ambito concursal

El Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, establece una segunda oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe, en la que se incluye, por primera vez, a las personas físicas.

Entre otras cuestiones, podríamos decir que la novedad principal y fundamental de la citada normativa es la instauración de un régimen de exoneración de deudas para los deudores personas físicas en el marco del procedimiento concursal. Asimismo se exige que para que pueda operar, se tengan que cumplir dos premisas fundamentales:

1.- Que el deudor persona física sea considerado de “buena fe”

2.- Que previamente se liquide la totalidad de su patrimonio.

Si se cumplen las anteriores condiciones, al deudor se le exonerará de forma automática de sus deudas pendientes cuando haya satisfecho la totalidad de los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados, siempre que haya querido llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos.  En el caso de que no haya intentado este acuerdo extrajudicial de pagos, debería pagar el 25% de los créditos concursales ordinarios.

Alternativamente, cuando no hayan podido satisfacer los anteriores créditos, y siempre que acepte someterse a un plan de pagos durante los 5 años siguientes, el deudor podrá quedar exonerado provisionalmente de todos sus créditos, excepto los que son contra la masa y los que disfruten de privilegio general, los públicos y las deudas por alimentos.

Para la liberación definitiva de deudas, el deudor tendrá que satisfacer en este periodo las deudas no exoneradas o realizar un esfuerzo sustancial para ello.

La justificación de las medidas del título I, que se complementan con las previsiones contenidas en las disposiciones adicionales primera a quinta, y en la disposición transitoria primera, se basa en la necesidad de aliviar la precaria situación financiera que soportan algunos deudores que, a pesar de su buena fe y su esfuerzo, no llegan a satisfacer sus deudas pendientes incluso después de la liquidación de su patrimonio.

Adicionalmente, se declaran exentas las rentas que se pudiesen poner de manifiesto a consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas, establecidas en un convenio aprobado judicialmente de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, en un acuerdo de refinanciación judicialmente homologado al que se refiere el artículo 71 bis y la disposición adicional cuarta de la Ley mencionada, o en un acuerdo extrajudicial de pagos al que se refiere el título X de la misma ley, siempre que las deudas no deriven del ejercicio de actividades económicas, ya que, en este caso, su régimen está previsto en la disposición final segunda del Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el cual se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y restructuración de la deuda empresarial.

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