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Se avecinan cambios importantes en la actuación de los consejeros delegados de las sociedades que, a nivel competencial, ven limitadas de forma importante la delegación de facultades en su favor y además, a nivel funcional, quedan sometidos a un régimen de mayor control.

Hasta la fecha, y para evitar que el consejo de administración se convirtiera en un órgano inoperante y poco ágil (por el excesivo número de consejeros, por motivos geográficos, …) era habitual que el consejo designara de entre sus miembros a uno o varios consejeros delegados que podían actuar bajo la premisa de que todas las facultades que correspondían al Consejo de Administración podían ser delegadas (a excepción de unas pocas facultades indelegables, como eran la formulación de las cuentas anuales o las facultades que la junta hubiera concedido al Consejo).

Modificando esta situación anterior la reforma de la Ley de Sociedades de Capital (Ley 31/2014, de 3 de diciembre, para la mejora del Gobierno Corporativo) atribuye al consejo de administración, como facultades indelegables, aquellas decisiones que se correspondan con el núcleo esencial de la gestión y supervisión.

En este sentido el nuevo artículo 249 bis de la Ley ha ampliado significativamente las facultades que resultan indelegables:

  • La supervisión del efectivo funcionamiento de las comisiones que hubiera constituido y de la actuación de los órganos delegados y de los directivos que hubiera designado.
  • La determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad.
  • La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo dispuesto en el artículo 230.
  • Su propia organización y funcionamiento.
  • La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la junta general.
  • La formulación de cualquier clase de informe exigido por la ley al órgano de administración siempre y cuando la operación a la que se refiere el informe no pueda ser delegada.
  • El nombramiento y destitución de los consejeros delegados de la sociedad, así como el establecimiento de las condiciones de su contrato.
  • El nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia directa del consejo o de alguno de sus miembros, así como el establecimiento de las condiciones básicas de sus contratos, incluyendo su retribución.
  • Las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, dentro del marco estatutario y, en su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la junta general.
  • La convocatoria de la junta general de accionistas y la elaboración del orden del día y la propuesta de acuerdos.
  • La política relativa a las acciones o participaciones propias.
  • Las facultades que la junta general hubiera delegado en el consejo de administración, salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas.

La delegación permanente de alguna facultad del consejo de administración en el consejero delegado requerirá para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del consejo y no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Por tanto, la competencia para delegar facultades es del propio consejo de administración y no de la junta general (no obstante se puede limitar y prohibir esta delegación mediante los estatutos sociales).

La principal novedad estriba que al nombrar consejero delegado debe suscribirse un contrato entre éste y la sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración también con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros (el consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación). El contrato aprobado deberá incorporarse como anexo al acta de la sesión.

En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. Asimismo el contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general.

Si a todo ello añadimos que, a nivel competencial, la Ley ha ampliado la competencia de la junta general a la aprobación de la adquisición, venta o aportación a otra sociedad de activos esenciales (se presume el carácter de activo esencial cuando el importe de la operación supera el 25 % del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado de la sociedad) y que, a nivel funcional, el consejo de administración deberá reunirse como mínimo una vez al trimestre, podemos concluir que la autonomía de la que gozaba el consejero delegado queda cercenada de forma importante en esta última reforma mercantil.

Como conclusión, debemos recomendar a los consejeros delegados el estricto cumplimiento de la normativa mercantil en sus términos actuales y, especialmente, proceder a la firma de los correspondientes contratos con la sociedad. 

Rafael Llorens

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