suelo urbano

La situación de pronunciada crisis en el sector inmobiliario en España ha comportado una importante depreciación del valor del suelo que ha venido siendo obviada, en la mayoría de los casos, por los Ayuntamientos en la gestión y liquidación del IVTNU (también conocido como Impuesto sobre la Plusvalía), cuando en realidad (y la respuesta de los Tribunales así lo indica), la minoración del valor del suelo urbano tiene particular incidencia en la gestión y cuantificación del citado tributo, especialmente en un sistema tributario como el nuestro, regido por el principio de capacidad económica, principio que prohíbe como tiene reiterado nuestro Tribunal Constitucional, el gravamen de rentas ficticias.

Al respecto, el IVTNU es un tributo que grava el incremento de valor del suelo urbano (plusvalía), puesto de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio.

En consecuencia, en el supuesto de que el valor del suelo haya minorado desde la anterior transmisión y estando el hecho imponible del impuesto  constituido por el incremento del valor del suelo durante un período determinado, la ausencia de tal aumento de valor comportará la inexistencia del supuesto de hecho del tributo y determinará la no aplicación de las normas para determinar la base imponible. Estaríamos ante un caso de no sujeción que comportaría que la Administración municipal debiera omitir, como si de un suelo rústico se tratara, cualquier actuación tributaria en relación al IVTNU. En caso contrario, se estarían gravando rentas ficticias o inexistentes.

Por otro lado, aun constando que ha existido aumento de valor del suelo durante el período correspondiente y, por tanto, concurriendo el hecho imponible, deberá determinarse la base imponible, si bien teniendo en cuenta que, el criterio de su cuantificación contenido en la norma, no está ajustado a la actual situación de la depreciación del valor del suelo y que nuestro sistema jurídico-tributario y constitucional, como se ha dicho, incluye normas que impiden un sistema de cuantificación ajeno a la realidad.

Bajo estas premisas, la normativa al respecto ha de ser interpretada de manera que la cuantificación de la base imponible refleje de forma adecuada la plusvalía generada, resultando obvio que la base imponible resultante de la aplicación de tales normas es un cálculo supuesto, una presunción de aumento de valor del suelo que como tal presunción legal ha de ser tratada. Lo cierto es que, la normativa reguladora del tributo no prohíbe expresamente la prueba en contrario en relación con la plusvalía del suelo (de hecho, los Tribunales han venido admitiéndola), por lo que se debe concluir que la aplicación del sistema de cuantificación previsto en la norma ha de considerarse como una presunción del incremento de valor del suelo, presunción que debe decaer ante la probanza y acreditación de que tal aumento ha sido, en realidad, otro distinto.

En conclusión:

- El cálculo de la base imponible, sólo procederá si se ha producido el hecho imponible, y éste, no existirá si el valor del suelo ha minorado durante el período correspondiente, es decir, si se acredita que no ha existido plusvalía, estaríamos ante un supuesto de no sujeción por falta de concurrencia del hecho imponible.

- Las normas para cuantificar la base imponible contenida en la legislación vigente, deben considerarse como una presunción frente a la que cabe prueba en contrario, prueba que deberá aportarse por el sujeto pasivo, bien con la presentación de la declaración o autoliquidación del impuesto o bien dentro de un procedimiento de comprobación de valores interesados al efecto (tasación pericial contradictoria). Dicho de otra manera, en el supuesto que haya existido plusvalía durante el período correspondiente, si se acredita que la plusvalía real es inferior a la resultante de las reglas contenidas en la normativa de aplicación y, por tanto, que la base imponible debe ser inferior a la que, como presunción legal, establece la citada normativa, la Administración municipal deberá girar la liquidación sobre la plusvalía real acreditada.

Ello no obstante, cabe precisar:

- La inexistencia de plusvalía o la existencia de una plusvalía real inferior a la que resultaría de aplicar la normativa del tributo, debe alegarse y, en su caso, acreditarse al autoliquidar el impuesto o al interponer los recursos que contra la liquidación pudieran proceder.

- El procedimiento de devolución de ingresos indebidos no puede utilizarse para cuestionar unas liquidaciones del IVTNU practicadas y satisfechas oportunamente y, sobretodo, que no han sido recurridas en tiempo y forma. Estaríamos ante un acto consentido y firme contra el cual no se interpuso en su momento el preceptivo recurso en vía administrativa y, como tal, inatacable en aplicación del principio de seguridad jurídica.

- Pese a que el artículo 221.3 de la Ley General Tributaria establece que “cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión establecidos en los párrafos a), c) y d) del artículo 216 y mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de esta ley”, los supuestos analizados no pueden incluirse en ninguno de los previstos en este último artículo ni puede decirse que las liquidaciones practicadas y no recurridas en forma puedan incurrir en error material ni en motivo de nulidad y/o infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, únicos supuestos en los que se podría promover la rectificación de las liquidaciones firmes, su revisión de oficio o su revocación como condición necesaria previa para solicitar la devolución de ingresos indebidos.

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Ramir Riera
rriera@tax.es
Abogado

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