificarse de improcedente. No hay despido nulo por vulneración automática del derecho al honor del trabajador que debió acreditar la intención empresarial de atentar contra su buena reputación y conseguir su descrédito, así como la difusión pública empresarial del caso. Es doctrina consolidada la imposibilidad de alegar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia en el ámbito de las relaciones laborales por lo que concierne a la valoración de conductas constitutivas de despido disciplinario.

 

STS 23/02/16. Baja de la TGSS de trabajador declarado en IPT con previsible mejora

Esta declaración supone una causa de suspensión del contrato de trabajo y no de extinción del mismo. Por lo tanto, es considerado despido improcedente con condena de indemnización, al ser imposible la readmisión.

STS 24/02/16. Acceso de los delegados de prevención a informes de investigación de daños para la salud

Los delegados de prevención tienen derecho a acceder, como las autoridades laborales, a los informes y documentos resultantes de la investigación por la empresa de los daños para la salud. Estos informes forman parte del proceso global de evaluación de los riesgos laborales.   

ST AN 18/01/16. Causas organizativas en despido colectivo

La fusión de empresas provoca objetivamente la concurrencia de causa organizativa, ya que se producen necesariamente duplicados e incoherencias, solapes de actividad, economías de escala o sinergias y adaptación de modelos operativos.

STS 30/11/15. Conceptos incluidos en la retribución

No sirve para justificar la no inclusión de determinados devengos en la retribución, la utilización de un supuesto mecanismo de compensación. La retribución por vacaciones “debe comprender todos los conceptos salariales en su media, no incluyendo en ellos y siendo excepción los conceptos salariales de carácter extraordinario establecidos para remunerar también actividades extraordinarias. Así pues, para que un concepto salarial sea excluido de la retribución de las vacaciones no es suficiente que este concepto sea a causa de una circunstancia no habitual en el trabajo realizado, sino que es necesario que el trabajo mismo que se remunera sea también extraordinario”.

STS 09/03/16. Diferencias salariales por realización de funciones superiores sin tener la titulación requerida por el convenio

La falta de titulación exigida en el convenio colectivo para el ejercicio de funciones de categoría superior no impide la percepción de las diferencias retributivas correspondientes por la realización de las funciones efectivamente desarrolladlas, si tal titulación no viene exigida por una norma legal.

STS 07/04/16. Subrogación empresarial por previsión convencional

Subrogación empresarial por previsión convencional que prevé que la empresa entrante no asume deudas salariales de la empresa saliente: no procede que el entrante asuma estas deudas. A pesar de la subrogación en la práctica totalidad de los trabajadores de la empresa saliente supone una sucesión de plantilla, en producir – aquella por mandato convencional, no le son de aplicación las previsiones legales en materia de sucesión de empresa.

STS 06/04/16 Salarios de tramitación

Los salarios de tramitación se devengan hasta la notificación del auto de aclaración. Por regla general, los salarios de tramitación deben extender hasta la notificación del acto aclaratorio de la sentencia; incluso si tal aclaración es denegada, siempre que no haya voluntad dilatoria, en el sentido de fraude procesal, el que constituiría una justificada excepción, entre otras posibles, a la citada regla.

STSJ Madrid 25/09/15. Despido disciplinario. Gravedad y culpabilidad. Vulneración de derechos fundamentales

Para que opere la inversión probatoria es necesario que el trabajador aporte indicios razonables de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental o libertad pública. Solamente cubierto este supuesto, recae sobre la empresa la carga de probar que su actuación es extraña a la vulneración de cualquier derecho o libertad. Constituye incumplimiento grave y culpable, con transgresión de la buena fe contractual, el que el trabajador, conocedor del pacto de llena dedicación, se ausente de la empresa para ir a trabajar concurriendo con la actividad de la misma.

STS 10/05/16. Subrogación convencional y responsabilidad solidaria entre empresa saliente y nueva adjudicataria por las deudas generadas en la empresa saliente

El Tribunal entiende que en los supuestos de sucesión de contratistas, la subrogación no opera en virtud del mandato estatutario (art. 44 ET), -excepto si se ha producido una transmisión de activos patrimoniales o una sucesión de plantillas en aquellos sectores en los que el activo principal descanse principalmente en la mano de obra -, sino que opera en virtud del mandato convencional. Por lo tanto, en la medida que el Convenio Colectivo aplicable establece expresamente que la contratista saliente es la única obligada al pago de las retribuciones devengadas por el trabajo realizado antes de la subrogación, la empresa entrante no será responsable del pago de las mismas.

ÁREA CIVIL / MERCANTIL

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Madrid, de fecha 27 de mayo de 2016, sobre responsabilidad de la entidad bancaria en  las transferencias realizadas fraudulentamente a causa de un virus en el ordenador del cliente.

El Juzgado de Primera Instancia de Madrid, remitiéndose a la Ley 16/2009 de Servicios de Pago, establece que las entidades bancarias tienen un sistema de responsabilidad cuasi objetiva cuando se trata de operaciones de pago no autorizadas y que sean fruto de una actuación fraudulenta externa o por negligencia grave de una o varias las  obligaciones de la entidad.

