responsabilidad civil

Desde la entrada en vigor de la Reforma penal operada por la Ley Orgánica 5/2010, ha nacido la denominada Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica quien, hasta entonces, se mantenía al margen de cualquier tipo de autoría o culpabilidad porque solamente podía ser responsable civil subsidiaria del hecho delictivo cometido por el administrador, de hecho o de derecho y, además, solo respondía solidariamente del pago de la pena de multas en aquellos casos en que se imputaba al administrador societario como autor del hecho.

Sin embargo, tras la citada reforma penal no solamente se puede exigir responsabilidad penal a las personas físicas especialmente vinculadas con la sociedad, tales como lo son sus administradores y miembros del Consejo de Administración, sino que también las personas jurídicas pueden ser criminalmente responsables. Por tanto, societas delinquere POTEST. 

En este sentido, a una persona jurídica se le puede exigir responsabilidad penal por la comisión  de cualquiera de los siguientes delitos: tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos, trata de seres humanos, aquellos relativos a la prostitución y la corrupción de menores, descubrimiento y revelación de secretos, estafa, insolvencias punibles, daños informáticos contra la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, contra la ordenación del territorio y el urbanismo, contra los recursos naturales y el medio ambiente, establecimiento de depósitos o vertederos tóxicos, relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes, de riesgo provocados por explosivos, contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje, tráfico de influencias, corrupción en las transacciones comerciales internacionales y captación de fondos para el terrorismo.

De la totalidad de delitos anteriormente detallados, los más concurridos en el marco societario, y sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, son aquellos que guardan especial relación con los delitos económicos, dentro de los cuales los que más se producen en el seno de una Sociedad son los delitos de estafa contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social y el blanqueo de capitales.

Ahora bien, ¿qué requisitos exige la Ley para penar a las personas jurídicas? Para ello, se prevé bien que el delito se haya cometido por el/los administrador/es o miembro/s del Consejo de Administración de la Sociedad actuando en su nombre o por su cuenta o bien, que el delito se haya cometido por cuenta y en provecho de la persona jurídica por trabajadores bajo las órdenes de los representantes legales de la compañía.

El sistema de responsabilidad penal previsto en nuestra legislación para la persona jurídica es un sistema de responsabilidad acumulativa, es decir, la responsabilidad de la persona jurídica se acumula solidariamente respecto al de la persona física, aun en los casos en que ésta no haya podido identificarse individualmente. Por su parte, no menos importante es destacar el establecimiento por nuestro Código Penal de unas circunstancias modificativas atenuantes aplicables a la persona jurídica, de cuya concurrencia se desprenderá una disminución o no de la pena, siendo tales circunstancias, por ejemplo, el haber confesado el hecho cometido a las autoridades competentes con anterioridad al inicio del correspondiente procedimiento judicial, la correcta colaboración con la investigación, la aportación de pruebas que ayuden a esclarecer el tipo delictivo, el haber reparado o disminuido el daño causado antes de la apertura del juicio oral y el haber establecido sistemas internos encaminados a prever y detectar la comisión de delitos en su propio nombre (“compliance”).

Recientemente se ha publicado la primera norma internacional de “compliance”, cuya finalidad no es otra que la de establecer una primera guía de carácter mundial que recoja toda una serie de recomendaciones y buena praxis normativa en el ámbito societario a fin de evitar la derivación de responsabilidades penales. 

¿Qué tipo de penas se aplicarán a una persona jurídica?

Todas las penas previstas en nuestra legislación para una persona jurídica tienen la naturaleza de “graves” y, con independencia del tipo delictivo, la pena prevista para la totalidad de delitos es la de multa. Además de dicha pena existen las que seguidamente se detallan que se aplicarán en función del delito concurrido: disolución, prohibición de continuar en el tráfico mercantil, suspensión del ejercicio de la actividad social, cese de locales y oficinas, inhabilitación para la obtención de subvenciones o la contratación con el sector público, pérdida de incentivos y beneficios fiscales o de seguridad social e intervención judicial.

En resumen, debemos recalcar a todos los representantes legales de sociedades y compañías mercantiles la necesidad de actuar atendiendo a una buena praxis en el desarrollo de sus funciones y cargos y la necesidad de establecer un sistema compliance adecuado y riguroso y todo ello, teniendo en cuenta que en caso contrario podrían nacer y derivarse responsabilidades penales en la persona jurídica.

Mònica Batalla

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