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El día 26 de junio de 2019, se ha publicado la tan esperada Directiva Europea sobre Reestructuración, Insolvencia y Exoneración de pasivos insatisfechos, cuyo objetivo es dotar a todos los países miembros de unos mecanismos estándares que ofrezcan soluciones eficaces a aquellas empresas que están atravesando dificultades financieras, sin necesidad de declararse en concurso. 

Los estados miembros tienen plazo para transponerla hasta el día 17 de julio de 2021.

En concreto, a través de la citada Directiva se potencia la viabilidad de que el deudor pueda plantear una reestructuración preventiva, muy flexible en cuanto a procedimiento y requisitos, en la que no siempre existirá un administrador concursal, la sociedad seguirá teniendo control sobre sus activos, se suspenderán todas las ejecuciones que puedan existir en su contra, incluyendo las garantías bancarias, y así intentar salvar la actividad y continuidad de una sociedad sin necesidad de declararse en concurso de acreedores.

Por otro lado, se potencian los procedimientos de segunda oportunidad, tanto de personas físicas como de autónomos, reduciendo la duración del cumplimiento del plan de pagos a un máximo de tres años. Transcurrido este plazo, el empresario o persona natural obtendrá la exoneración de todas sus deudas, incluidas las de los créditos públicos, es decir, Tesorería General de la Seguridad Social y la Administración Tributaria, a raíz de la recién y última Sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de julio de 2019.

Y, finalmente, se introducen medidas dirigidas a aumentar la eficiencia de los procedimientos, implantando el uso de medios electrónicos, reduciendo las formalidades del procedimiento, los plazos y las fases del procedimiento y añadiendo más flexibilidad y libertad en función de las circunstancias de cada concurso.

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