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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en Sentencia de 3 de Septiembre de 2.014, declaró que España vulnera la legislación comunitaria que prohíbe la restricción a la libre circulación de capitales, al permitir diferencias en el trato fiscal de las donaciones y sucesiones según intervengan residentes y no residentes en España, o si aquéllas se refieren a bienes situados en territorio nacional o fuera de éste.

Recordemos que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) es un impuesto parcialmente cedido a las Comunidades Autónomas y que, dentro del ámbito de esta cesión, éstas han aprobado importantes bonificaciones que, en algunos casos, han llevado a la práctica eliminación del impuesto cuando el rendimiento se entiende obtenido en su territorio. Estas bonificaciones no existen en la normativa estatal.

Así las cosas, cuando el causante o el sujeto pasivo del impuesto no es residente en España, o cuando las donaciones se refieren a bienes inmuebles situados en el extranjero, el rendimiento no se entiende producido en ninguna Comunidad Autónoma y debe aplicarse la normativa estatal. En consecuencia, la tributación del ISD variará sustancialmente en función de la residencia y la ubicación del objeto donado (en caso de bienes inmuebles).

La Sentencia citada entiende que el diferente trato a residentes y no residentes en España en situaciones iguales constituye una restricción de los movimientos de capital, que causa una disminución del valor de la herencia o donación. Por contra, considera que el diferente trato fiscal de sucesiones y donaciones cuando se circunscribe al interior de un único Estado miembro no afecta a la libre circulación de capitales.

Por tanto, se extraen dos conclusiones claras: una, que no puede darse un trato diferente a residentes y no residentes en España en circunstancias idénticas, ni en función de la situación o no en España del inmueble donado;  y dos, que el diferente trato a los residentes en una u otra Comunidad Autónoma dentro del Estado español no es contrario al Derecho Comunitario.

En definitiva, los ciudadanos que se hayan visto afectados por las desigualdades fiscales denunciadas podrán, bien solicitar la devolución de ingresos indebidos, siempre que no hayan transcurrido cuatro años desde la liquidación del impuesto, bien iniciar un procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial contra el Estado español en el caso de que haya prescrito la acción para solicitar tal devolución.

Aunque no será fácil, es el momento para ejercitar las acciones pertinentes con el fin de igualar el trato a los residentes y a los no residentes.

Ramir Riera

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