En el presente caso, al cliente se le infectó su ordenador con un virus de difícil detección, pese a tener un antivirus instalado. Por tanto, según el Juzgado, era el banco quien tenía y disponía de los medios necesarios para detectar y evitarlo, por lo que condena a la entidad bancaria a responder de las transferencias realizadas fraudulentamente desde la cuenta del cliente.

Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 14 de julio de 2016, sobre la bonificación del 95% en el Impuesto de Sucesiones.

Dicha sentencia, confirma lo que ya se estableció en la Sentencia del mismo Tribunal de fecha 26 de mayo de 2016, y es que  el Tribunal Supremo amplía los supuestos en que los herederos de una empresa familiar pueden acceder a la bonificación del 95 por ciento en el Impuesto de Sucesiones. En este sentido, tumba el criterio de Hacienda, que exigía que los afectados fueran socios de la compañía para poder acceder al descuento.

El disfrute de las reducciones por adquisición de la empresa familiar -del 95 por ciento en general- no exige que el heredero que ejerce funciones directivas tenga participación previa en la entidad, según establece la sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de mayo de 2015, que sienta jurisprudencia.

Además, el Tribunal añade que “En ningún lugar se exige que el sujeto pasivo, previamente al devengo del tributo, deba ostentar una titularidad distinta a la que se produce con la sucesión hereditaria”.

“El hecho de que la empresa, el negocio o las participaciones que se hereden hayan de gozar de exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, demuestra que la participación en el capital ha de darse en el causante, si bien, como resulta lógico, a consecuencia de su fallecimiento, y a partir de entonces, el requisito habrá de darse en el heredero, por sí o en conjunción con otros”, añade.

La Administración Central, a través del abogado del Estado y el letrado de la Comunidad de Madrid, negaba la bonificación, al no constar que la hijas del causante fueran titulares de participaciones de la sociedad al momento del devengo y por tanto no formaban parte del grupo familiar. Sin embargo, el Supremo establece que para gozar de la bonificación fiscal no es necesario ser titular de alguna participación en el capital.

El magistrado Martínez Micó, ponente de ambas sentencias, explica que “en la medida en que la empresa, sociedad o participación goce de exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, la transmisión por herencia de la misma o de las acciones en que esté representada tendrá una reducción del 95 por ciento en la base imponible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones del adquirente, siempre que éste último se encuentre en el ámbito subjetivo del grupo de parentesco delimitado por la Ley”.

“Está claro que es el supuesto más típico de transmisión de empresa familiar a los hijos y viudo de la causante, siendo para este tipo de casos para los que están pensados los beneficios fiscales que favorezcan dicha transmisión”, apuntan los fallos del Supremo. El Tribunal destaca que esta medida evitaría, así, un eventual cierre del negocio familiar para realizar el pago del impuesto de sucesiones.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, de 12 de mayo de 2016, sobre responsabilidad de un centro comercial en la caída y lesión producida por una clienta.

La presente sentencia analiza los requisitos que deben reunirse para que un centro comercial responda de una caída y, consiguiente, producción de la lesión de un cliente.

En el caso de autos, sólo se probó por el cliente la existencia del daño (lesiones) pero no los otros dos requisitos que habitualmente son exigidos por la doctrina jurisprudencial para que pueda prosperar la reclamación al centro comercial, estos son, la culpa o negligencia del centro y la relación de causalidad entre la acción u omisión culposa y el daño. Por ello, al no acreditar el cliente todos los requisitos exigidos, se desestima la demanda, absolviendo al centro comercial.

En relación con las caídas en centros o establecimientos abiertos al público, el nacimiento de la responsabilidad civil extracontractual se caracteriza, según reiterada jurisprudencia, por los siguientes elementos:

  1. a) No basta con que se produzca un daño corporal en el ámbito del establecimiento público para que surja la obligación de responder, sino que es precisa la concurrencia de un elemento culpabilístico en la actuación del titular del establecimiento o empresa que lo gestione.
  2. b) La prueba de la existencia de un factor causante del daño corre a cargo de la parte actora, como hecho constitutivo básico.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), de 21 de abril de 2016, que establece que los Jueces concursales deben anular todas las cláusulas abusivas

Según el TJUE, el juez nacional de cada Estado miembro de la Unión Europea (UE) debe evaluar el efecto acumulativo de todas las cláusulas que figuren en el contrato y, en caso de que compruebe que varias de ellas tienen carácter abusivo, debe excluir todas aquellas que sean abusivas y no sólo algunas de ellas, a fin de asegurarse de que tales cláusulas no vinculan el consumidor.

Así lo dictamina el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en sentencia de 21 de abril de 2016, en la que señala que el juez también está obligado a examinar de oficio si se cumplen las normas del Derecho de la UE sobre protección y obligación de información a los consumidores en los concursos.

La magistrada ponente, Camelia Toader, considera que, según la jurisprudencia del propio TJUE, los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin facultad de modificar el contenido.

El contrato debe poder subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, ese mantenimiento del contrato sea jurídicamente posible.

La sentencia estima también que, en virtud de la Directiva relativa a los contratos de crédito al consumo, el juez nacional que conoce de un litigio relativo a derechos de crédito derivados de un contrato de ese tipo también debe examinar de oficio si la información relativa al crédito -como, por ejemplo, la Tasa Anual Equivalente (TAE)- que debe mencionarse en dicho contrato, se ha hecho constar de forma clara y concisa.

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