responsabilidad penal

El pasado 31 de marzo de 2015 se publicó en el BOE la anunciada y esperada reforma del Código Penal, que entró en vigor el pasado día 1 de julio de 2015. Esta reforma, entre otros aspectos, profundiza sustancialmente en la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus administradores y directivos, haciendo necesario la adopción de programas de Corporate Compliance o de Prevención y Gestión de delitos en la empresa.

De muy trascendente se puede calificar la reforma del Código Penal para el mundo empresarial, dado que incorpora novedades relevantes en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas y corporaciones).

La nueva redacción el artículo 31 bis del Código Penal, mantiene el régimen sancionador para las empresas y otras entidades o instituciones asimiladas, cuando se hayan cometido delitos en su nombre y beneficio propio, por parte de sus representantes legales (administradores y/o directivos), así como por sus empleados o subordinados a las órdenes de aquéllos.

Pero por otro lado, se introduce la posibilidad de exención de responsabilidad penal cuando:

  • El órgano de administración haya incorporado y ejecutado con eficacia modelos de organización y gestión que incorporen medidas de vigilancia y control adecuadas para la prevención de delitos.
  • La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado se haya confiado a un órgano con poderes autónomos de vigilancia y control (para aquellos casos de PYMES autorizadas a presentar cuentas abreviadas, esta función la puede asumir el órgano de administración).
  • Cuando los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de prevención.
  • No se haya producido una omisión o ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control.

Estos modelos de prevención o programas de Corporate Compliance, debidamente actualizados y verificados, deberán cumplir lo siguiente:

  • Identificar las actividades donde se pueden cometer delitos que deben ser prevenidos.
  • Establecer los protocolos y procedimientos de adopción y ejecución de las decisiones.
  • Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de delitos.
  • Imponer la obligación de informar de los riesgos e incumplimientos al órgano de supervisión.
  • Establecer un sistema disciplinario que sancione los incumplimientos.

Las sanciones penales (penas) que podrán ser impuestas por la comisión de delitos corporativos son elevadas, ya sea en términos económicos, como también reputacionales; llegando incluso, en los casos más graves, a la disolución de la sociedad, entre otras medidas interdictivas.

Sin embargo, la responsabilidad penal corporativa podría ser objeto también de atenuación en función de que:

  • La persona jurídica confiese la infracción a las autoridades antes de que éstas la descubran.
  • Que la persona jurídica colabore en la investigación aportando pruebas decisivas para esclarecer los hechos y las responsabilidades.
  • Que se repare o disminuya el daño causado por el delito.
  • Que se establezcan antes del juicio medidas eficaces para prevenir la comisión de nuevos delitos, es decir, modelos de prevención o programas de cumplimiento (Corporate Compliance).

En definitiva, antes de vernos involucrados, incluso de forma inconsciente, en asuntos de blanqueo de capitales, actos ilícitos medioambientales, irregularidades contables, perjuicios a los consumidores, atentar contra la propiedad intelectual/industrial, vulneración de la libre competencia, incumplimiento de obligaciones fiscales, insolvencias punibles, etc…; ahora más que nunca es del todo imprescindible disponer de un Modelo de Prevención de comisión de delitos o programa de Corporate Compliance, para evitar responsabilidades importantes del ámbito penal.

Miquel Fortuny

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