datos personales

La publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de octubre de 2015 en el asunto C-201/14, contempla la obligación de las instituciones públicas de notificar con anterioridad al afectado la cesión de sus datos de carácter personal a otras instituciones públicas.

El ámbito de aplicación de esta sentencia es tanto para la cesión que se realiza entre instituciones públicas a nivel nacional como con instituciones que forman parte de los Estados Miembros o países homologados por la Unión Europea. Así pues, tal y como indica la Sentencia 6 de octubre de 2015, las instituciones públicas no pueden ceder los datos de carácter personal a cuentas, servidores o “nubes” de países que no sean puerto seguro, ya que no cumplen las condiciones legales exigidas.

Las instituciones públicas estarán obligadas a notificar al afectado cuando se trate de una cesión y/o de un tratamiento de datos de carácter personal, automatizadas como no automatizadas, si éstas últimas se contentan o son destinadas a ser incluidas en un fichero.

Como toda normativa, también se contempla la excepción a esta obligatoriedad de notificación, y se da, cuando esta cesión de datos de carácter personal tenga por objeto la Seguridad Nacional y la persecución de delitos.

Por lo tanto, lo que contempla esta sentencia es básicamente la obligación de comunicar al afectado la cesión de sus datos de carácter personal entre instituciones públicas, ya que si tienen un dato de carácter personal de un ciudadano que, obviamente, les ha cedido voluntariamente, deben responder de éste y, para cederlo, al menos tienen que notificárselo.

No obstante, la institución pública, únicamente está obligada a notificarlo, sin requerir consentimiento del afectado para realizar esta cesión. Esta notificación es importante, porque así, en todo momento, el afectado será conocedor de qué datos personales suyos se ceden, quién los cede, a quién y con qué finalidad. De esta manera, tendrá un control de sus datos, evitando así una posible indefensión.

En definitiva, con esta sentencia, lo que se pretende es reforzar el poder y control por parte de los ciudadanos sobre sus datos de carácter personal ante el traspaso y/o posterior tratamiento de éstos por parte de las instituciones públicas, además, en caso de incumplimiento, pueden promover la nulidad de esta actuación ante la realización de una cesión de datos sin que el afectado haya tenido conocimiento previo.

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Aida González
Abogada

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