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El TS analiza la validez del uso de cámaras de video-vigilancia utilizadas por las empresas para justificar el despido de un trabajador en cada una de las empresas. En el primer supuesto, la empresa se valió del sistema de video-vigilancia instalado en la empresa por razones de seguridad para despedir a un trabajador, alegando la transgresión de la buena fe contractual, fraude, deslealtad y abuso de confianza, ya que el trabajador manipuló varios tiques y hurtó varias cantidades. La sentencia de instancia y la del TSJ de Cataluña entendieron que no debía valorarse la prueba de reproducción de imágenes obtenida con cámaras de video-vigilancia, ya que la misma se había obtenido vulnerando el derecho de protección de datos (art. 18.4 CE). El TSJ recalcó que las imágenes se obtuvieron del sistema de video-vigilancia, del que sólo se informó sobre su ubicación, pero no del uso que se iba a hacer del mismo, y concluyó que la prueba de reproducción de las imágenes obtenidas no tiene ningún valor a efectos de justificar el despido, ya que la empresa no ofreció información previa al trabajador sobre la finalidad y el objetivo de la instalación de estas cámaras. El TS considera que la instalación de cámaras de seguridad era una medida justificativa por razones de seguridad (control de hechos ilícitos imputables a empleados, clientes y terceros, así como rápida detección de siniestros), idónea para el logro de este fin (control de cobros y de la caja en el caso concreto), así como necesaria y proporcionada a la finalidad perseguida, razón por la que estaba justificada la limitación de los derechos fundamentales en juego, más cuando los trabajadores estaban informados de la instalación de cámaras de vigilancia por razones de seguridad y de la ubicación de las mismas. El TS matiza que la finalidad específica de seguridad excluye otro tipo de control laboral que sea ajeno a la seguridad, esto es el de la efectividad en el trabajo, las ausencias en el puesto de trabajo, las conversaciones con compañeros, etc.

En el segundo supuesto (STS 02/02/17) los hechos son análogos, ya que la empresa procedió a la instalación de cámaras de video-vigilancia en la entrada y servicios públicos del gimnasio sin advertir previamente a los trabajadores de que la grabación de las imágenes podría tener hasta disciplinarios. En este caso, el trabajador permitía el acceso al gimnasio de manera dolosa a personas no socias. El TS concluye que se debe admitir la prueba video-grafica, ya que el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el trato de las imágenes que han sido obtenidas a través de las cámaras instaladas en la empresa con la finalidad de seguridad o control laboral, ya que se trata de una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral. Por lo tanto, el consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato que implica el poder de dirección del empresario, al que es inherente el control.

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